Luego de haber derrotado a la oposición en las urnas el año pasado y haberse quedado con el pleno del Congreso, el presidente de El Salvador Nayib Bukele apuesta todo en su segundo mandato a recrudecer las prácticas represivas contra cualquier tipo de disidencia. Lo que empezó como una campaña contra las maras salvadoreñas, al menos en términos discursivos, alcanza ahora a ex miembros de su partido, líderes sociales e indígenas y organizaciones de derechos humanos.
Y si esto no era suficiente, la vuelta a la Casa Blanca del presidente Donald Trump le dio a Bukele un espaldarazo importante para acelerar aún más sus planes. Él a cambio le ofreció las instalaciones de su cuestionado Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) para que Estados Unidos pueda desterritorializar su política migratoria.
Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia.
El viernes, salió de El Salvador un avión con destino a Caracas con 252 migrantes venezolanos que habían sido deportados a la cárcel de máxima seguridad desde Estados Unidos en marzo pasado, acusados de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua que Trump declaró como "terrorista" apenas asumió. La megacárcel que Bukele inauguró a comienzos de 2023, y que en principio estaba destinada a albergar a pandilleros salvadoreños, se convirtió en un gran complejo de celdas en alquiler para que Trump se saque de encima un problema.
"Creo que algo que comparten Trump y Bukele es que son hombres de acción y ambos logran cambios en sus respectivos países", aduló Adam Boeheler, al enviado especial de Estados Unidos para rehenes ante un Bukele que no podía esconder su sonrisa después de haber cumplido con "éxito" su tarea. A cambio de los 252 migrantes venezolanos, el presidente Nicolás Maduro liberó a diez estadounidenses. "Gracias por ser un amigo incondicional para nuestro país y para nuestro presidente", agregó el enviado estadounidense en una pequeña ceremonia.
Un refuerzo desde el norte
"Después del triunfo de Trump vimos un cambio y un claro apoyo a las políticas represivas de Bukele", analizó el conversación con El Destape René Valiente, director de Investigaciones de Cristosal, una de las más importantes organizaciones salvadoreñas defensora de los derechos humanos. Cristosal anunció el cierre de su sucursal en El Salvador el jueves pasado, tras más de 25 años de trabajo por "la escalada represiva".
El repudio fue rápido y extendido. El relator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pablo Vaca, y las organizaciones Human Rights Watch (HRW) y la fundación Robert F. Kennedy Human Rights expresaron su preocupación y aseguraron que lo que pasa está pasando es "devastador".
El director de Investigaciones de Cristosal, que habló desde Guatemala a donde llegó el mes pasado, sostuvo que es evidente que desde el primer encuentro entre Bukele y Trump en abril y los posteriores con segundas líneas, entre los que también estuvo el dueño de X Elon Musk, el presidente salvadoreño apretó el acelerador. Y definió: "El miedo como instrumento es un elemento característico de ambos".
"En los primeros 15 días de mayo el Gobierno capturó con motivaciones políticas a 20 personas, entre los que había empresarios, dirigentes de asociaciones comunitarias y defensores del medio ambiente", explicó Valiente. Dentro de esa oleada fue detenida Ruth López, abogada y jefa del área Anticorrupción de Cristosal, quien continúa privada de su libertad desde entonces. HRW denunció que López es una prisionera "de conciencia", por motivos políticos y su labor como abogada de derechos humanos.
Bukele también mandó a reprimir una protesta en la comunidad local El Bosque que se movilizó hasta la casa presidencial para denunciar un desalojo. "Reprimieron la protesta y había ancianas y niños. La agresividad fue contra los líderes de la comunidad y esa noche capturaron a José Ángel Pérez, un pastor evangélico, agricultor, y líder muy importante", contó.
En el medio salió una investigación del prestigioso sitio web El Faro en la que un pandillero reveló las negociaciones con el Gobierno, una denuncia que también habían hecho en 2022. Estos testimonios ponen en juego la legitimidad de Bukele porque el régimen de excepción que prorroga cada 30 días desde 2022 tiene como fundamento la lucha contra las pandillas. Pero si los propios pandilleros afirman que en vez de persecución hay negociación, el relato pierde sustento.
"Bukele ya prorrogó 39 veces el régimen de excepción y cada vez usa argumentos más vagos, muy repetitivos y sin explicaciones", opinó Valiente. Según las investigaciones de Cristosal, desde marzo de 2022 hasta hoy se registraron más de 87 mil detenciones de las cuales muchas no fueron aun elevadas a juicio. No todos están en el Cecot. Sino que, peor aún, están en el sistema penitenciario ordinario, sobre el que no hay control de sus condiciones. Cristosal denunció que registraron al menos 350 muertes en las cárceles comunes a causa de torturas y privaciones de comida. "El Cecot es una puesta en escena para medios y funcionarios de Estados Unidos, es un lugar amenazante pero con cuidados", explicó.
Miedo y falta de garantías
Cuando el jueves pasado la organización defensora de los derechos humanos Cristosal anunció su salida de El Salvador provocó una rápida reacción otras organizaciones internacionales. Si bien quedan espacios como la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, el repliegue de Cristosal deja un vacío en uno de los peores momentos.
Según la última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, cerca del 60% de la población tiene miedo de opinar o protestar por las posibles represalias. "Esa cultura del miedo funciona como un mecanismo de control social", denunció la organización en el comunicado en el que anunciaron su salida. Acusaron a Bukele de haber "desmantelado" los principios básicos de la democracia y aseguraron que es la primera vez que en El Salvador "no hay garantías" para defenderse.
Parte de la estrategia de Bukele fue aprobar la ley de Agentes Extranjeros que impone multas, sanciones e impuestos que pueden llegar hasta los 250 mil dólares para aquellas organizaciones que reciban financiamiento del exterior. "Buscan asfixiar económicamente a las organizaciones que no se alínean con el Gobierno", explicó Valiente.
El combo de Bukele que suma represión, miedo y el silencio forzado de voces disidentes no sólo funciona, sino que además tiene de aliados a Estados Unidos y a un grupo de líderes de extrema derecha que ve en él un caso de éxito.
Cerrar sesión