La administración Milei está plagada de trampas. Sobre el cierre de agosto, el Congreso rechazaba el DNU 340/25 que modificaba de manera drástica la actividad de la marina mercante con una flexibilización de hecho para el ingreso irrestricto de buques de bandera extranjera. A los pocos días, y bajo un total hermetismo, el Gobierno avanzó con una reforma similar pero a través de la Resolución 41/25 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), que fue repudiada en la Cámara de Diputados por la legisladora Marcela Passo (UxP), a través de un proyecto de resolución.
Ahora, con esta nueva modificación normativa, a partir de una simple declaración jurada, los buques extranjeros podrán solicitar la excepción a la ley de cabotaje local y operar dentro del territorio sin que se les otorgue prioridad a los buques de bandera nacional.
“Esto sigue en la misma línea que el DNU 340, matar para siempre la marina mercante nacional y permitir los buques con banderas de paraísos fiscales”, sostuvo en diálogo con El Destape, Horacio Tettamanti, ex subsecretario nacional de Puertos y Vías Navegables durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.
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La trampa
“A los fines de agilizar el procedimiento, resulta necesario generar un sistema ágil y eficaz donde la inexistencia de buque o artefacto naval en la matrícula nacional o con tratamiento de bandera que pueda realizar ese tráfico, en las áreas o puertos solicitados, sea acreditado mediante la presentación de una declaración jurada”, puede leerse en la Resolución 41/25 que lleva la firma de Iñaki Miguel Arreseygor, titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, con el asesoramiento ideológico del ministro de destrucción estatal, Federico Sturzenegger.
Para avanzar en este esquema de flexibilización, el Gobierno se vale de la siguiente estadística: durante 2025 hubo 70 publicaciones de solicitud de barcos de bandera nacional, de los cuales solamente 12 fueron respondidos.
“Es cierto que tenemos pocas embarcaciones pero esto es dejar sin chances a las pocas capacidades que nos quedan. Necesitamos una nueva ley que mejore nuestra Marina Mercante pero al Gobierno no le interesa discutir en el Congreso”, sostuvo Passo en diálogo con El Destape.
El Decreto 340/25 habilitaba a buques de bandera extranjera a operar el cabotaje vía el Régimen de Excepción, flexibilizando y desregulando el mercado de cabotaje marítimo y fluvial dando lugar al permiso para buques y tripulaciones extranjeras y cambiando las condiciones de ingreso para los buques usados. El Congreso lo rechazó. A Milei no le importó, de ahí la trampa de publicar la Resolución 41/25, bajo la excusa de la “eficiencia económica”.
“El andamiaje político que optó realizar el Poder Ejecutivo Nacional sobre el tema de la Marina Mercante Nacional expone y deja de manifiesto la falta de intereses de convocar a las partes, tanto empresarios como gremios, y al Congreso Nacional a debatir las leyes en el ámbito que corresponde. Pensar que el abaratamiento del flete está por encima de la Soberanía Marítima y fluvial y del desarrollo de nuestra industria naval es un error que ya hemos cometido y que no deberíamos permitir”, sostuvo Passo en su proyecto de Resolución 41/25.
La historia reciente
La historia es un conjunto de rupturas y continuidades. Este plexo normativo, que profundiza la proliferación de barcos de bandera de otros países por las aguas locales, es un capítulo más dentro de un conjunto de claudicaciones que no pudieron revertirse del todo.
En 2004, el ex presidente Néstor Kirchner dictaba el DNU 1010/04 en el cual se derogaban una serie de decretos del menemismo, es decir, toda una serie de normativas por las cuales se le había dado inicio a la entrega de soberanía sobre ríos y mares.
Uno de ellos era el decreto 1772/91, el cual produjo la disminución de mano de obra argentina y otorgó tratamiento de extranjeros a las tripulaciones de los buques con tratamiento de bandera argentina. “El decreto de 1991 provocó la pérdida de puestos de trabajo para marinos argentinos y redujo la flota de 130 buques a 16 en el año 2004, cuando el Decreto 1772/91 fue finalmente derogado”, explicó Passo en su proyecto de resolución.
Durante el Gobierno de Mauricio Macri se le dio otro duro golpe a la actividad cuando se avanzó en la derogación de la Resolución 1108/2013 de la extinta subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. ¿Qué decía esta resolución? “Dentro del ámbito geográfico de los países que integran el Mercosur las cargas de exportación originadas en puertos argentinos únicamente podrán ser transbordadas en otros puertos de jurisdicción nacional o en puertos de los Estados Parte del Mercosur y sus Estados asociados que mantengan vigentes acuerdos de transporte marítimo de cargas con la República Argentina”, afirmaba.
En otras palabras, esa resolución establecía que los mares sudamericanos no sean provistos por barcos de bandera radicados en Paraísos Fiscales. “Teníamos el apoyo de Brasil y Paraguay. Uruguay nunca quiso aunque sobre el cierre del 2015 casi conseguimos su apoyo. Apenas ganó Macri las elecciones, una de las primeras cosas que hizo fue viajar a Uruguay para ratificar que daría marcha atrás con esa resolución”, explicó Tettamanti.
Surzenegger pretendió seguir por la vía del menemismo y el macrismo pero el Congreso le obturó la aplicación del DNU 340. Hecha la ley, hecha la trampa. La Resolución 41/25 no es más que un nuevo atajo para flexibilizar de hecho la soberanía nacional.
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