El Gobierno de la Tierra del Fuego, encabezado por Gustavo Melella, presentó un proyecto de ley de "acuicultura sustentable" en la Legislatura provincial para permitir la producción de salmoneras a escala industrial. Este dictamen fue acompañado por cuatro firmas, entre ellas, el diputado provincial por La Libertad Avanza, Agustín Coto.
El espacio de La Libertad Avanza fue el primero que presentó una propuesta para realizar modificaciones a la Ley Provincial 1357, que había sido sancionada en el 2021 tras un levantamiento de los vecinos y activistas ambientales de la provincia, en la que impidieron la instalación de salmoneras.
Frente a la acción del bloque libertario en la legislatura, sectores ambientalistas y ciudadanos opositores interpretaron que no iba a tener mucha proyección dentro de la Cámara. Pero frente a la propuesta del nuevo proyecto de ley oficialista, el escenario social se tensó ya que podrían reunir los votos suficientes.
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El Destape intentó dialogar con el secretario de Pesca de Tierra del Fuego, Carlos Cantú, en representación del gobierno provincial, pero desde su área respondieron que, por el momento, “no están dando notas”.
Mientras para algunos sectores se presenta a la salmonicultura como una oportunidad de desarrollo productivo, en la práctica, el mayor atractivo social se concentra en la promesa de empleo. Sin embargo, la experiencia de Chile, país con casi cuatro décadas en esta industria, demuestra que la generación de puestos de trabajo fue mucho más acotada de lo que suele anunciarse, lo que enciende las alertas sobre el riesgo de alimentar falsas expectativas en la población local.
Ley Provincial 1357
En julio del 2021, la organización de activistas ambientales y vecinos de Tierra del Fuego lograron sancionar en la Legislatura provincial una ley que prohíbe la producción de salmones a gran escala. El espíritu de la ley tenía como objetivo preservar el ambiente, ya que solo permite la producción de los mismos por fuera de ríos, mares y lagos. Del mismo modo no pueden producir más de 50 toneladas. Esto fue visto con buenos ojos también desde el sector acuicultor ya que no afectaría a los productores que ya estaban instalados en la provincia y a los propios pescadores que realizan su trabajo artesanal.
Qué dice el nuevo proyecto
A mediados del 2025, el bloque de La Libertad Avanza de Tierra del Fuego presentó un proyecto impulsado por los legisladores Agustín Coto y Natalia Gracianía. Estas modificaciones habilitaban la explotación en ríos, lagos y mares, exceptuando el canal Beagle. Del mismo modo, prometían supuestos estándares ambientales, control estatal, vigilancia sanitaria, uso de tecnologías modernas.
Por otro lado, el oficialismo provincial busca reemplazar la ley vigente con un nuevo marco desde la “acuicultura sustentable”. La idea es moderar la prohibición actual para permitir alguna explotación bajo regulaciones más estrictas.
Cabe destacar que integrantes que en la actualidad acompañan el nuevo proyecto impulsado por el oficialismo, en el 2021 celebraba la sanción de la ley vigente que prohíbe la producción de salmones a gran escala, en la que se destaca la vicegobernadora, Mónica Susana Urquiza.
Con perspectiva de producción
Desde el sector industrial evalúan que la salmonicultura es un potencial de desarrollo viable ya que por características ambientales y temperaturas de las aguas de la provincia de Tierra del Fuego, no requiere la misma cantidad de bactericidas como sucede en Chile. En este país, el exceso de antibioticos generó un crecimiento exponencial de producción de algas y un impacto de crecimiento sobresaliente en flora y fauna.
Por su parte, contraargumentaron la importancia de generar en el ambito productivo espacio de contención para las especies, tales como espejos de agua, con el mantenimiento adecuado para evitar potencial derrame hacia ambientes naturales acuáticos.
La mirada ambiental sobre el debate de las salmoneras
En diálogo con El Destape, la doctora Nancy Fernández, docente de la Universidad de la Tierra del Fuego, y presidenta de la asociación ambiental Manekenk, expresó que este tipo de proyectos suelen presentarse como atractivos en la perspectiva ambiental: “Lo que realmente deja fondos a las provincias son las plantas procesadoras, que solo están en los puertos. Ellos dicen que no quieren instalarlas en Ushuaia, pero en Río Grande no hay puerto. Esto seguramente se vaya por Punta Arenas (Chile)”.
Según la docente universitaria, el salmón necesita hasta 36 meses para ser comercializado, lo que solo demandaría 5 puestos de trabajo. “Le están diciendo a la gente que con esto van a conseguir trabajo. Con casi 40 años de desarrollo, Chile tiene 21 mil empleos en todo el país, y tiene 1.500 concesiones. Son solo 10 personas por concesión”, expresó Fernández, y detalló: “A mi lo que me molesta es que jueguen con la ilusión de la gente. Les hacen creer que si lo despiden en una fábrica, que cobran hasta 3 millones de pesos, va a poder trabajar en una salmonera, cuando en Chile no superan los 300 dólares mensuales el salario”.
Desde el sector ambientalista no solamente destacan la importancia del cuidado ambiental y el vínculo que Tierra del Fuego tiene con la naturaleza, sino reconocen y ponen en valor la dimensión identitaría que significa esta para todos los habitantes fueguinos.
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