La privatización de las centrales hidroeléctricas del Comahue (Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila) se inscribe en la urgencia del ministro de Economía, Luis Caputo, de conseguir divisas como parte de su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Detrás de su desesperación e improvisación, quedan las huellas de un desfalco.
El Gobierno, a través del presidente del Tribunal de Tasaciones de la Nación, Julio Roberto Villamonte (con denuncias en la Oficina Anticorrupción por la venta irregular de inmuebles durante el macrismo) se negó a valuar las represas. Por eso los pliegos carecen de un precio base.
Pero las centrales sí poseen un valor actual, según un informe de la Cámara Argentina de la Construcción, que a través de su Área de Pensamiento Estratégico (APE), las tasó en más de 5000 millones de dólares pero Caputo estaría dispuesto a entregarlas por menos de 1000 millones de acuerdo a lo analizado por un conjunto de senadores patagónicos. ¿Se avanzará en una nueva entrega a precio vil de activos claves para el país?
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La venta de estas empresas se haría con la venia de los gobernadores de Neuquén (Rolando Figueroa) y Río Negro (Alberto Weretilneck), quienes hicieron mutis por el foro ante varios pedidos que le fueran formulados por el senador Oscar Parrilli en un intento por evitar la entrega del 100% de las acciones de cada una de las centrales.
Un derrotero de irregularidades
El ministro Caputo se viene especializando en una suerte de legalidad fraguada pensada para el desfalco de los principales activos del país. Pero la improvisación y el nerviosismo dejan sus huellas.
El primer decreto con el llamado a licitación fue publicado en el Boletín Oficial en octubre de 2024 (Decreto 895/2024). Era la puesta en marcha de un proceso de entrega según lo dispuesto por la ley de Bases. Pero para avanzar, Caputo necesitaba la ratificación del acuerdo con el FMI tras la primera revisión de las cuentas públicas.
Antes de que finalizara el primer plazo para la publicación de los pliegos licitatorios, el Ministerio de Economía decidió extender los tiempos legales, supuestamente a pedido de los gobernadores de Neuquén y Río Negro; lo hizo a través de otro decreto (263/25) de marzo de este año, en el que los mandatarios provinciales aducían la necesidad de analizar los pliegos elaborados por la Agencia de Transformación de las Empresas Públicas. Pero los pliegos no aparecían por ningún lugar.
A raíz de esta demora en el llamado a licitación, un conjunto de senadores del peronismo (Oscar Parrilli, Silvia Sapag, Claudio Doñate, Silvia M. García Larraburu y Carlos Linares) les reclamaron a los dos gobernadores que le exigieran al Gobierno nacional que dicha licitación fuera por el 50% de su capital accionario (y no del 100% como ya se sospechaba) y que la otra mitad quedase reservada para cada una de las jurisdicciones.
En la nota de los senadores también se planteaba que el plazo de la licitación debía ser por 10 años (y no 30), sumado a la obligación de las empresas de devolver los activos al Estado al finalizar las concesiones, y reinvertir el 50% de las utilidades en el mantenimiento, mejoramiento y ampliación del sector eléctrico.
Tanto Figueroa como Weretilneck hicieron mutis por el foro. Aparentemente no tuvieron nada por opinar, quizás a cambio del 12% de regalías y canón por el uso del agua del 2%.
Los senadores peronistas enviaron otra nota, esta vez destinada a la secretaría de Energía, María Tettamanti, con fecha 25 de junio. Allí marcaron “la absoluta improvisación de un proceso que requiere seriedad y planificación, situación que se aprecia en los reiterados decretos, cada uno corrigiendo el anterior”.
Los gobernadores no solo se quedaron callados, sino que el llamado a licitación se ordenó formalmente el 7 de mayo. ¿Qué analizaron las provincias durante la prórroga solicitada por el Gobierno si los pliegos licitatorios no existían aún? O, mejor dicho: ¿Cuál habrá sido el arreglo (económico) con la administración de La Libertad Avanza?
Condiciones leoninas
El proceso licitatorio ofrece condiciones leoninas y una entrega de activos claves para el país a precio vil. El Gobierno nacional prevé la venta del 100% del paquete accionario de cada una de las centrales hidroeléctricas del Comahue, con un plazo abusivo de 30 años. ¿La provincia de Neuquén no tiene nada para decir sobre este condicionamiento? Al fin y al cabo, posee el 29,9% de las acciones de El Chocón.
“Las provincias no consiguen nada con este esquema de privatización. Las regalías al 12% y el canon por el uso del agua del 2% ya estaban contemplados dentro de la anterior concesión. Además, se podrán hacer ofertas sin precio base. Será una venta a precio vil. Esto demuestra que el Gobierno está desesperado por conseguir algunos dólares en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”, sostuvo en diálogo con El Destape Agustina Sánchez, directora de la diplomatura en energía y soberanía – UMET- UTN – OCIPEX.
En su último Staff Report, el FMI había marcado una hoja de ruta para la privatización de los activos claves del Estado nacional.
La posibilidad de que las centrales del Comahue se vendan a precio vil retrotrae al país a las peores prácticas de la década de 1990. Al no haber un precio base, los senadores que enviaron notas a los gobernadores y a Tettamanti (todo este derrotero arrancó durante 2023, donde tampoco hubo respuestas de la por entonces secretaría del área, Flavia Royón) sospechan que el Gobierno podría entregar estos activos por menos de 1000 millones de dólares.
La cuestión de la valuación de estos activos es clave. El presidente del Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN) desde la época de Macri se llama Julio Roberto Villamonte, con un prontuario de varias denuncias ante la Oficina Anticorrupción por la venta irregular de inmuebles durante la gestión de la Alianza Cambiemos; ahora, bajo la administración Milei se negó a tasar las centrales hidroeléctricas en un claro alineamiento con la idea oficial de liquidar estos activos al mejor postor (precio vil).
Para que todo tuviese un manto de legalidad fraguada, en febrero de este año, la cartera de Energía le envió una nota –con la firma del subsecretario Daniel Eduardo Sanfilippo- al presidente del TTN consultando si correspondía realizar la tasación de las centrales del Comahue.
Villamonte, sin realizar ningún tipo de consulta con el pleno de los tasadores oficiales, respondió a título personal que dicho órgano colegiado no estaba facultado para realizar el trabajo “debido a una imposibilidad técnica y temporal”, tal como consta en la nota del 13 de marzo de este año dirigida a Sanfilippo (EX-2025-16523405).
El Gobierno convalidó la opacidad sobre el valor de las centrales hidroeléctricas con el objetivo de entregarlas al sector privado con celeridad. Pero las tasaciones sí podían hacerse. De hecho, ya sea habían realizado como parte de un proyecto de la Cámara Argentina de la Construcción y su Área de Pensamiento Estratégico (APE).
En un trabajo efectuado por la arquitecta María Alejandra Alonso, el licenciado Mariano Jorge Rodríguez y el ingeniero Daniel Martín (también integrante del Tribunal de Tasaciones de la Nación), con fecha diciembre de 2024, se procedió a valuar los principales activos del país. El ministro Caputo no puede negar la existencia de esta información.
De acuerdo al informe del APE, el valor actual para El Chocón sería de 1260 millones de dólares; para el caso de Alicuá, la tasación dio como resultado un valor actual de 1310 millones de dólares; La central de Piedra del Águila fue valuada en 2058 millones de dólares. Al sumar la cuarta central Cerros Colorados, serían más de 5000 millones de dólares a valor actual.
Con esta información, podría frenarse cualquier intento de venta a precio vil de las centrales hidroeléctricas del Comahue.
Caputo, el desprolijo
A Caputo se lo nota nervioso por conseguir dólares a como dé lugar. Se lo exigió el FMI en su último Staff Report, en donde se mencionó la promesa de la administración Milei de conseguir divisas a través de las privatizaciones. Para el Fondo, al Gobierno solo le restaba ponerle fecha al desfalco.
“Se continuarán las mejoras en la gestión financiera pública, incluido el desarrollo de un programa de privatización y venta de activos transparente y con plazos concretos”, puede leerse en el último informe del FMI con fecha 1 de agosto.
El apuro del ministro de Economía fue total. El 7 de agosto, firmó el decreto 564/25 para iniciar la transferencia del 100% de las acciones de las centrales hidroeléctricas del Comahue; en la resolución se había incluido un Informe Circunstanciado ingresado al Expediente N° EX-2025-86060782-APN-DGDA#MEC- pero sin la firma de las autoridades correspondientes. ¿Tash nerviosho, Caputo?
Por eso a los diez días de aquel decreto, el ministro tuvo que dejarlo sin efecto y dictar uno nuevo (590/25). “Que tras el dictado del Decreto N° 564/25 se ha advertido que el Informe Circunstanciado no cuenta con la firma de la autoridad que lo elaboró”, puede leerse en el documento publicado en el Boletín Oficial el 18 de agosto. ¿Un error involuntario? ¿O temor de los funcionarios a quedar pegados en una posible entrega a precio vil?
El informe Circunstanciado había sido confeccionado por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que conduce Diego Chaher en la órbita del ministerio de Economía (el firmante olvidadizo) y ENARSA, encargada de realizar la venta de las centrales hidroeléctricas.
El derrotero terminó el 19 de agosto, con la Resolución 1200/25 firmada por Caputo con los pliegos de la licitación que no recibieron ningún tipo de objeción ni comentario de parte de las provincias involucradas.
El quién es quién
Las centrales del Comahue son cruciales para el buen funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista al ser convocadas en los picos de demanda eléctrica, altamente flexibles y dan el respaldo a las energías renovables, que de otra manera obligarían al despacho de turbinas de gas o motores y que por lo tanto representan una importante reserva del sistema eléctrico.
Las concesiones fueron otorgadas en 1992; a través de las décadas, la potencia instalada no aumentó sino todo lo contrario, se redujo del 43% al 25% de su participación en el sistema eléctrico argentino.
“Cuando se desreguló el sistema eléctrico en la década de 1990 se aplicó el modelo inglés; quizás era una solución posible por entonces pero ahora quedó anacrónico. Hay que discutir toda una nueva regulación federal sobre el sistema eléctrico; también debatir sobre los niveles obscenos de rentabilidad a costa del pueblo”, sostuvo, en diálogo con El Destape, Sergio Benitez, secretario General del Sindicato de Trabajadores Argentinos de Salto Grande (SIATRASAG), integrante también de la Federación de los Trabajadores de la Energía, Industria, Servicio y Afines.
Altas rentabilidades y fuga de divisas. Según el Informe del Banco Central sobre el mercado de cambio, deuda externa y fuga de capitales (2016 – 2020), se detectó que 209 personas/empresas del sector Energía habían sacado del sistema –vía fuga de capitales o en su versión eufemística formación de activos externos- la suma de 7736 millones de dólares, el 15% del total fugado durante el período bajo análisis (51.742 millones).
El quién es quién de los actores en juego dice mucho del proceso en curso.
En diciembre de 2023, la empresa Aconcagua Energía Generación SA adquirió los activos de Orazul - Cerros Colorados S.A. Este conglomerado también posee un pie en los hidrocarburos a través de Petrolera Aconcagua Energía SA. Luego de llevar adelante una reestructuración de su deuda, la compañía informó el ingreso de la empresa Tango Energy S.A.U, según lo comunicado a la Comisión Nacional de Valores este 22 de agosto de 2025. La compañía del ex YPF Pablo Iuliano será la controlante de Aconcagua, según lo rubricado el 18 de julio de este año. Vista Energía, fundada por Miguel Galuccio, también posee participación en Tango Energy.
Al 31 de diciembre de 2023, la ganancia registrada por Aconcagua Energía Generación SA ascendía a los 1627 millones; al año siguiente, registraron una pérdida de 600 millones.
El Chocón pertenece a Enel Generación. A través de Hidroinvest S.A. es la controlante con más del 50% de participación dentro de ENEL, para la generación de energía eléctrica mediante el aprovechamiento de los saltos formados por las obras de El Chocón y Arroyito sobre el río Limay. A su vez, ENEL es la principal controlante de Edesur. Dentro de esta compañía operan los fondos de inversión Cardinal Capital Management, Fulton Bank, Gamma Investing LLC, RNC Capital Management, entre otros.
La central Alicurá es propiedad de AES Argentina Generación, filial del grupo estadounidense AES Corp; en el país maneja 10 centrales, 61% de ellas termoeléctricas y 39% hidroeléctricas, entre ellas ThermoAndes, El Tunal, Cabra Corral, Los Caracoles, Ullum, Sarmiento, San Nicolás, Paraná, Alicura, y Guillermo Brown. La empresa AES es “manejada” por los fondos Vanguard Group, BlackRock, State Street Corporation, Morgan Stanley, entre otros.
La Central Hidroeléctrica Piedra del Águila pertenece a Central Puerto, una empresa de capitales nacionales integrada por Guillermo Reca, la familia Miguens-Bemberg y Eduardo Escassany, como principales accionistas. También son dueños de una porción del territorio, con la posesión de activos forestales adquiridos a Masisa. Central Puerto es la principal empresa argentina del sector forestal con más de 160.000 hectáreas.
Los otros dueños (institucionales) de la compañía son Morgan Stanley, Long Focus Capital Management, Fourth Sail Capital LP, AQR Capital Management, LLC y AQR Capital Management.
Con sus centrales térmicas Puerto Nuevo y Nuevo Puerto, las Centrales térmicas ubicadas en la localidad de Luján de Cuyo, el Complejo Hidroeléctrico Piedra del Águila y participaciones en las sociedades Termoeléctrica José de San Martín S.A, Termoeléctrica Manuel Belgrano, Central Vuelta de Obligado S.A, Brigadier López, central térmica de cogeneración Terminal 6 - San Lorenzo, Costanera y centrales de generación vía energías renovables, tuvieron una ganancia neta durante 2024 de 61,2 millones de pesos mientras que en 2023 fueron 317,8 millones de pesos.
Con un esquema licitatorio sin precio base ni la valuación oficial sobre los activos que se rematarán, es presumible que los compradores sean los actuales titulares de las empresas concesionarias, quienes usufructúan los activos del Estado nacional desde hace 33 año.
A ninguna de estas empresas les fue ni les va mal. Por eso, este proceso licitatorio abierto, sin precio base, podría constituir un capítulo más dentro del desfalco al país.
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