Aunque Javier Milei y Luis Caputo promocionan la idea de que los cambios en el Indec son inocuos y que la inflación hubiera sido la misma o más baja con el nuevo IPC cancelado, el Gobierno tiene más de una razón para haber puesto en el organismo a un funcionario adepto que acceda a mantener el sistema de medición actual para la suba de precios.
Este martes, el propio Caputo salió a asegurar que el IPC de enero medido con la canasta nueva (de 2017-2018) hubiera dado una décima menos que con la canasta actual (de 2004-2005). El lunes, había revelado que la inflación de enero sería de aproximadamente "un 2,5%". De este modo, el ministro de Economía buscó despejar la idea de que la marcha atrás con el nuevo IPC se debió a que la inflación de enero iba a ser muy alta, de hasta el 3,5%, según algunos trascendidos.
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Un relevamiento elaborado por Equilibra entre las principales consultoras mostró que la mediana estimada para el IPC de enero era de 2,4%, en línea con lo anticipado por el titular del Palacio de Hacienda. Sin embargo, la consultora PxQ pronosticó este martes que hubiera alcanzado un 3%. Pero las diferencias no se limitan sólo a la inflación de enero.
El problema de la inflación de febrero
Lo que Caputo omite es que, de haberse mantenido la publicación del nuevo IPC, el problema real iba a llegar con la inflación de febrero, que se conocerá a mediados de marzo. Esto se debe a que el nuevo IPC, ahora cancelado, le otorgaba un peso mayor a las tarifas energéticas, dándole más realismo dado que el usado actualmente se elaboró antes de los tarifazos de Macri y de las posteriores quitas de subsidios.
En concreto, el IPC vigente, basado en la canasta de 2004-2005, le da una ponderación de solo el 9,8% al rubro "vivienda", que incluye gas, electricidad y agua, mientras que el IPC nuevo, basado en la canasta de 2017-2018, eleva esa ponderación al 14,5% del total.
Esto generaba un combo explosivo con la quita de subsidios energéticos, que se tradujo en una suba de un 3,6% en la luz (para el AMBA) implementada el 16 de enero y en una suba del 16% para el gas (a nivel nacional) implementada el último domingo. Es decir, estos aumentos, más significativamente el fuerte tarifazo en el gas, recién iban a tener un impacto pleno en la inflación de febrero.
La consultora EcoGo estimó que solo el aumento en los servicios generará en febrero una inflación de 1,6 puntos porcentuales, una cifra en la que se incluyen también las subas en servicios de vivienda y en transporte. Por lo tanto, es fácil pensar que, con el resto de los rubros, el IPC del mes en curso podría mostrar una inflación varias décimas más alta que la de enero.
El impacto sería también superior que con el IPC actual especialmente en los próximos meses, ya que la quita de subsidios estableció un precio fijo para el gas mayorista durante todo el año (3,79 dólares por MMBtu). Así, este valor será mayor que el que tenía históricamente durante el verano (2,90 dólares por MMBtu), y menor al que tenía históricamente durante el invierno (4,30 dólares por MMBtu).
De todos modos, luego del verano, a lo largo de 2026 la quita de subsidios irá teniendo cada vez más peso debido a que se irá reduciendo progresivamente el subsidio extra del 25% establecido como transición solo por este año.
Los otros problemas derivados de la marcha atrás con el IPC
Aplicar el nuevo IPC hubiera supuesto una mayor inflación para todo 2026. Las consecuencias hubieran sido mucho más amplias que la inflación en sí misma, alcanzando a otros aspectos macroeconómicos.
Por un lado, hubiera afectado a los salarios reales. Sin ir más lejos, el CEPA calculó que, con el nuevo IPC ahora descartado, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 la caída de los salarios reales registrados hubiera sido de 15,7 puntos y no de "solo" 6,4 puntos como con el IPC vigente.
Por otro lado, el nuevo IPC hubiera comprometido más al superávit oficial, ya que jubilaciones, prestaciones de Anses como la AUH y bonos CER están indexados a la suba de precios registrada a nivel nacional.
Este último punto podría, potencialmente, generar incluso problemas judiciales para los funcionarios involucrados en la marcha atrás. "Es muy probable", advirtió al respecto el abogado constitucionalista Daniel Sabsay, consultado por El Destape acerca de si es posible que se generen litigios por el menor retorno que otorgarán los bonos CER al suspenderse el nuevo IPC.
En paralelo, el Gobierno también se compró un problema con el FMI, ya que había acordado formalmente con el organismo de crédito publicar el nuevo IPC hacia "fines de 2025". Ahora, el Fondo se encuentra en un brete: o critica a Argentina pocos días antes de que llegue al país la misión técnica para la próxima revisión, o convalida los cambios en el Indec y se incumple a sí mismo, una vez más.
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