Agua para pocos: el regreso del modelo privatizador de AYSA que dejó tarifas impagables y riesgo sanitario

El gobierno nacional de Javier Milei buscará avanzar en la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A (AYSA), la empresa más grande de agua y saneamiento del país. Como una remake de los ´90 vuelve a escena el argumento de la ineficiencia estatal y las "bondades" de la gestión privada, sin embargo, los datos evidencian que esa experiencia previa fue un claro ejemplo del mal manejo privado: el precio de las tarifas creció exponencialmente, se incumplió con las inversiones prometidas, los trabajadores aún hoy reclaman por el Programa de Propiedad Participada, hubo cortes de este servicios esencial, y hasta denuncias por riesgos ambientales y sanitaros que afectaron la calidad de vida de la población. Un combo que preocupa y pone en evidencia la urgencia del gobierno por dólares que le permitan reforzar las escasas reservas, vía la venta de activos del Estado.

“Todo lo que pueda estar en manos del sector privado va a estar en manos del privado”, exclamó en más de una oportunidad el presidente Milei y justificó la venta de AYSA en que el servicio antes "funcionaba muy bien" pero, como en otras ocasiones, los datos no confirman los dichos del mandatario: la tarifas llegaron a incrementarse 88,2%, mientras que los precios minoristas lo hicieron apenas 7,3%, en materia de inversiones sólo se ejecutó el 57% de lo acordado; sumado a los elevados niveles de nitrato en el agua y contaminación con arsénico detectados en el consumo.

AYSA significa agua potable para más de 11 millones de habitantes y desagües cloacales para más de 10 millones tanto de la Ciudad de Buenos Aires como en 26 municipios de la provincia de Buenos Aires. Hasta el momento, a las personas que tuvieran una deuda no se les cortaba el servicio por ser esencial, sin embargo, en manos privadas, podría haber cortes masivos a los deudores pese a que fue reconocido por la ONU como derecho fundamental que no puede regirse por las reglas del mercado. De hecho, como ya había anticipado El Destape, este punto junto con la libre suba tarifaria serían parte de los “beneficios” que la gestión libertaria promete asegurar a quien se haga cargo de la firma. Hay que recordar que en marzo 2024 el gobierno ya había despedido a más de 200 trabajadores con la justificación de que “tenían una situación laboral irregular”. 

La firma había sido incluida en la lista de empresas "sujetas a privatización o concesión" de la llamada “Ley Bases”, sancionada a mediados del 2024.

Qué implica privatizar AYSA: la fallida experiencia de los ‘90

"El gobierno nacional tomó la decisión de iniciar el proceso de privatización de AySA", afirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa desde la Casa Rosada. El funcionario además agregó que "se incorporará capital privado mediante la transacción del 90% de las acciones de la empresa, actualmente en manos del Estado" y que la venta se hará "a través de un esquema mixto que combina una licitación pública nacional e internacional para seleccionar un operador estratégico y buscar una oferta pública inicial para abrir el capital". 

En 1912 se creó la empresa Obras Sanitarias de la Nación y tras décadas de gestión pública en pleno menemismo fue privatizada quedando desde 1993 en manos del grupo francés nueva corporación fueron Suez-Lyonnaise des Eaux, y pasando a llamarse Aguas Argentinas Sociedad Anónima. Permaneció bajo gestión privada hasta el 2006 cuando la empresa fue nacionalizada nuevamente adquiriendo su denominación actual Aguas y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AYSA), con el 90% de las acciones como propiedad del Estado y el 10% para los trabajadores de la empresa. Al respecto, distintos aspectos evidencian que los resultados generales obtenidos por la privatización poco tienen que ver con los objetivos enunciados originalmente, de hecho, fueron una serie de irregularidades en el manejo privado las que dieron pasa a la nacionalización en el gobierno de Néstor Kirchner.  

“Aysa antes era Aguas Argentinas, era privada y funcionaba muy bien”, aseguró en una oportunidad Javier Milei, al intentar justificar por qué avanzará con la privatización de la compañía. Sin embargo, los datos operativos muestran lo contrario: entre mayo de 1993 y enero de 2002 las tarifas residenciales escalaron -tras sucesivos aumentos tarifarios- un 88,2% mientras que los precios minoristas lo hicieron 7,3%, y pese a que marco regulador original establecía que durante los primeros die años de la concesión los precios no podían ser aumentados. Las recomposiciones tarifarias le permitieron a la empresa obtener hasta el 2001 una tasa de rentabilidad promedio del 12,9% con relación a la facturación y del 15,4% con relación al patrimonio.

Así se desprende de un informe elaborado por el área de Economía y Tecnología de la Flacso que detalló los incumplimientos contractuales de la empresa durante la gestión privada: “la introducción de cláusulas de ajuste de precios violatorias de la Ley de Convertibilidad (las tarifas fijadas en pesos se indexan anualmente de acuerdo a la inflación estadounidense), la modificación de ciertas obligaciones contractuales asumidas por la firma (en particular, en materia de inversiones y de calidad y expansión del servicio) y, en última instancia, la convalidación oficial de los manifiestos incumplimientos en los que incurrió la empresa”.

Según analizó en 2002 el investigador Daniel Azpiazu “la regulación pública convalidó en la práctica el abuso de poder monopólico por parte de Aguas Argentinas S.A. y le garantizó así la apropiación de ganancias extraordinarias y transfirió a los usuarios la totalidad del riesgo del negocio a través de las sucesivas alteraciones sustantivas del contrato”. 

Lo anterior fue de la mano del incumplimiento en la inversión para ampliar la cobertura del servicio. De acuerdo a estimaciones de la Comisión de Usuarios del Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS) durante el primer quinquenio de la concesión y a pesar del creciente endeudamiento de la empresa francesa, la reticencia a aportar capitales propios (en contraposición con la actitud adoptada en el giro de utilidades al exterior) derivo en "un sistemático y creciente incumplimiento en materia de compromisos de inversión” al punto de que durante el primer quinquenio se ubicaron el casi 700 millones de dólares, solo el 58% del total comprometido .Entre los incumplimientos figuraban obras esenciales como la Planta de Tratamiento de efluentes de Berazategui, la Cuarta Cloaca Máxima y las plantas depuradoras Norte y Sudoeste. En el segundo quinquenio la situación no mejoró: entre 1999 y 2002 se previeron obras por 752 millones de dólares y sólo se ejecutó el 57%.

Posterior a su nacionalización en 2006, en cambio, datos oficiales evidencian que la cobertura de agua potable pasó del 76% al 85% y la de cloacas del 57% al 72%. Entre 2006 y 2015 se incorporaron al servicio de agua potable 3 millones de habitantes en tanto que los aportes y transferencias del Tesoro sobre PBI recibidos por AySA disminuyeron un 67% entre 2019 y 2022 (CEPA). Además, estando en manos del Estado logró en 2024, y paradójicamente al discurso del oficialismo para justificar su venta, superávit operativo de $48.000 millones.

Otro aspecto clave tiene que ver con la situación de las y los trabajadores. En conferencia de prensa desde la Casa Rosada, Adorni señaló que la privatización incluirá "la permanencia de los empleados de la empresa como accionistas". Sin embargo, trabajadores que fueron parte de ese proceso en los noventa advierten por las consecuencias: “es el mismo modus operandi del menemismo para saquear el patrimonio nacional y la zanahoria es el Programa de Propiedad Participada, pero ya llevamos tres décadas de reclamos”, publicaron los ex trabajadores de SEGBA (energía) al conocer la noticia de la privatización de AYSA. En ese sentido dijeron “nos estafaron a decenas de miles de trabajadores que excluyeron del pago del Programa de Propiedad Participada. Van tres décadas de continuos reclamos y los proyectos de ley de reparación siguen cajoneados en el Congreso Nacional”.

El Programa de Propiedad Participada (PPP) establecido en el marco de la ley de Reforma del Estado que dio paso a las privatizaciones del menemismo, fijaba que las y los trabajadores de las empresas afectadas podrían acceder de un porcentaje, en torno al 10%, del capital accionario, y definía al universo de empleados en relación de dependencia con derecho de acceso. Sin embargo, a más de treinta años de aquel proceso, ex trabajadores de esas empresas reclaman que quedaron excluidos o fueron incorporados y luego rechazados, y aún esperan una respuesta. 

Se suma a todo ello, el riesgo sanitario y ambiental de la gestión privada. Uno de los argumentos centrales para rescindir el contrato de Aguas Argentinas fue la detección de altos niveles de nitratos en pozos de agua dentro del área de acción de la empresa y contaminación con arsénico. Según se lee en el Decreto 303/06 que declaró la rescisión del contrato privado “los informes elaborados tanto por el ETOSS como por la Subsecretaría de Recursos Hídricos dan cuenta de los elevadísimos niveles de nitrato en el agua que es actualmente proveída por la empresa Aguas Argentinas S.A., los que superan a los establecidos como límite en la normativa vigente lo cual constituye un hecho grave que afecta la salud pública”. Se agrega en ese sentido que la firma “no realizó las obras necesarias para asegurar que el origen del agua suministrada no esté contaminado con nitratos, tal como se había comprometido en el contrato de concesión”. Se estimó que aproximadamente 300.000 personas se encontraban en áreas sujetas a riesgo de exceso temporal de nitratos.

Una nota periodística publica en el diario Clarín en marzo de 2006 a raíz del estado de situación del servicio sostenía que “el agua de algunos sectores de Lomas de Zamora tiene niveles de nitratos muy superiores a los 45 miligramos por litro establecidos como límite por el Código Alimentario Argentino. En algunos casos llegan hasta los 75 miligramos. Así lo confirmaron los estudios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que le recomendó a Aguas Argentinas brindar una solución definitiva a los vecinos del área afectadas”. 

Por último, la posibilidad empresaria de proceder al corte de este servicio esencial por falta de pago podría afectar a miles de familias, en una coyuntura de desempleo al alza y pérdida sostenida de poder adquisitivo. Los más perjudicados serían, una vez más, los sectores vulnerables (en los barrios populares el 92% ya no cuenta directamente con agua potable). Según datos del Observatorio de tarifas y subsidios IIEP (UBA-CONICET) en julio un hogar promedio del AMBA, sin subsidios, gasta 193.329 pesos en el mes para cubrir sus necesidades energéticas, de transporte y de agua potable en el hogar. En el caso del agua se incrementó 362% desde dic/23. 

El modelo libertario y la agonía de reservas

La venta de patrimonio nacional tiene, como otra cara de la moneda, la urgencia del gobierno por dólares que permitan reforzar las escasas reservas. El salvataje del Fondo Monetario Internacional (FMI) solo pudo frenar la corrida que se había desatado en marzo, pero no alcanzó para generar las condiciones para impulsar una nueva “burbuja financiera” como lo demuestra la primera quincena de este mes donde se registraron rendimientos negativos en dólares, tal como había preanunciado el JP Morgan cuando recomendó el desarme del “carry trade”.

“En estas condiciones el blindaje financiero solo empeora la insolvencia en los próximos meses y años, ya que es insuficiente para cubrir el total de vencimientos en moneda extranjera que asciende a 10.164 millones de dólares en lo que resta de 2025 y 28.774 millones en 2026. Por eso el FMI insiste en que el Banco Central acumule reservas en un contexto en el que la fuga de capitales de un mes y medio absorbió el 44% del primer desembolso del FMI”, señalaron sobre el escenario actual desde el centro CIFRA-CTA. 

El Banco Central se había comprometido a acumular 4.400 millones de dólares en junio y otros 4.500 millones para diciembre. El incumplimiento de esta meta es el principal obstáculo para que el organismo internacional de crédito apruebe el desembolso de 2.028 millones de dólares que estaba previsto originalmente en junio.  

“Si a las reservas brutas se les restan los encajes, las asignaciones de DEG, el swap con China, las obligaciones con organismos internacionales y el nuevo crédito con el FMI, las reservas netas se ubican en julio en -5.365 millones de dólares, y en -9.575 millones dólares si, conforme a la metodología del FMI, se le sustrae también la deuda en moneda extranjera (BOPREAL y Tesoro) que vence en menos de un año”, detallaron los economistas. Esta última medición indica que, “tras el fuerte ajuste devaluatorio inicial, el ingreso extraordinario del blanqueo y el nuevo crédito con el FMI, las reservas netas se ubican en niveles similares a los de noviembre de 2023, es decir en forma previa a la asunción del gobierno de Milei”.

Bajo estas circunstancias, el desequilibrio externo y la suba del tipo de cambio “ponen en tela de juicio la sostenibilidad de la reducción en el ritmo de inflación y consolidan el agotamiento de la recuperación de la actividad económica, del salario real y de la distribución del ingreso”, consideraron desde CIFRA.

Las voces críticas del proceso de privatizaciones remarcan que, dada la situación actual, la función estratégica y hasta la rentabilidad de las empresas a privatizar, queda de manifiesto que no se trata de vender empresas deficitarias sino empresas que están en el menú más codiciado del sector privado. Como viene contando este medio avanzar en la venta de activos del Estado es parte de los compromisos que el gobierno nacional asumió con fondos de inversión y grupos financieros internacionales que esperan ansiosos las garantías jurídicas para hacerse de empresas argentinas y de recursos naturales nacionales. 

Otra vez, el negocio de pocos

Luego de asumir la presidencia el gobierno de Carlos Menem inició un programa de privatizaciones cuyas consecuencias se mantienen vigentes en la actualidad. “Con la sanción de la ley de Reforma del Estado en agosto de 1989, a partir de la cual quedaron sujetas a privatización las principales empresas de propiedad estatal, se inicia una nueva fase en cuanto al papel del sector público en la Argentina, con la emergencia de nuevos mercados para la actividad privada”, explicaron en un informe sobre el tema los economistas Daniel Azpiazu y Martín Schorr. En ese sentido agregaron que “estas políticas públicas generaron mecanismos de transferencias de recursos desde el conjunto de la sociedad, en especial, desde los sectores de menores ingresos y las fracciones menos concentradas del empresariado, hacia la elite económica doméstica, y de consolidación de áreas beneficiadas con ganancias extraordinarias."  

Los reclamos en cuanto a la situación de las y los trabajadores afectados remarcan que esta política no solo corrió al Estado de su rol central en empresas claves como las de servicios esenciales, sino que transfirió recursos a los sectores más concentrados amparada en discursos de supuesta ineficiencia estatal y déficit público. Si bien el argumento oficial sostiene que se busca “reducir el déficit”, los datos de cada firma dan cuenta de que se trata de empresas superavitarias, sumado a las funciones que desarrollan para garantizar la infraestructura de servicios públicos a la población, así como para el financiamiento de las actividades productivas a lo largo y ancho del país, y en actividades clave del sector nuclear, telecomunicaciones, logística y defensa. 

Finalmente, los principales cuestionamientos a esta política que vuelve como una nueva temporada del desguace del Estado implementado ya durante el menemismo y, con menor éxito, durante el macrismo, advierten también por la presencia de capitales globales interesados, en gran medida, en la explotación de los recursos naturales y el negocio financiero, y lejanos a la inversión productiva, el agregado de valor, y la generación de fuentes de trabajo en territorio nacional, a costa del patrimonio de las y los argentinos.