La Defensoría del Pueblo del Formosa denunció que el Ministerio de Economía de la Nación, por órdenes del presidente Javier Milei, utilizó las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley Base para eliminar lo que quedaba del PROCREAR, tras ordenar el cierre del Fondo Fiduciario. Además dejó en manos del Banco Hipotecario los créditos en ejecución y dispuso devolver a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), a cargo de Nicolás Alberto Pakgojz, las tierras destinadas a viviendas sociales.
La Defensoría denunció que Nación eliminó definitivamente los créditos, los cuales eran una herramienta fundamental que permitió a miles de familias acceder a una vivienda propia. Según el organismo, esto se realizó bajo el argumento de que este Programa representa una carga fiscal excesiva e insostenible para el Gobierno nacional y que la financiación de viviendas debe ser una función del Sistema Bancario Comercial, sin ninguna intervención directa del Estado.
El Ombdusman de Formosa, José Leonardo Gialluca, explicó que el Ministerio de Economía dispuso que la gestión de estos créditos esté bajo la administración del Banco Hipotecario, el cual firmará un contrato con el Estado nacional con iguales condiciones de retribución previstas en el fideicomiso original de 2012. Según trascendió, los titulares de los créditos mantendrán sus condiciones contractuales como el monto, tasa de interés, sistema de actualización y cronograma de pago.
El futuro de los PROCREAR
Confirmaron que los beneficiarios no verían alterados sus derechos ni obligaciones, y las cuotas pactadas seguirán vigentes bajo el mismo esquema, sin modificaciones unilaterales y sin alterar la seguridad jurídica de quienes accedieron de acuerdo con la normativa vigente a lo largo de estos años. Asimismo, la liquidación del fondo implica que la administración económica y legal de los créditos, cobro de cuotas, emisión de deuda y eventual renegociación, se mantendrá a cargo del Banco Hipotecario.
Además, la Secretaría Legal del Ministerio de Economía será responsable de resolver eventuales causas judiciales derivadas de la operatoria del programa. Una de las dudas más grades es qué pasará con las obras sin terminar, ya que la medida se concreta en el marco de 17.000 viviendas en desarrollo en distintos puntos del país, con diferentes grados de avance.
Por ello, se resolvió que la continuación y finalización de estos desarrollos urbanísticos quedará a cargo de las provincias, los municipios o del sector privado, lo que reduce la pluralidad del programa y las oportunidades que daba a todos los argentinos que participaban del sorteo. Asimismo, la AABE podrá recibir propiedades que no tengan contratos vigentes y gestionar la venta o cesión de los inmuebles. En el caso de terrenos o proyectos aportados por provincias o municipios, podrán acordarse devoluciones totales o parciales de los predios.
Otra de las aclaraciones es que las viviendas terminadas pero que aún no adjudicadas, se podrían incorporar al mercado inmobiliario por medio de ventas directas. Esto representaría un cambio significativo con respecto a la adjudicación vía sorteo que caracterizó al Procrear y la posibilidad de acceso que tuvieron los participantes.
En cuanto a los 85 proyectos urbanísticos del Procrear, que contempla edificios multifamiliares o viviendas tipo PH en predios estatales, estarán bajo la órbita provincial o municipal a partir de distintos convenios y esquemas de traspaso. Estas equivalen a unas 18.500 unidades.
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