La administración Milei fue por el Puerto de Ushuaia y construyó un sumario para intervenirlo sí o sí, independientemente de las respuestas que pudieran ofrecer desde la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. El expediente se basó en una serie de cuestionamientos realizados desde el Poder Ejecutivo a partir de una denuncia de la Unión de Personal Superior Ferroviario, a cargo de Juan Avellaneda, un aliado circunstancial de La Libertad Avanza.
La resolución de la intervención (federal) sobre el Puerto (y la provincia) se firmó a las 22.50 del 20 de enero con la estampa de Iñaki Miguel Arreseygor, titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y a las 0.06 del 21 de enero era comunicada al presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, a través de un mensaje de WhatsApp.
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La ciudad de Buenos Aires –sede administrativa de la ANPYN que depende del Ministerio de Economía- y la ciudad de Ushuaia están separadas por tres horas de vuelo. En el momento en que Arreseygor confirmaba la intervención, ya se encontraban en territorio fueguino Cristian Rigueiro, gerente de Coordinación Técnica y Gustavo Ferrero, gerente de Asuntos Jurídicos de la ANPYN.
La intervención se concretó de madrugada. Todo estaba planificado. El gran interrogante: ¿Qué busca la administración Milei con este avasallamiento sobre la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur?
A los tres días de la intervención, y sin informarle absolutamente nada a las autoridades de la provincia, arribó a Ushuaia un avión bajo bandera estadounidense con un grupo de al menos siete congresales y unas cuántas incógnitas - aún no develadas -sobre los motivos de la visita que también incluyó una parada en los territorios de Vaca Muerta (Neuquén).
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La cronología de una farsa
El expediente para la intervención planificada se inició luego de una denuncia del gremio conducido por Juan Avellaneda quien cuestionó que a partir de la ley provincial 1596 se desviarían fondos del Puerto para cubrir baches financieros de la obra social de los trabajadores fueguinos. La ley, efectivamente, se aprobó pero nunca se ejecutó. Incluso, el propio gobernador Gustavo Melella ordenó a sus parlamentarios avanzar con la derogación parcial de esa norma en el marco del expediente que había iniciado la ANPYN.
Sin que se hubiera consumado ningún “desvío de fondos” –que no era tal cosa sino una reasignación de un excedente presupuestario vinculado al Puerto-, la ANPYN incluyó ese argumento como causal para la intervención.
El Gobierno nacional también justificó su avanzada en las supuestas falencias de infraestructura dentro del Puerto. Desde la Provincia respondieron con un detalle del plan de inversiones en ejecución, se explicaron los alcances de los acuerdos previos que existían con la Agencia General de Puertos (el organismo que disolvió Milei para crear la ANPYN) para llevar adelante determinadas inversiones y se informó que este año se lanzaría la licitación para la construcción del Complejo Portuario de Ushuaia.
“Teníamos prevista la compra de defensas tipo Shibata pero no nos permitieron acceder a los dólares para avanzar con la operación”, argumentó Murcia en diálogo con El Destape.
La intervención se firmó el 20 de enero por la noche, cuando a la Provincia todavía le quedaban nueve días hábiles para seguir dando respuesta administrativa a las acusaciones de la ANPYN. Pero nada de eso importó.
Las autoridades nacionales incluyeron como argumento para la intervención las supuestas falencias de infraestructura a pesar de que los propios cuerpos técnicos y jurídicos de la ANPYN habían dado por válidas las respuestas de la Dirección Provincial de Puertos.
Parte de esta cronología integra el eje argumental de la nueva medida cautelar presentada ante la justicia federal de Ushuaia. “En los hechos, lo que se produce es una intervención federal en lugar de una intervención administrativa en materia de infraestructura. Somos una provincia de carácter insular, cuyo acceso desde el territorio continental argentino se realiza exclusivamente por vía aérea o marítima, por lo que la continuidad operativa del Puerto bajo la autoridad provincial competente constituye un elemento central del interés público comprometido”, puede leerse en el texto judicial presentado el pasado 11 de febrero.
Las amenazas de Arreseygor, titular de la ANPYN
- De la cronología presentada en la nueva medida cautelar, se desprende que la decisión del Gobierno nacional se había tomado antes de iniciarse el proceso de auditoría-, preguntó El Destape a Murcia.
- La decisión era intervenir sí o sí y dejarnos afuera del Puerto. La propia resolución (de Arreseygor) es contradictoria y al mismo tiempo deja en claro el objetivo político de la medida. En un artículo suspende las actividades del puerto, en otro declara la intervención, en otro levanta la habilitación para que sea la ANPYN quien esté a cargo y establece que el Puerto solo puede funcionar si están ellos. Dejaron por escrito que, si la Provincia llegase a entorpecer su trabajo, derogarían la habilitación del puerto. Eso es una amenaza. La misma madrugada de la intervención llegaba uno de los buques bioceánicos más grande del mundo. ¿No era que estaba todo mal?
- ¿Quién ejerce actualmente la seguridad y los controles dentro del Puerto?
- No lo sabemos. Yo no puedo entrar al Puerto que es como si fuera mi casa, es nuestra jurisdicción provincial. Solo entran los operadores privados que siempre estuvieron y el listado de 20 personas – que en realidad son 16 porque cuatro no dieron su consentimiento- enviado por la ANPYN 45 minutos después de la intervención.
El listado se conforma por las personas que responden al titular de la Unión de Personal Superior Ferroviario, Juan Avellaneda, el impulsor de la denuncia original por el supuesto desvío de fondos.
- También están moviendo muchas personas desde Buenos Aires. En concreto, están operando el Puerto sin cumplir con las medidas de seguridad internacionales.
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Entre la privatización y la entrega a una potencia extranjera
La Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur presentó una nueva medida cautelar para suspender los efectos de la intervención federal en la que no solo se detallaron los hechos cronológicos de una intervención planificada (¿una estrategia de mentira planificada?) por parte de la administración Milei sino que también se expusieron los posibles motivos políticos.
“Al intervenir el Puerto de Ushuaia de forma inconstitucional e ilegítima, y desplazar a la Dirección Provincial del Puerto de la administración y explotación, estas actividades podrían derivarse a la órbita privada a través de una concesión, favoreciendo a determinados grupos económicos, o alineándose con potencias extranjeras (que es básicamente lo que propone la política del Gobierno Nacional actual, con la mínima intervención posible por parte del Estado en actividades económicas). El Puerto de Ushuaia es un punto central y estratégico de nuestro país, por su envergadura y ubicación, por lo que es un punto de notable interés para muchos actores tanto políticos como privados”, puede leerse en el texto de la nueva medida judicial.
- ¿Qué busca Milei con todo esto?, le preguntó El Destape a Murcia
- La intervención (federal) se produjo en el mismo período en que aparecieron los americanos por acá. ¿Quieren adoctrinar a la provincia? La intervención en el Puerto es poner una pata sobre la provincia. Con respecto al avión que llegó desde los Estados Unidos (el 24 de enero), no se nos puso en conocimiento de nada; y menos nos dijeron que iban a ingresar a las áreas portuarias. Estuvieron visitando el puerto sin ningún tipo de notificación a nadie de la provincia.
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El rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Mariano Hermida, fue uno de los académicos que participó en una de las reuniones protagonizadas por los siete congresistas que llegaron desde los Estados Unidos. En un reportaje en el programa Palo y Zanahoria que conduce Mariano Martín por El Destape, el académico sostuvo que una de las recomendaciones de la Embajada había sido “no avisarle a la prensa”.
Sobre la visita furtiva se dijo que “los americanos” tenían cierto interés por los estudios vinculados al calentamiento global, agenda que fue desechada por Donald Trump y el propio Milei.
Los congresistas también visitaron la planta de glifosato y urea ubicada en “Estancia La Violeta” que pertenece a la empresa Tecnomyl. El predio de esta empresa se encuentra frente al terreno que compró una empresa china para el desarrollo de una usina eléctrica. ¿A qué vinieron en realidad la republicana Diana Harshbarger, integrante del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes o Mike Kennedy, del comité de Recursos Naturales?
- En el texto judicial también se menciona una posible entrega de las instalaciones a una potencia extranjera.
- Es una especulación política pero no es descabellada. Somos una de las principales entradas a la Antártida. Alrededor del Puerto gira un trabajo público y privado y hoy están dejando fuera de juego al Estado provincial.
- ¿También se encuentra en juego la privatización de las instalaciones?
- Desde el 21 de enero, día de la intervención, lo único que cambió fue que crearon una cuenta bancaria para desviar la facturación de los servicios del puerto, calculada en unos 30.000 millones de pesos anuales. Nos desfinancian para hacer un consorcio de gestión o ponerlo en manos privadas, para que el negocio sea para otros. Somos un puerto multipropósito, así que podría haber muchos grupos locales interesados en llevar adelante una suerte de canibalización de las instalaciones portuarias.
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