La derecha – extrema – en la Argentina está envalentonada. Con el resultado electoral del domingo pasado, la administración Milei avanzará con su plexo normativo de reformas estructurales para continuar en la senda flexibilizadora que le reclama el poder económico que lo sostiene en la Casa Rosada.
La reforma laboral que impulsará se ejecutará sobre un “mercado laboral” ya pauperizado, con salarios depreciados por los actuales niveles de vida y con familias que poseen una deuda intrahogar que equivale al 130% de un ingreso promedio. Con maquillaje o sin él, con más o menos eufemismos, la administración Milei pretende consolidar un mundo de opacidad, la vuelta a un coloniaje en el que no existían las leyes laborales.
El proyecto es la pauperización de la vida
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La reforma laboral de la década de 1990 no generó más empleo de calidad; la legislación para los peones rurales de la última dictadura –norma previa a la ley de 2011- no creó empleos de calidad en los campos del país. En el texto que regulaba las relaciones contractuales para los trabajadores del campo, se establecían jornadas de sol a sol, o de 12 horas, como pretende reinstalar ahora la administración Milei.
¿Por qué un trabajador querría dedicarle 12 horas de su tiempo al trabajo? Mario “Paco” Manrique, secretario adjunto del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (SMATA), se lo preguntó de otra manera:
"¿Para qué quiere trabajar una empresa 12 horas si no tiene producción para cubrir? No es solo la reforma laboral, van a venir reformas que afectan directamente a la vida cotidiana de los trabajadores”.
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Con un sector industrial cuyo uso de la capacidad instalada llega al 50%, ¿quién saldrá beneficiado con la flexibilización de las normas laborales? La respuesta es obvia: avanzará la transferencia hacia los dueños del capital. ¿Y para los trabajadores? A tomarse las vacaciones cuando decida el patrón y no en el período que va de octubre a abril. En nombre de una falaz libertad, que parezca decisión de los trabajadores.
El programa económico oficial apuntó a la destrucción del mercado interno, bajó salarios de hecho (al licuarle su poder adquisitivo) y profundizó el endeudamiento de las familias (proceso que ya se había iniciado con la gestión de Sergio Massa como ministro plenipotenciado del Frente de Todos). El consumo de las familias, cae. Una reforma laboral en este escenario consolidará un modelo de pauperización social. ¿Y el empleo de calidad? Bien, gracias.
De acuerdo a un documento del Programa de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETyD) de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, los mercados de trabajo más flexibles no son los que generan más empleo, son los más inestables. Promueven relaciones laborales a corto plazo, con altos niveles de rotación y con altos niveles de imprevisibilidad para los trabajadores.
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Colonia Sí
De lo que trascendió hasta el momento, se destaca la posibilidad de que el Poder Ejecutivo avale la eliminación de todo tipo de multas a los empresarios que violen la legislación laboral, o la hayan subvertido en el pasado. El Gobierno pretende eliminar – dice- la litigiosidad.
Milei ya había avanzado con esta idea en el DNU 70/23 en relación a los peones rurales donde también se proponía eliminar todo tipo de multas a los empresarios, medida que había sido celebrada por la Sociedad Rural en su presentación ante la Corte Suprema para defender dicho decreto ante la medida cautelar impuesta.
“Las multas de las leyes 24.013 (regulación empleo no registrado), 25.323 (indemnizaciones) y 25.345 (aportes y contribuciones previsionales) fueron el peor error de política legislativa en materia social y económica de la historia del derecho del trabajo en la Argentina, en tanto disuaden a los empleadores de contratar de un modo muy trascendente”, habían indicado desde la SRA.
El objetivo de este tipo de patronales es regresar a un plexo normativo donde no haya multas ni sanciones hacia los dueños de campos y establecimientos rurales por violar la normativa laboral. El argumento de fondo sería que “sin sanciones” podría aumentar el trabajo registrado. El sector rural es el que presenta mayores niveles de informalidad laboral y casos de explotación lindantes con la trata laboral. Hasta 2011, regía una norma laboral sancionada en 1977, en plena dictadura cívico militar. Con aquel plexo normativo laxo, tampoco se crearon mejores condiciones de vida laboral.
¿Milei pretende regresar a un mundo de opacidad, a una suerte de mundo colonial, cuando no existían las leyes laborales? En su presentación como amicus curiae ante la Corte, la Sociedad Rural defendía así la reforma laboral del DNU 70/23: “Conocer la historia de la Sociedad Rural Argentina es imprescindible para entender un proyecto de país enraizado en la historia nacional desde los tiempos de la colonia. Porque no se trata sólo de reflexionar sobre la propiedad de la tierra y la toma del poder por parte de los intereses que esa institución representa, sino también sobre un modelo sociocultural, una mirada, una actitud y costumbres”.
¿Menos horas, más trabajo?
Antes de 2011, existía una normativa que seguía avalando jornadas “de sol a sol”, o superiores a las 12 horas. La conquista de las 8 horas, afuera. ¿Y si se trabajasen menos horas, cuántos puestos de trabajo nuevos podrían crearse?
Los elevados niveles de desocupación estructural ponen en cuestión la necesidad de repartir el tiempo de trabajo, en un contexto en el cual casi 3 de cada 10 ocupados trabajan por encima de las 45 horas semanales.
Es decir, son trabajadores expuestos a un desgaste prematuro de su fuerza de trabajo a causa de la ultra explotación mediante jornadas extenuantes. El trabajo dignifica, pero no siempre. Tampoco lo es todo.
“Si se repartiera el excedente acumulado de horas trabajadas del total de sobreocupados y sobreocupadas, podrían liberarse 1,85 millones de ocupaciones y se resolvería el problema del desempleo. Si se acota el ejercicio a aquellos que se desempeñan en una relación de dependencia formal, el resultado sigue siendo contundente: se resolvería la mitad del desempleo”, puede leerse en un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP).
Menos Diez
El año pasado, el secretario de Trabajo, Julio Cordero – un quintacolumnista del Grupo Techint- introdujo la idea de que el Gobierno apuntaba a negociaciones salariales individuales por “mérito”. La diputada Romina Diez recogió el guante y presentó un proyecto de reforma laboral, que podría ser la base de la nueva iniciativa libertaria, junto a lo que ya se había planteado en el DNU 70/23 y lo dejado afuera en la Ley de Bases.
De acuerdo a un análisis realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre el proyecto de la legisladora Diez, la iniciativa modificaba el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales, es decir, se podrían establecer peores condiciones laborales en relación a las mejoras pactadas en los convenios colectivos de trabajo o en las negociaciones colectivas.
En relación a la duración de la jornada laboral y la creación de un banco de horas, “se le quita al trabajador la posibilidad de hacer horas extras y provoca que los empleados tengan incertidumbre sobre cuál será finalmente su jornada laboral no pudiendo planificar su vida familiar ni social”, explicaron desde el CEPA.
Otra modificación propuesta por Diez apunta a la reinstalación de los tickets canasta, una de las mayores estafas laborales desenmascaras por Héctor Recalde y el actual senador, Mariano Recalde.
“La reforma presentada con el discurso de modernización laboral plantea cambios que pueden beneficiar a los empleadores en términos económicos pero a costa de la seguridad y el bienestar de los trabajadores. Quedó cabalmente probado que luego de la reforma aprobada por el Congreso de la Ley Laboral, en lo que fue básicamente la eliminación de indemnizaciones agravadas por deficiente y nula registración, falta de pago oportuno de créditos laborales, y otras cuestiones, no se generó mayor empleabilidad”, concluyó el documento de trabajo elaborado por el CEPA.
¿Qué esperar entonces? Según el análisis de Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA – Autónoma, lo que se viene incluirá el intento de modificar la Ley de Contrato del Trabajo en favor de los empleadores; cambios sobre negociación colectiva afectando la ultractividad y promoviendo la descentralización (prevalencia de los convenios de ámbito menor); límites al ejercicio del derecho de huelga; debilitamiento de los sindicatos, cambios en el régimen jubilatorio; y mayores obstáculos para el reclamo judicial de los créditos laborales.
No hay negociación posible con una administración que pretenda reinstalar relaciones de sujeción y pauperización de la vida laboral. "Es un calco del DNU 70. Es la modificación del articulo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, dándole la posibilidad del empleador de modificar condiciones a su antojo sin que el empleado pueda iniciar una causa judicial. El principio de irrenunciabilidad es una modificación que introdujo Recalde y había sido suprimida por la dictadura militar. Creo que vendrá una reforma que generará una alteración de la negociación colectiva, algo bastante asimilable a lo que fue la Ley Banelco", concluyó Luis Palmeiro, abogado laboralista, representante de la Federación de Trabajadores de la Economía Social.
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