La administración Milei se encuentra atormentada por sus propias inconsistencias. De ahí la toma de algunas decisiones de manera improvisada, irregular y probablemente ilegales. Tal es el caso del pase a disponibilidad de un total de 286 trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) por parte del ministro de Economía, Luis Caputo, una hora y media después de que el Senado rechazara plenamente el DNU 462/25 que desguazaba al organismo. Con la decisión oficial, Caputo también vulneró una medida cautelar vigente desde el jueves pasado, un día antes de la sesión, firmada por la jueza Martina Isabel Forns.
Ante este nuevo escenario de hostilidad, los trabajadores y trabajadoras del INTA están avanzando junto a los abogados de ATE en la formulación de una nueva medida judicial para declarar los pases a disponibilidad “como ilegales”. El escrito se presentaría durante el fin de semana.
El listado de las personas puestas a disponibilidad incluyó trabajadores con años de antigüedad e incluso delegados sindicales, protegidos por la propia legislación laboral (hasta el momento vigente). Tal fue el caso de la delegada Julieta Boedo. “Hicieron un listado de manera improvisada, si pasa pasa, como hacen todo. La medida es ilegal porque hay una medida cautelar vigente”, sostuvo en diálogo con El Destape.
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Legalidad fraguada
La crueldad de la administración Milei no tiene reparos legales ni administrativos. En la sesión del jueves en el Senado, el pleno de la Cámara rechazó el DNU que desmembraba el INTA y otros organismos por 60 votos contra 10 de La Libertad Avanza. Según el acta de votación, el rechazo al decreto presidencial quedó ratificado a las 17.54.
Caputo no esperó ni un minuto para iniciar una reprimenda contra los trabajadores y trabajadoras del organismo. A a las 19.28 firmó el pase a disponibilidad de casi 300 trabajadores dentro del expediente interno EX-2025-90406275, previo a que fuese publicada la nueva resolución de manera oficial en el Boletín Oficial a las cero horas del 22 de agosto.
El Gobierno ya tenía la decisión de avanzar contra los trabajadores a pesar del resultado adverso en el Senado. Caputo justificó el pase a disponibilidad en base a lo dispuesto en el DNU 462 firmado el 7 de julio; pero dicho decreto ya había sido anulado por la Cámara alta casi una hora y media antes de que el ministro avanzase con su represalia.
Esta incongruencia – espacio temporal- formará parte de los argumentos jurídicos para la nueva presentación que llevarán adelante los letrados del gremio APINTA y ATE para volver a frenar el atropello oficial.
La improvisación fue total. Con el DNU rechazado por el Senado a las 17.54 del jueves 21, Caputo avanzó con la firma de la Resolución 1240/2025 a las 19.28 y minutos antes de la medianoche, sin que aún hubiera sido publicada la decisión oficial en el Boletín Oficial, los trabajadores y trabajadoras del organismo recibieron en sus correos electrónicos una comunicación oficial a través del sistema GEDE (Gestión Documental Electrónica), el mismo sistema del cual Milei no tenía ningún tipo de conocimiento durante el debate presidencia de 2023, en el que, supuestamente, se les notificada a los empleados del INTA del pase a disposición. La trampa está en los detalles.
“Las personas que están en el listado recibieron un correo electrónico con una notificación oficial pero quiero aclarar que esa comunicación fue dirigida solamente al presidente del INTA (Nicolás Bronzovich). Las personas que hayan recibido ese documento no fueron debidamente notificadas”, sostuvo Ariel Pereda, director nacional INTA. Esta fue otra de las acciones improvisadas por Caputo y su tropa. Con dicha comunicación se buscó intimidar a los trabajadores del organismo.
“La notificación requiere no solo del acto administrativo, sino que cada uno de los trabajadores reconozca dicha notificación y sea firmada con fecha y hora. Además, esa notificación debería incluir los recursos por los cuales los afectados podrían recurrirla en caso de no estar de acuerdo con la decisión. Por lo tanto, no fue una notificación válida”, agregó Pereda como otro de los argumentos que se incluirán en la presentación judicial para rechazar la nueva movida del Gobierno nacional.
El envío del Gobierno fue una suerte de comunicación general, con un documento embebido donde cada trabajador debía, supuestamente, buscarse dentro del listado persecutorio. “Esa notificación estaba dirigida al presidente, a nosotros nos llega porque estamos en copia oculta. Por eso no nos dimos por notificados. Hicieron una lista improvisadamente, si pasa pasa, como hacen con todo”, narró Julieta Boedo, trabajadora y representante de ATE INTA, incluida en el listado que lleva la firma de Caputo.
Los argumentos de la cautelar
Caputo no solo desoyó el rechazo del Congreso al DNU 462 sino que obvió los alcances de una medida cautelar que había sido firmada el jueves por la magistrada Martina Isabel Forns, en cuyos fundamentos también se encuentra la clave de la nueva presentación judicial que se formalizará durante el fin de semana para intentar frenar los arbitrarios pases a disponibilidad.
“(Que el Gobierno) Se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo, que derive del decreto PEN N°462/2025, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)”, puede leerse en los fundamentos de la medida cautelar vigente desde el pasado jueves.
Con su decisión, la magistrada también le prohibió al Poder Ejecutivo llevar adelante “cualquier acto administrativo que pretenda disolver, transformar o intervenir el INTA, por carecer de habilitación legal y vulnerar principios constitucionales como la legalidad, la división de poderes, la reserva de ley, la libertad sindical y la estabilidad del empleo público”.
El objetivo de la presentación judicial apuntaba a declarar la inaplicabilidad de las facultades delegadas por la Ley de Bases respecto del INTA, “por estar expresamente excluido de tales medidas y por la irrazonabilidad de la Ley 27.742 y del Decreto delegado 462/2025 al INTA”, según la presentación realizada desde APINTA.
Estos mismos argumentos expuestos ante el juzgado de San Martín y convalidados por la jueza Forns serán incluidos en la nueva presentación judicial a la que se le agregará el hecho fáctico del rechazo al DNU 462 concretado por el Senado horas antes de que Caputo firmase el trámite interno de la Resolución 1240 con el pase a disponibilidad de casi 300 empleados públicos. Un ejercicio de legalidad fraguada.
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