Con el objetivo de mejorar la gestión del agua y disminuir el riesgo de inundaciones en cuencas sensibles, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó un nuevo sistema para identificar y sancionar obras hidráulicas no autorizadas. La iniciativa resulta especialmente relevante para localidades como Mercedes, donde durante años se señaló a los desagües irregulares en campos de la zona como factores que agravan los desbordes al volcar caudales de lluvia de manera descontrolada hacia el Río Luján.
La medida fue presentada por el ministro Gabriel Katopodis y apunta a erradicar los canales rurales clandestinos que aceleran el escurrimiento hacia áreas urbanas. El nuevo marco normativo busca ordenar estas prácticas y fortalecer la prevención. La Resolución 46/26 reemplaza regulaciones con más de dos décadas de vigencia y moderniza los controles a partir de dos herramientas centrales.
Por un lado, la Autoridad del Agua (ADA) podrá certificar la existencia de obras ilegales mediante imágenes satelitales en tiempo real, superando las limitaciones del sistema anterior basado en inspecciones presenciales. Por otro, se habilitará un formulario electrónico en el sitio web de la ADA para que vecinos puedan denunciar de forma ágil intervenciones sospechosas.
Sanciones y restitución del suelo
El procedimiento establece plazos acotados y consecuencias claras. Detectada la irregularidad, el propietario contará con cinco días para presentar su descargo. Si no acredita la legalidad, afrontará sanciones económicas por infracción a la Ley 12.257 y, cuando la obra afecte al Sistema Hidráulico Provincial, deberá desactivar el canal y restituir el terreno a su estado original, asumiendo los costos.
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Desde el Ministerio de Infraestructura señalaron que estas herramientas permitirán actuar de oficio no solo a la ADA, sino también a los municipios y a la Dirección de Hidráulica. Con este marco, se espera un control más estricto sobre los canales que descargan en la cuenca del Luján y una reducción del riesgo hídrico que históricamente impacta en las zonas más bajas.
Las consecuencias de la ilegalidad
El uso de canales de agua clandestinos genera graves desequilibrios hídricos que afectan tanto al medio ambiente como a la infraestructura rural. Estas obras, realizadas sin estudios técnicos ni autorización estatal, alteran el escurrimiento natural de las cuencas, lo que provoca inundaciones repentinas en campos vecinos y en cascos urbanos situados aguas abajo. Además de los daños a la propiedad privada, el exceso de agua no planificado deteriora la red vial secundaria.
Desde una perspectiva productiva y legal, esta práctica desencadena conflictos sociales entre productores y conlleva severas sanciones por parte de la Autoridad del Agua (ADA). El drenaje acelerado de humedales y lagunas para ganar tierras de cultivo reduce la capacidad de retención del suelo y degrada la biodiversidad local, afectando la recarga de acuíferos.
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