La obscena doble vara que protege a Milei

Insulta con un guion preparado al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula de Silva. Amenaza y convoca a escrachar al empresario José Ignacio de Mendiguren. Desprecia en discursos públicos al Congreso, a medios de comunicación, a políticos, economistas, cantantes y actores populares y a periodistas, entre muchos otros. Javier Milei, en ejercicio de la máxima autoridad política del país, protagoniza desbordes, pautados o espontáneos, que se naturalizan, en especial entre quienes durante décadas se erigieron en sommeliers de los buenos modales de los políticos y de la calidad de las instituciones republicanas.

La doble vara con la que se evalúa el comportamiento personal del presidente, así como el vínculo tóxico que construyó con los medios de comunicación y los periodistas, es obscena. También lo es la escasa indignación que provoca la intervención política sobre las estadísticas públicas, ya sea en el IPC del Indec o en la contabilidad creativa del déficit fiscal primario y financiero.  La doble vara es todavía más evidente en el análisis de la situación económica, que, a la luz de los datos duros, sólo puede ser calificada como desastrosa, pero es maquillada mediante la afirmación del supuesto “orden macroeconómico", un eslogan que solo sirve para sostener la ficción de la narrativa libertaria.

La experiencia de las últimas décadas revela que cuando gobierna una administración peronista o nacional y popular, cada iniciativa que molesta al poder económico se presenta como una amenaza institucional. Cuando gobierna la derecha, y mucho más si se trata de una ultraderecha celebrada por el poder económico, los mismos guardianes de la República descubren los matices y explican que lo importante es observar la potencialidad del crecimiento económico.

La doble vara se exhibe a cielo abierto, sin pudor. Es un sistema de evaluación política que concede legitimidad de antemano a un gobierno que protege los intereses dominantes y somete a una auditoría permanente a cualquier experiencia política que pretenda alterar la distribución del ingreso para hacerla progresiva.

El IPC que no debía publicarse

La intervención del INDEC durante el kirchnerismo dañó la credibilidad de las estadísticas públicas y no había informe económico ni exposición de un economista de la city que omitiera una advertencia sobre la manipulación de los datos.

Con Milei ocurrió un episodio de gravedad institucional equivalente, aunque mediante otro mecanismo. El INDEC había anunciado que comenzaría a publicar en enero de 2026 el nuevo Índice de Precios al Consumidor, elaborado con la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018. En febrero, a pocos días de que comenzara a difundirse, Marco Lavagna renunció a la conducción del organismo. Luis Caputo admitió que la salida se originó en diferencias sobre la fecha de puesta en vigencia y confirmó que, junto con Milei, había decidido postergar sin fecha el cambio hasta que la desinflación estuviera “consolidada”. El Poder Ejecutivo decidió qué índice convenía publicar según el efecto político que podía generar.

La canasta 2017/2018 tampoco es actual. Desde entonces hubo una pandemia, una aceleración inflacionaria y un cambio violento de precios relativos por el aumento de las tarifas, el transporte, los alquileres, la salud, la educación y las comunicaciones. Es apenas una canasta menos vieja que la basada en los patrones de consumo de 2004/2005 que sigue utilizando el índice oficial.

Una estimación de Martín González-Rozada, de la Universidad Torcuato Di Tella, basada en la ENGHo 2017/2018, ubicó la pobreza del cuarto trimestre de 2025 en 35,9% frente al 29,8% calculado con la metodología oficial. La pobreza bajó respecto del pico provocado por la devaluación y el ajuste inicial, pero se encontraba seis puntos porcentuales por encima de la cifra difundida por el Gobierno. 

Un IPC desactualizado distorsiona el análisis acerca de cuál es la real situación de salarios, jubilaciones, recaudación, gasto público y diversas series de consumo. Sin embargo, los economistas que durante años construyeron series alternativas para cuestionar al kirchnerismo no muestran ahora el mismo entusiasmo por hacer lo mismo y, de este modo, examinar con rigurosidad el panorama económico.

El insulto como sistema

Milei construyó una forma de intervención pública basada en la agresión y la humillación del adversario. FOPEA analizó 113.649 publicaciones realizadas por el presidente en la red X entre diciembre de 2023 y septiembre de 2025. Encontró 16.806 mensajes con ofensas, el 15,2 % del total, y ataques dirigidos a por lo menos 44 periodistas y líderes de opinión. 

Quienes lo defienden dicen que Milei “es así”, que utiliza un lenguaje disruptivo como parte de su batalla cultural. El insulto presidencial queda reducido a una cuestión de estilo y no se lo evalúa como una forma de ejercer el poder desde la máxima autoridad del Estado.

Si Cristina Fernández de Kirchner hubiera llamado “mandril”, “ensobrado”, “delincuente” o “degenerado” a un periodista, artista o economista, la Argentina "republicana" habría ingresado durante semanas en estado de conmoción institucional. Habrían aparecido solicitadas empresarias, editoriales sobre el autoritarismo y advertencias acerca de la salud de la democracia. Con Milei, miles de agresiones se naturalizan.

La diferencia no está en la sensibilidad frente a las malas palabras, sino en quién ejerce la violencia y contra quién. La intensidad discursiva con la que un gobierno nacional y popular defiende sus ideas o proyectos es presentada como una amenaza al orden democrático. La de la ultraderecha es tolerada porque funciona como método de disciplinamiento de quienes cuestionan el programa económico.

Periodistas bajo presión

El informe anual de FOPEA registró 278 ataques contra periodistas durante 2025, el número más alto desde que comenzó el monitoreo en 2008 y un aumento del 55% respecto de 2024. Hubo 139 discursos estigmatizantes, 58 ataques a la integridad de periodistas y veinte demandas judiciales. Milei volvió a ocupar el primer lugar entre los agresores identificados. ADEPA también advirtió sobre el deterioro del clima de respeto hacia la actividad periodística, las intimidaciones, las presiones y la estigmatización provenientes del poder.  A esa ofensiva se suman el señalamiento individual de cronistas y las restricciones para trabajar de los acreditados en la Casa Rosada. 

Durante los gobiernos kirchneristas, cualquier disputa con un medio, una conferencia sin preguntas o una crítica presidencial a un periodista era presentada como evidencia de un régimen que avanzaba sobre la libertad de expresión. Con Milei, ese mismo estándar de exigencia se diluyó, pese a que la agresión contra periodistas se convirtió en una práctica cotidiana del poder. 

La macroeconomía desordenada

El Gobierno asegura que ordenó la macroeconomía y economistas y analistas repiten la frase como si fuera una descripción neutral. La desaceleración de la inflación alcanza para certificar el éxito, aunque se trate de un índice desactualizado. Mientras tanto, la producción, el empleo registrado y los ingresos de la mayoría de la población se derrumban.

El superávit fiscal requiere un análisis riguroso. La Oficina de Presupuesto del Congreso informó que la inversión pública cayó 27% en términos reales en 2025. No ejecutar rutas, viviendas, escuelas u obras hídricas mejora las cuentas fiscales, pero deteriora el patrimonio colectivo y traslada costos al futuro. Una ruta abandonada aumenta las roturas, los accidentes, los tiempos de viaje y los costos logísticos. 

También hubo meses en los que el resultado de caja convivió con un aumento de la deuda flotante. En marzo de 2026, las obligaciones pendientes con proveedores y contratistas llegaron a unos 4 billones de pesos. Postergar un pago no elimina el gasto; lo desplaza. 

El punto más relevante de la contabilidad creativa está en los intereses capitalizados. El CEPA estimó que durante el primer semestre de 2026 se acumularon 14,26 billones de pesos de intereses de LECAP, BONCAP y bonos duales que no ingresaron en el resultado financiero porque se sumaron al capital. El superávit financiero oficial de 1,46 billones se convertiría en un déficit de 12,81 billones al incorporarlos. 

Un gobierno peronista que mostrara un superávit fiscal paralizando la inversión pública, demorando pagos y capitalizando intereses sería acusado de ocultamiento. Con Milei, esas mismas prácticas reciben el elogio de ancla fiscal. 

La impunidad al poder

A Milei se le tolera elegir el índice de inflación que le conviene, insultar como práctica cotidiana, perseguir periodistas y llamar “orden” a una economía que ajusta a trabajadores, jubilados y pymes. A un gobierno nacional y popular, solo una de esas conductas le habría valido una condena institucional permanente.

La obscena doble vara no solo protege a Milei. Protege el programa económico que Milei ejecuta. Por eso, quienes se escandalizan selectivamente no son observadores neutrales; son parte del dispositivo político que decide ocultar el desquicio institucional, político y personal del experimento liberal-libertario.