El Gobierno Nacional abrió la puerta a nuevos planes de retiro voluntario y desvinculación laboral en la administración pública y empresas estatales, en el marco del proceso de ajuste impulsado por el presidente Javier Milei. Así lo hizo mediante la Resolución Conjunta 50/2025, firmada por Carlos Jorge Guberman (secretario de Hacienda) y Maximiliano Fariña (secretario de Transformación del Estado y Función Pública) y publicada recientemente en el Boletín Oficial.
Según la resolución, los organismos, empresas o entes del sector público que impulsen programas de retiro voluntario u otras formas de desvinculación “de alcance general” deberán contar con la aprobación previa de dos áreas clave:
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La Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía, encargada de verificar la suficiencia presupuestaria.
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La Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, dependiente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que evaluará los aspectos administrativos y laborales.
El texto oficial enmarca la medida dentro del proceso de “simplificación y reducción del Estado”, orientado a mejorar la eficiencia administrativa y disminuir el gasto en personal. En la práctica, representa el primer paso formal para instrumentar nuevos retiros voluntarios en el sector público, con control económico y político centralizado.
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Los organismos interesados deberán presentar un proyecto formal con el detalle de la dotación afectada, condiciones de acceso, modalidades de pago, beneficios adicionales y costos estimados. Una vez aprobados, tendrán que notificar en un plazo de cinco días hábiles a las áreas competentes los datos de cada trabajador adherido —nombre, CUIL, remuneración, fecha y monto de la desvinculación—, todo en formato digital.
El esquema alcanza a la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, así como a empresas con participación estatal mayoritaria, lo que permite extender los retiros a distintos niveles del Estado. En los ministerios y dependencias nacionales, los planes serán diseñados y aprobados directamente por la Secretaría de Transformación del Estado, con intervención obligatoria de la Secretaría de Hacienda.
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Desde la llegada de La Libertad Avanza a la Casa Rosada se destruyeron 57.621 puestos, según indicó un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). En términos porcentuales, la mayor parte del recorte recayó en la administración centralizada, con el 15,19% de la motosierra; y la administración descentralizada, con el 18,9%; luego vinieron los ajustes en las empresas y sociedades del Estado (17,65%).
Entre otros, hubo despidos masivos en el INTA, el Instituto Nacional del Agua, en la ex AFIP (ahora ARCA) el SENASA y la ANSES, entre otros. El ajuste también impactó con fuerza en organismos científicos. El CONICET, principal institución de promoción de la investigación científica en el país, sufrió una reducción de 1.716 trabajadores, entre investigadores, técnicos y personal de apoyo.
Por su parte, el último informe del Indec indicó que durante agosto se continuó con la política de despidos en el sector público, con una caída del 0,7% de la estructura organizativa general del Estado nacional, y una merma del 0,4% mensual en las empresas públicas.