En un fallo considerado histórico, la jueza federal María Belén López Macé ordenó al Gobierno nacional restituir de manera inmediata las pensiones por discapacidad en Formosa, suspendidas en el marco de auditorías implementadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La decisión fue comunicada en una conferencia de prensa realizada en la Defensoría del Pueblo provincial, donde el defensor Leonardo Gialluca detalló los pasos a seguir para que los beneficiarios regularicen su situación.
La resolución judicial llega en un contexto de fuerte ajuste y de creciente malestar social frente a la política de recortes del Gobierno de Javier Milei. Según Gialluca, las personas afectadas podrán concurrir a la Defensoría del Pueblo, de lunes a viernes, en los horarios habituales, así como a las Casas de la Solidaridad distribuidas en la capital y el interior provincial, donde recibirán asesoramiento sobre la documentación requerida y la manera de presentarla. “Es un derecho recuperado que debe ser defendido con información y acompañamiento”, subrayó.
El fallo es resultado de un amparo impulsado por la Asociación Camino Azul y acompañado por la Defensoría del Pueblo de Formosa, el Ministerio de la Comunidad y el diputado Hugo Arrúa. Allí se denunciaron las graves irregularidades cometidas durante las auditorías de la ANDIS, que en lugar de garantizar transparencia, se transformaron en un mecanismo de exclusión masiva.
La raíz del problema se encuentra en el Decreto 840/23, que reinstauró un criterio biologicista para la evaluación de pensiones, desestimando factores socioeconómicos. Esta normativa permitió la suspensión automática de beneficios y habilitó prácticas discriminatorias que fueron calificadas de inconstitucionales. Para los especialistas, significó un retroceso en materia de derechos humanos y una violación de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina.
En Formosa, el proceso se agravó por la falta de infraestructura institucional. Las notificaciones defectuosas, los plazos reducidos, la inexistencia de una sede de la ANDIS en la provincia y la sobrecarga de la ANSES generaron una situación de desamparo total. Personas sin acceso a internet, analfabetas o integrantes de comunidades originarias quedaron directamente fuera de todo trámite.
La jueza López Macé fue categórica al señalar que el aspecto presupuestario no puede imponerse sobre el derecho a la vida y a la salud. En su resolución remarcó que una pensión por discapacidad no constituye un privilegio, sino un derecho adquirido, y que su suspensión arbitraria afecta la subsistencia misma de los beneficiarios.
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El fallo tiene alcance en Formosa, pero su valor excede lo provincial. Marca un precedente que puede extenderse a otras jurisdicciones, limitando el avance de políticas de ajuste que se justifican en el déficit fiscal pero impactan directamente en los sectores más vulnerables. “La motosierra no puede pasar por encima de las personas con discapacidad”, fue una de las frases más repetidas durante la conferencia de prensa.
Más allá de los tecnicismos legales, el caso reveló un trasfondo profundamente inhumano. Según relataron familiares y asociaciones, en las auditorías de la ANDIS se llegó a plantear que solo las personas “postradas” deberían percibir una pensión. Esta mirada reduccionista desconoce la diversidad de las discapacidades y las múltiples formas en que condicionan la vida diaria.
La respuesta en Formosa fue contundente. La articulación entre el Estado provincial, la Defensoría del Pueblo y las organizaciones civiles permitió dar batalla en los tribunales y obtener un fallo que restituye derechos. “Este no es un triunfo de un dirigente ni de un juez: es un triunfo de la gente, para la gente”, afirmó Gialluca.
La Justicia otorgó un plazo de tres meses para que los beneficiarios puedan regularizar su situación administrativa. Ese tiempo, advirtieron desde la Defensoría, debe ser utilizado con responsabilidad y empatía, garantizando que ninguna persona con discapacidad vuelva a quedar expuesta a la arbitrariedad estatal.
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