La desarticulación de la estructura productiva-laboral tiene una velocidad e intensidad extraordinarias en apenas dos años de gobierno de Milei. A partir de ahora el ritmo de destrucción se acelerará porque se ha agotado el período en el cual los empresarios buscan opciones de adaptación a un escenario adverso. Los quebrantos se generalizan, la paciencia a la espera de una mejora se agota y la reacción es cerrar, reducir la dimensión de la fábrica y/o el comercio o convertirse directamente en importador. Cualquiera de estas alternativas implica pérdidas de puestos de trabajo.
Los empresarios actúan en función de los incentivos que les ofrece la política económica. Cuando el mercado interno crece, los salarios le ganan a la inflación, el crédito aumenta y existe una protección razonable frente a la competencia externa, aparece una corriente inversora para ampliar la capacidad productiva. Se incorporan máquinas, se capacita al personal, se desarrollan nuevos proveedores y se apuesta a lanzar renovados productos. En ese escenario, el riesgo empresario consiste en anticipar la demanda futura y no quedarse sin capacidad de abastecimiento frente a un consumo que se expande.
El cuadro actual en la economía de Milei es exactamente el contrario:
- Dos recesiones en dos años de gobierno liberal-libertario, aunque el Indec de Marco Lavagna pretenda alterar la realidad del segundo episodio.
- Las tarifas de servicios públicos con alzas del 400% al 600% en este período.
- La caída del salario real y las tasas de interés son elevadas.
- El dólar atrasado abarata la importación de bienes finales.
- A esto se suma la baja de aranceles de importación y el comercio “puerta a puerta”, que se multiplica en rubros cada vez más diversos.
En este contexto, el cálculo de muchas compañías es tan contundente como racional: antes que seguir perdiendo plata produciendo, les conviene reducir turnos, despedir personal, cerrar la planta y convertirse en importador neto, usando la marca y la red comercial construidas en años.
El mundo liberal minimiza que las importaciones no son sólo el producto final –muchas veces a precios de dumping para conquistar mercados–, sino también la compra de trabajo del exterior que desplaza al local. Cuando se decide reemplazar una línea de producción local por un contenedor que llega desde China o Brasil, no sólo se eliminan puestos de trabajo directos en la fábrica. También se pierden empleos calificados en las pymes proveedoras de insumos, en los talleres que hacían mantenimiento, en los estudios de ingeniería que desarrollan procesos, en las empresas de logística que abastecen a la planta. Con cada importación que sustituye producción nacional, se destruyen capacidades tecnológicas e innovaciones acumuladas durante años.
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El industricidio
Los datos duros de la actividad muestran que no se trata de casos aislados, sino de una tendencia estructural de desarticulación del entramado productivo. El Indec informó que en septiembre pasado la producción industrial manufacturera cayó 0,7% respecto del mismo mes del año anterior. El rumbo siguió siendo negativo. El último reporte de la Unión Industrial Argentina informó una caída interanual del 2,0% en octubre. La Secretaría de Trabajo registra que, desde noviembre de 2023, la industria perdió unos 42.400 puestos de trabajo formales y en lo que va de este año se destruyeron 15.600 empleos fabriles. La utilización de la capacidad instalada promedia apenas 58%, uno de los niveles más bajos de toda la serie histórica fuera del año de la pandemia.
El mapa empresario también se reduce. Entre 2024 y el primer trimestre de 2025, se abrieron 79.787 empresas y cerraron 97.110: un saldo negativo de 17.323 firmas, según datos oficiales. Unas 30 compañías desaparecen por día. En la provincia de Buenos Aires, el principal polo industrial del país, el Ministerio de Producción contabiliza 13.000 cierres desde la asunción de Javier Milei.
En el segundo trimestre de este año, el desempleo en los partidos industriales del conurbano bonaerense trepó al 9,8%, frente al 9,1% de un año atrás, según el Indec. El relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) muestra que, entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, se perdieron 276.624 puestos de trabajo registrados, con la industria manufacturera entre los sectores más golpeados.
De producir en el país a pasar a ser importador
El caso de Whirlpool sintetiza las consecuencias de la política antiindustrial de Milei. La firma inauguró una fábrica considerada modelo en 2022 en el Parque Industrial de Fátima, en Pilar, y tres años después, resolvió dejar de producir. La plantilla de 220 trabajadores fue despedida. La operación local conservará entre 100 y 120 empleados administrativos para sostener las ventas, las importaciones y el servicio técnico. Es decir, mantiene la presencia comercial, pero abandona el proyecto industrial. La ecuación que explica esta decisión mezcla caída del consumo, aumento de costos locales y un ingreso masivo de productos importados que se venden a precios más bajos que los fabricados en el país.
Esta estrategia de Whirlpool se generaliza. Lumilagro, una empresa emblemática de termos “hechos en Argentina”, apagó su horno de vidrio hace un año y medio; hoy importa la mayor parte de los productos que ofrece y redujo su planta de 160 a 60 trabajadores. Ilva, fabricante de pisos cerámicos, cerró su planta de Pilar dejando a 300 obreros en la calle. La metalúrgica santafesina Cramaco desmanteló su producción local para dedicarse a vender generadores importados desde China. En sectores de consumo masivo, como higiene femenina, empresas como Kenvue cerraron líneas fabriles para pasar a un modelo 100% basado en importaciones. El patrón se repite: cuando la apertura es indiscriminada y el atraso cambiario hace inviable producir, el camino elegido por las empresas para mantener rentabilidad es la importación.
El péndulo va de la industrialización a la desindustrialización
Esta capacidad de adaptación empresarial es particularmente fuerte en el país porque el péndulo entre apertura y protección se movió con mucha intensidad al menos cuatro veces en los últimos cincuenta años. La dictadura cívico-militar de 1976 inauguró una primera ola de desindustrialización, combinando liberalización financiera, apertura comercial y destrucción de ramas enteras de la industria local. En los ‘90, la convertibilidad profundizó ese esquema con un peso artificialmente fuerte: se cerraron fábricas y se multiplicaron los contenedores en los puertos. Entre 2016 y 2019, el experimento de Mauricio Macri repitió la fórmula de tarifas de servicios públicos elevadas, endeudamiento externo desenfrenado y apertura comercial que dejó otra vez un cementerio de empresas. El gobierno de Javier Milei es el cuarto episodio de esta secuencia, pero a una velocidad todavía mayor.
Para el capital, el mensaje es claro: el negocio no está hoy en producir bienes para el mercado interno, sino en arbitrar el tipo de cambio, importar barato y vender en pesos caros mientras dure el veranito financiero especulativo. Para los trabajadores y los territorios (municipios y provincias), en cambio, la adaptación es casi imposible.
Un operario especializado en una línea de producción automotriz no se convierte de un día para el otro en desarrollador de software o en técnico petrolero de Vaca Muerta. Una pyme que cierra su taller metalúrgico en el conurbano no se muda a la cordillera para prestar servicios mineros. La movilidad geográfica y sectorial tiene límites concretos, sobre todo cuando el Estado se retira de cualquier política activa de reconversión.
La destrucción planificada en la economía de Milei
El resultado es la desarticulación del entramado productivo-laboral y un retroceso social. Las cooperativas y empresas recuperadas, que durante años funcionaron como amortiguador frente a las crisis, hoy también están al borde del colapso: un informe reciente del programa Facultad Abierta de la UBA, de Filosofía y Letras, "Las empresas recuperadas en el gobierno de Milei. Crisis y resistencia del trabajo autogestionado", señala que las 398 unidades productivas en el país con casi 14 mil trabajadores atraviesan una situación angustiante debido al ajuste económico. Registran una caída promedio de 40% en la producción, pérdidas de empleo y un creciente pluriempleo para sobrevivir. La eliminación de programas de apoyo y el encarecimiento de tarifas e insumos dejan a muchas de estas experiencias al límite, en un contexto donde el trabajo formal se destruye y el informal avanza.
La apertura indiscriminada no sólo impacta en las fábricas. Golpea al comercio de cercanía que vive de los salarios de esos trabajadores, reduce la recaudación de impuestos provinciales y municipales, y presiona sobre los sistemas de salud y educación públicos cuando las familias pierden su fuente de ingresos. El relato oficial habla de “eficiencia” y “competitividad”, pero omite que los sectores que ganan con este esquema –agro, minería, energía, finanzas– son intensivos en capital y poco generadores de empleo. La economía queda así atrapada en un modelo primario-exportador que expulsa trabajo urbano e industrial.
¿Qué modelo de incentivos al empresario diseña la actual política económica? Si el Estado define que el negocio más rentable es importar, endeudarse y apostar a la bicicleta financiera, la respuesta empresarial seguirá esta señal. Si en cambio la estrategia es sostener el mercado interno, cuidar la industria y construir capacidades tecnológicas propias, el capital también encontrará allí oportunidades de ganancia. Lo que no existe es un milagro donde se pueda celebrar la avalancha importadora, el atraso cambiario y la recesión, y a la vez esperar que haya un proceso de creación de empresas, empleo calificado y bienestar social.
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