El Estado nacional se descapitaliza. La administración de La Libertad Avanza le puso el cartel de venta a más de 300 inmuebles distribuidos por todo el país, algunos lindantes a zonas de seguridad de frontera y otros muy atractivos por su valor comercial en la Ciudad de Buenos Aires. Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, urgidos de juntar dólares para congraciarse con el Fondo Monetario Internacional (FMI), sumado a otras “urgencias” de deuda pública entre Nación y las provincias, iniciaron el remate de activos públicos claves, alguno de los cuales ya fueron cuestionados por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal Sergio Rodríguez.
En diciembre del año pasado, a partir de lo dispuesto en el decreto 950/2024, el Estado nacional remató un inmueble ubicado en Puerto Madero que pertenecía al Ministerio de Defensa, donde funcionaba el Comando Conjunto de Ciberdefensa, adjudicado al Fideicomiso Inmobiliario Madero 6 (Macro Fiduciaria perteneciente al Banco Macro de la familia Brito) por 34 millones de dólares.
El titular del Banco Macro es Jorge Brito, también presidente del Club River Plate. La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), a cargo de Nicolás Alberto Pakgojz, le cedió al club millonario, el pasado 9 de agosto, el uso de un predio que pertenecía al Instituto Nacional del Agua. Todo tiene que ver con todo.
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El otro inmueble que se remató en 2024 pertenecía al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). La venta se llevó adelante a pesar de las irregularidades administrativas detectadas por la PIA y enviadas a las autoridades de la AABE antes de concretar el remate.
El precio de venta fue de 18 millones de dólares, de los cuales el 70% debían ingresar a la contabilidad del INTA (13 millones) según la normativa vigente desde 2012. Pero la plata nunca ingresó. De ahí la nueva denuncia ante la PIA con el eje puesto en Pakgojz, un ex directivo de IRSA (Elsztain) y dirigente de LLA cercanísimo de Karina “3%” Milei.
La AABE ya le puso fecha al remarte de otro predio que le pertenece al Ministerio de Defensa, donde actualmente funcionan una serie de comercios del Grupo Cencosud. El precio de venta base es por 81 millones de dólares que Milei pretende sumar a las arcas del Tesoro Nacional. La Liquidación se realizará el próximo 6 de octubre.
Con su plan de venta de inmuebles, el titular del Poder Ejecutivo también le está allanando una serie de negocios inmobiliarios a los mismos empresarios que aportaron lo suyo para colocarlo en la Casa Rosada (se dice paga de favores).
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¿Dónde está la plata?
Una de las formas de vaciar al Estado y sus capacidades de control y direccionamiento de las políticas públicas es a través de la venta a mansalva de inmuebles que venían siendo utilizados por diferentes dependencias públicas. La administración Milei conjuga su pretensión de achicar todo lo que sea estatal con su necesidad de reunir dólares ante un escenario de hecatombe cambiaria.
El 24 de octubre del año pasado, el Gobierno publicó el decreto 950/2024 con el listado de los 309 inmuebles pertenecientes al Estado nacional con el objetivo de venderlos al sector privado para permitir el desarrollo de negocios inmobiliarios o cederlos a las provincias para saldar deudas con el Tesoro Nacional.
Uno de los primeros inmuebles en venderse pertenecía al INTA, ubicado en Cerviño 3101 (CABA). El remate se concretó el 26 de diciembre del año pasado por 18,5 millones de dólares; el oferente ganador fue la firma Julián Álvarez 1986 Sociedad de Responsabilidad Limitada, integrada por Martín Gabriel Prubner y Lucila Jazmín Zang. Los equipos letrados del organismo sospechan que esta SRL sería una cáscara para el verdadero comprador, el estudio Brukman & Mansilla, vinculado al Grupo Elsztain.
La entrega de este inmueble se realizó a pesar de las irregularidades detectadas por la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA), detalladas en un informe del 21 de diciembre del año pasado, y remitidas al titular de la AABE, Nicolas Pakgojz y del INTA, Nicolás Bronzovich.
De acuerdo a lo establecido por la PIA, las principales irregularidades detectadas fueron:
- La desafectación del inmueble fue iniciada por un organismo incompetente.
- No se encuentran informes que den sustento a la tantas veces repetida innecesaridad del inmueble.
- Ciertos integrantes del consejo directivo expresaron sus reservas para la continuación del trámite de desafectación del bien, entendiendo que la conformidad requerida a ese órgano resultaba un requisito formal en el marco de una decisión adoptada por terceros que carecían de competencia para ello.
- El Pliego de Condiciones Particulares para participar de la subasta incluye un cargo de construcción que luce irrazonable en relación con el objetivo buscado de simplemente reducir costos.
- Dicho cargo, además, se constituye en una fuerte restricción a la competencia, lo cual atenta contra los principios que deben regir en todas las contrataciones públicas.
- Se advierte llamativa premura de parte de la administración en concretar el fin propuesto, es decir subastar la propiedad.
La conclusión de la PIA fue contundente. “La Administración Nacional tiene una amplia discrecionalidad a la hora de plantear las políticas públicas que entiende pertinentes para llevar adelante su plan de gobierno. Sin embargo, años de madurez institucional ya han demostrado que discrecionalidad no significa ausencia de explicación, sino todo lo contrario: a mayor discrecionalidad, mayor resulta la exigencia de explicar el porqué de las decisiones tomadas”, puede leerse en la resolución firmada por el fiscal Sergio Rodríguez, titular de la PIA y Esteban Venditti.
La entrega del inmueble se llevó adelante igual. Por entonces, estaba vigente el decreto 1382/2012 que disponía que el resultado de las ventas realizadas por la AABE correspondía repartirse en un 70% para el organismo que desafectaba su inmueble y el 30% restante para el Tesoro Nacional. El tema es que, hasta el momento, los 13 millones de dólares que debían ingresar en la contabilidad del INTA, un organismo autárquico, nunca ingresaron.
En función de esta nueva irregularidad, el pasado 29 de agosto se realizó nuevamente una denuncia ante la PIA en la que fueron señalados dos aspectos claves. El primero fue en forma de pregunta: ¿cuál fue el destino de ese dinero? El segundo, apuntó contra la gestión de Pakgojz ya que según el decreto 1382/2012, vigente al momento de concretarse la venta del inmueble, se imponía que la enajenación que se hiciera del inmueble fuera “para constituir emprendimientos destinados al desarrollo y la inclusión social”. Todo lo contrario a lo que hizo la actual gestión; el estudio Brukman & Mansilla piensa levantar una torre de lujo.
En marzo de este año, Milei firmó el DNU 186/25 a partir del cual modificó el decreto 1382 y estableció que todo lo que venda la AABE sea depositado en la cuenta del Tesoro Nacional. Cuando en su último informe ante la Cámara de Diputados le preguntaron al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dónde estaba el dinero de la venta del inmueble del INTA, el funcionario se escudó en el cambio normativo concretado después de la venta. Hecha la ley, hecha la…
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Comprar barato
Milei va juntando dólares de a puchitos, y en el camino, liquida inmuebles del Estado nacional bajo la filosofía “vender barato para que otros hagan negocios”. La AABE también liquidó un inmueble ubicado en la Avenida Melian 2157 por un poco más de un millón de dólares, entregado a Inversora Mataldi Sociedad Anónima.
El presidente de esta sociedad es José Luis Abuchdid, dueño del Grupo IEB, que incluye una sociedad de Bolsa, fondos comunes y una app para inversiones bursátiles. Recientemente adquirió Dycasa (dedicada a la obra pública) que pasará a llamarse IEB Construcciones y dedicarse a emprendimientos privados. La vieja obra pública ya no es lo que era…
En un artículo publicado por el diario Clarín, Abuchdid explicó su filosofía minimalista: “Comprar barato y vender caro”; en otro pasaje del artículo, dijo seguir el modelo de negocios de Eduardo Elsztain y Eduardo Costantini: unificar el mundo financiero con el inmobiliario (un llamado de atención para la Unidad de Información Financiera).
A Costantini le entregaron otro inmueble el pasado 8 de mayo, ubicado en Palermo, por el que se pagó un poco más de 15 millones de dólares. La inmobiliaria Milei, a cargo del dirigente karinista Pakgojz, es el encargado de juntar los dólares para el Tesoro nacional.
Rematar para pagar deudas
El próximo 6 de octubre, la AABE llevará adelante un nuevo remate millonario, esta vez el predio ubicado en la Av. Cerviño y Av. Bullrich, donde funciona actualmente el complejo de Cencosud con los negocios de Easy y Jumbo. La concesión de este grupo chileno finaliza en 2026. El Estado, en vez de recuperar el predio, lo volverá a entregar al sector privado.
Los 42.000 metros cuadros que saldrán a la venta pertenecen al Regimiento Patricios (Ejército Argentino), tienen un precio base de 81,7 millones de dólares. ¿Qué empresario inmobiliario allegado a La Libertad Avanza se hará de este bastión?
Ese mismo día se pondrá a la venta un inmueble, bastante más pequeño, en la ciudad de Córdoba, que pertenece a la AFIP/ARCA, adquirido a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) en octubre de 2005. De acuerdo al decreto 1382, debería enajenarse para construir un “emprendimiento para el desarrollo y la inclusión social”. Pero, en “el cartel de venta” reza “importante inmueble en esquina de gran superficie, ubicado en zona residencial de alta densidad con excelente acceso, ideal para desarrollos de usos mixtos que integran vivienda, oficinas y espacios comerciales”.
En Córdoba, el Estado nacional rematará desde 171.000 metros cuadrados pertenecientes a los talleres ferroviarios de Alta Córdoba hasta 58.594 metros cuadrados contiguos a la autopista Córdoba-Carlos Paz y que incluye el ex Centro Clandestino de Detención “La Perla Chica”.
También se incluye el Campo de la Guarnición Militar de Córdoba, un predio de 13.360 hectáreas. Milei convirtió a la AABE (otrora clave para la planificación del PROCREAR) en una inmobiliaria para poder saldar sus deudas; juntar dólares para el FMI y otros tantos para cancelar pasivos con las provincias.
Así quedó registrado en el DNU 186/25 rubricado en marzo de este año: “Se le ha encomendado al MINISTERIO DE ECONOMÍA la regularización de la deuda pública y su planificación de pago, razón por la cual corresponde otorgarle la competencia de poder acordar, en el marco del mencionado Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, la facultad de afectar bienes muebles e inmuebles innecesarios al pago de las deudas que tenga el Estado nacional con los estados provinciales y la Ciudad de Buenos Aires”.
En Salta, la Administración Milei le hizo ceder al INTA un total de 41 hectáreas de la Estación Experimental Cerrillos a la provincia “para su desarrollo urbanístico”, según narraron a El Destape referente del organismo provincial. Pero como la situación económica no andaría bien para nadie, la provincia – cuyo gobernador es Gustavo Sáenz- todavía no se hizo cargo de ese proyecto urbanístico, por ende, los trabajadores y trabajadoras del INTA siguen ocupando la totalidad de las hectáreas de Cerrillos.
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