La provincia de Formosa se encuentra en la antesala de un momento clave de su historia institucional: la reforma integral de su Constitución Provincial. Con elecciones convocadas para el próximo 29 de junio, donde se elegirán 30 convencionales constituyentes, los formoseños tendrán la oportunidad de debatir y definir las bases jurídicas, políticas y sociales que regirán el rumbo de la provincia en las próximas décadas.
En diálogo con el diario La Mañana, el diputado provincial justicialista Rodrigo Vera brindó detalles sobre la iniciativa, su metodología, sus fundamentos y los ejes centrales que guiarán el proceso. “La Constitución es el documento más importante que tiene un pueblo. Es la norma fundamental, de la que dependen todas las demás. Organiza al Estado, fija los derechos y deberes de los ciudadanos, establece controles y define las bases de la convivencia”, explicó Vera, al tiempo que recordó que la actual Carta Magna formoseña fue sancionada en 1957 y reformada en 1991 y 2003.
“Han pasado 22 años desde la última reforma y el mundo cambió radicalmente. La Argentina, el continente y nuestra vida cotidiana ya no son los mismos. Por eso, necesitamos una Constitución que mire al futuro, que contemple los cambios tecnológicos, sociales y económicos que atravesamos”, sostuvo.
Según indicó el legislador, la reforma no busca borrar lo construido, sino garantizar que los logros obtenidos por la provincia no puedan desmantelarse por decisiones políticas coyunturales. “Hay políticas públicas que nos posicionaron como referentes en salud, educación y administración financiera. Formosa es una provincia desendeudada, con superávit fiscal sostenido y con inversión educativa que nos coloca primeros en el país en las pruebas Aprender. Eso debe estar asegurado constitucionalmente para que ningún gobierno posterior lo borre de un plumazo”, afirmó.
Incorporación de derechos de cuarta generación
Uno de los aspectos centrales que busca abordar esta reforma es la ampliación del catálogo de derechos. Vera explicó que, además de los derechos civiles, sociales y colectivos ya consagrados, se impulsará la incorporación de los llamados derechos de cuarta generación: “Estos derechos responden a los desafíos del presente y del futuro. Hablamos del acceso universal a la conectividad, la tecnología y el conocimiento, que deben ser garantizados por el Estado para evitar que las desigualdades digitales profundicen las brechas sociales”, argumentó.
Asimismo, se plantea reconocer como derechos fundamentales el acceso al agua potable y a la energía, tomando como referencia la reforma constitucional impulsada por La Rioja en 2022. “El agua y la energía no pueden quedar libradas al mercado. Son condiciones básicas de ciudadanía. Si un gobierno deja de invertir en obras como el acueducto del desarrollo o en la diversificación energética, la mitad de la provincia puede quedar a la deriva. Por eso, esos proyectos deben ser causas provinciales”, indicó.
Otro de los ejes clave de la reforma será la inclusión de herramientas de control para el endeudamiento provincial, para proteger el equilibrio fiscal que ha caracterizado al modelo formoseño. “El superávit no puede ser solo una decisión política de un gobierno. Debe estar en la Constitución. También necesitamos reglas claras sobre cuándo, cómo y con qué controles se puede endeudar la provincia”, puntualizó Vera.
También se analiza constitucionalizar la responsabilidad indelegable del Estado en áreas como salud y educación, garantizando no sólo su continuidad, sino también su calidad. “No es solo garantizar el acceso. Es asegurar que haya inversión, infraestructura, personal capacitado y una planificación a largo plazo”, agregó.
El proceso constituyente: comisiones temáticas y debate público
Vera detalló que la reforma se realizará mediante una convención constituyente, de acuerdo a los mecanismos previstos por la propia Constitución provincial. Tras la aprobación de la ley de necesidad de reforma el año pasado, y la convocatoria a elecciones por parte del gobernador Gildo Insfrán, el siguiente paso será la conformación de la convención con los convencionales electos el 29 de junio.
Una vez proclamados, la convención comenzará a sesionar dentro de los diez días, trabajando por comisiones temáticas sobre salud, educación, producción, ciencia, ambiente, tecnología y otros ejes estratégicos. El plazo previsto es de 60 días, prorrogable por 30 más. El texto resultante deberá ser aprobado por mayoría y luego jurado por las autoridades del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, marcando el cierre formal del proceso.
“El pueblo de Formosa tendrá la oportunidad de protagonizar un momento histórico. Es la posibilidad de mirar hacia el futuro, de blindar nuestras conquistas y de garantizar que las generaciones que vienen encuentren una provincia organizada, equitativa, moderna y justa”, concluyó Vera.
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