El alineamiento de las políticas de ajuste impulsadas por el presidente Javier Milei por parte del gobernador Maximiliano Pullaro atenta contra el poder adquisitivo de los santafesinos. En ese marco, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) se convirtió en el epicentro de una creciente controversia: dirigentes opositores denuncian la eliminación de subsidios, la caída de la inversión pública y la paralización de obras energéticas, síntomas de una estrategia que busca justificar un eventual proceso de privatización encubierta.
El reclamo surgió a partir de múltiples episodios que reflejan el deterioro operativo y administrativo de la compañía estatal. Desde Rosario, la concejala Fernanda Gigliani alertó que la ciudad cuenta con “un solo inspector para revisar medidores” y que las demoras en la atención a los usuarios derivan en miles de reclamos sin respuesta. “En los últimos meses, se multiplicaron las quejas por errores de facturación. La gente no sabe si paga lo que consume”, explicó Gigliani, quien pidió informes sobre el uso de los fondos recaudados por la tasa municipal de inspección eléctrica.
A su vez, Silvana Teisa, secretaria de la Oficina Municipal del Consumidor y candidata a diputada nacional por Fuerza Patria, denunció que la EPE “elimina tarifas sociales sin previo aviso”, dejando a jubilados y familias vulnerables con boletas de hasta 120 mil pesos mensuales. “Es un ajuste sin contemplaciones, que golpea a los sectores más débiles y también a la industria santafesina. Estamos viendo cómo se replica el modelo de Milei, pero con sello provincial”, sostuvo.
La funcionaria vinculó el cuadro tarifario con la crisis laboral que atraviesa la provincia, donde se contabilizan más de 15 mil puestos de trabajo perdidos desde fines de 2023, especialmente en el sector metalúrgico. “La política energética no puede ser un negocio financiero. Mientras crece el costo de la luz, se apagan las máquinas en las fábricas”, advirtió en declaraciones para medios locales.
Un informe presentado por el exdiputado provincial Leandro Busatto, detalló los incrementos desmedidos en las tarifas de servicio público que estableció Pullaro desde su asunción. En el documento presentado por la Fundación Soberanía Sanitaria se detalla que pagar un consumo promedio de los servicios básicos, como lo son la electricidad (para un usuario N3, de ingresos medios), el agua y el gas natural, en diciembre de 2023 representaba aproximadamente 18.980 pesos (9.489 por mes). Tras las medidas de Milei y Pullaro, pagar estos servicios representa un total de 136.247 pesos (68.123 por mes), un 617% más. Eso equivalía aproximadamente al 4,24% del mínimo garantizado para un empleado municipal, al 3,52% del mínimo de un docente y al 2,07% del salario de un empleado de comercio (categoría maestranza). De esta manera, pasó a absorber el 9,58% del salario mínimo garantizado de un empleado municipal, el 8,75% del mínimo de un docente y el 7,70% del salario de un empleado de comercio (categoría maestranza).
Aumentos desmedidos, subsidios recortados y facturas confusas
El diputado provincial Miguel Rabbia presentó en la Legislatura un proyecto de pedido de informes dirigido a la EPE para exigir explicaciones sobre el nuevo esquema tarifario. Según el legislador, “los aumentos superaron el 600% en menos de un año, sin información pública sobre cómo se calculan los cuadros de consumo”. Además, denunció que la empresa dejó de publicar los cuadros tarifarios en su sitio web y que, en numerosos casos, las boletas se confeccionan con consumos estimados, en lugar de lecturas reales.
“Es una situación grave: los usuarios no pueden controlar lo que pagan, se pierden subsidios y se eliminan las tarifas sociales sin aviso. La EPE se volvió opaca, sin transparencia y sin control”, afirmó Rabbia, quien impulsó la iniciativa junto a la diputada Lucila De Ponti, la concejala Gigliani y la propia Teisa.
Sobre el ajuste impulsado por las gestiones a nivel nacional y provincial, Rabbia advirtió: “Pullaro pasó la motosierra de Milei por Santa Fe. Estrujaron el bolsillo de los trabajadores y la clase media. La energía dejó de ser un derecho para convertirse en un lujo”. El mismo informe presentado por Bussatto señaló que la inflación acumulada que midió el IPEC en el período que va de diciembre de 2023 a junio de 2025 es 339%. El mandatario radical santafesino señaló que los recortes recayeron sobre “los sueldos más altos, los del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Legislatura”, algo que también resulta falso. En ese período, salarios de empleados municipales aumentaron un 188%, los salarios de los empleados de comercio un 153% y lo de los docentes un 189%.
El malestar social se multiplicó, además, por la decisión de suspender el envío de facturas en papel, lo que excluye a miles de usuarios que no manejan plataformas digitales. “Los adultos mayores quedan a la deriva: no pueden ver sus boletas, reclamar o pagar a tiempo. El derecho a la información está siendo vulnerado”, alertó De Ponti.
Desde el peronismo sostienen que "la EPE está siendo vaciada desde adentro: se reduce personal, se desmantelan áreas técnicas y se recortan beneficios a los usuarios. Todo esto tiene un propósito: mostrar a la empresa como ineficiente y cara para luego entregarla al capital privado”.
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