En medio del escándalo por las coimas denunciadas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), La Rioja informó que durante agosto el Gobierno nacional suspendió al menos 600 pensiones por discapacidad .
En diálogo con Nueva Rioja, la titular del Consejo Provincial para Personas con Discapacidad, Soledad Córdoba, la funcionaria aseguró: “En agosto en el Consejo recibimos aproximadamente 600 personas con suspensión de pensiones. Es demasiado preocupante la situación. No sé cuántos fueron a reclamar a ANSES, pero seguramente son muchas más personas”. En la actualidad, en la provincia existen unas 14.000 pensiones por discapacidad, con un beneficio mensual de $270.000 que incluye un bono.
Según Córdoba, muchas de las suspensiones se originaron porque las cartas documento enviadas por la ANDIS nunca llegaron a los domicilios de los beneficiarios. “Las personas no se enteraban de la auditoría y además la ANDIS no nos brindaba información para llegar a ellas”, explicó la funcionaria.
Cómo afectan las medidas de Nación a las personas con discapacidad
La funcionaria detalló que para recuperar el beneficio, los afectados deben realizarse nuevos estudios médicos, cuyo costo resulta elevado y difícil de afrontar tras la pérdida del sustento mensual. Además, aclaró que la restitución de la pensión no será retroactiva al tiempo en que la persona estuvo sin cobrar.
Otro punto crítico señalado es que, al suspenderse la pensión, los beneficiarios también pierden el acceso al programa Incluir Salud, que garantiza la cobertura médica y la provisión de medicamentos. Córdoba instó a que toda persona con discapacidad a la que se le haya suspendido o dado de baja la pensión se acerque a la sede del Consejo Provincial para Personas con Discapacidad, ubicada en el Centro Administrativo Provincial (ala sur, frente a la Residencia Oficial), para registrar su situación y recibir orientación.
Quintela brindará asistencia legal para familias afectadas
En un contexto de controversia nacional sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que incluye acusaciones de corrupción y auditorías que resultaron en la anulación de pensiones en todo el país, el gobierno riojano reaccionó ante la situación. A través de un anuncio en redes sociales, Quintela informó que que se instruyó al equipo legal del Gobierno para ofrecer asistencia y defensa a las familias riojanas que tienen sus pensiones revocadas.
Se describe la situación como una injusticia que deja a miles de personas en una posición de extrema vulnerabilidad y se pide una respuesta judicial para detener lo que se consideran políticas inhumanas. El mismo anuncio hace un llamado a los ministerios públicos y a la comunidad de abogados para que colaboren y se pongan al servicio de este colectivo, garantizando la defensa de sus derechos. Además, se remarca el compromiso de la provincia de no dejar solas a las personas con discapacidad y a sus familias, con el objetivo de garantizar la inclusión y proteger la dignidad de las personas.
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