El proyecto de ley de reforma laboral que envió el gobierno de Javier Milei sienta las bases del congelamiento salarial a través de distintos mecanismos de ajuste. Según el texto, además de la extinción de horas extra y la implementación de aumentos "dinámicos", se prevé limitar la negociación paritaria a través de supuestos daños generales a la "población". Este elemento abstracto le permite no homologar acuerdos por la intervención del Estado, a contramano del ideario libertario.
De acuerdo al documento, en el artículo 132 se define: "De oficio, o por petición de cualquiera de las partes legitimadas para negociar un Convenio Colectivo de Trabajo, cualquiera sea su nivel, cuyas cláusulas normativas se hallaren vigentes sólo por ultraactividad, la autoridad administrativa del trabajo podrá decretar la suspensión de los efectos del acto de homologación cuando se alegare y demostrare sumariamente que su aplicación genera distorsiones económicas graves que afecten el interés general o la aplicación de otras normas dictadas en protección de toda o parte de la población".
Si avanza el proyecto y este apartado, el Gobierno se empoderará para no avalar acuerdos paritarios que superen determinado umbral. El objetivo es anclar los salarios para enfriar la economía y aplacar la inflación. Se trata de un comportamiento que La Libertad Avanza ya demostró a lo largo de dos años de gestión, pero remarcarlo en un marco jurídico le otorga mayores facultades.
Además, se incorpora el deber de negociar de "buena fe", lo que implica: intercambio obligatorio de información económica, reportes de productividad, empleo y estructura de costos laborales; y actualización de datos durante la vigencia del convenio.
Salario "dinámico", ticket canasta y fin de horas extra
Otro de los puntos regresivos que se destacan es la adición del concepto de "salario dinámico", ya que se habilita la posibilidad de que "mediante la negociación colectiva o individual, se puedan incorporar componentes remunerativos adicionales, orientados a reconocer el mérito individual o características propias de la organización, siempre respetando el Principio de No Discriminación".
En materia de pago de salarios, se prevé la posibilidad de que el salario "debe ser satisfecho en dinero, ya sea en moneda nacional o extranjera, especie, habitación o alimentos". Además, en cuanto a la organización del tiempo de trabajo, "se faculta a las partes a acordar un régimen de compensación de horas extraordinarias, teniendo como norte el respeto de los descansos mínimos legales, asegurándose así la debida protección del trabajador". Es decir, se pondría fin a las horas extras.
No satisfecho con la imposición del techo al salario, el proyecto también estipula el descuento salarial por la participación en asambleas a través del siguiente pasaje: "... se regula el régimen de asambleas, previendo reglas claras para que se puedan llevar a cabo garantizando así el libre ejercicio de la libertad sindical sin que ello derive en un abuso de derecho. A su vez, se ratifica el sinalagma (intercambio mutuo) del contrato de trabajo con obligaciones recíprocas al precisar que la no prestación de tareas durante la participación en asambleas no devenga salarios por cuanto el trabajador que a ellas concurriere deja de estar a disposición del empleador".
Según el Instituto Gino Germani, el 72% de los trabajadores gana menos de $ 1.000.000 al mes. La situación es brutal entre quienes están por fuera del empleo formal: 89% de los asalariados informales y 88% de los cuentapropistas de baja calificación. Estas son las condiciones salariales que el Gobierno quiere perpetrar a través de la reforma laboral, o incluso empeorar.
Cerrar sesión