La Legislatura de La Rioja avanza con un proyecto de ley que propone un innovador esquema de financiamiento para fortalecer la seguridad pública: la creación de una tasa contributiva que se incluirá en las facturas del servicio eléctrico para sostener el Sistema Integral de Videovigilancia para la Seguridad Ciudadana (SIVSEC-LR). La iniciativa contempla la instalación de al menos mil cámaras en puntos estratégicos de la ciudad capital.
El sistema, que estará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, prevé la creación de un Centro de Monitoreo y Operaciones (CMO), el almacenamiento seguro de imágenes y protocolos de actuación específicos para las fuerzas de seguridad. El objetivo es reforzar la prevención del delito, mejorar la capacidad investigativa judicial y aumentar la percepción de seguridad de la ciudadanía.
Según el texto legislativo, el sostenimiento del SIVSEC-LR estará garantizado por una tasa mensual fija, de bajo impacto económico, que será percibida junto con la factura de electricidad. Los fondos recaudados tendrán una asignación específica y exclusiva para financiar la instalación, mantenimiento y actualización tecnológica del sistema. La empresa distribuidora de energía actuará como agente de percepción.
En cuanto a la protección de los derechos individuales, el proyecto enfatiza que todo el sistema se ajustará a la Ley Nacional de Protección de Datos Personales N.º 25.326 y la legislación provincial vigente. Queda expresamente prohibida la captación de imágenes en espacios privados sin orden judicial, así como su uso para fines no autorizados o su cesión a terceros. Además, las grabaciones se conservarán por un máximo de 60 días, salvo requerimiento judicial.
El proyecto incluye una campaña de información pública sobre los alcances del sistema y su financiamiento, y promueve la adhesión del municipio capitalino, así como la firma de convenios con organismos públicos y privados para ampliar su implementación.
Desde el oficialismo provincial, sostienen que se trata de una respuesta concreta ante la creciente demanda social por mayor seguridad. “La seguridad es una responsabilidad indelegable del Estado y una prioridad para la ciudadanía. Este sistema busca no solo brindar protección, sino también construir un entorno más seguro y solidario para todos los riojanos”, concluye el texto.
La iniciativa, que ya genera debate en distintos sectores, será tratada en las próximas sesiones legislativas, marcando un paso clave hacia un nuevo modelo de seguridad basado en tecnología, coordinación institucional y financiamiento sustentable.
Una provincia comprometida con la seguridad
En el acto por el 434° aniversario de la Policía de La Rioja, un reciente informe del Ministerio de Seguridad de la Nación registró que la provincia cuenta actualmente con la tasa de homicidios dolosos más baja del país, con un caso cada 100 mil habitantes. Según expresaron desde el Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos de La Rioja, estos números se debe al alto compromiso que tiene el Gobierno provincial con la seguridad.
En el acto, el ministro de la cartera de seguridad, Miguel Ángel Zárate, puso en valor el compromiso de la fuerza con la construcción de una sociedad más justa, pacífica e inclusiva. "Desde sus inicios, la Policía de la Provincia ha sido garantía para los ciudadanos en la lucha contra los problemas estructurales de la sociedad, contra las violencias, contra los delitos; y representa la garantía de protección de la vida y de los bienes de todos los ciudadanos", remarcó Zárate.
En esa línea, desde el Gobierno Provincial se concibe la seguridad como un derecho fundamental y destacó que desde el inicio de la gestión del gobernador Ricardo Quintela se profundizó en "la construcción de un sistema integral de seguridad que brinde garantías a los ciudadanos", y explicó que "en ese sistema, siempre se busca que todos y todas se sientan parte de la construcción de una sociedad segura y en paz, para que cada ciudadano vuelva tranquilo a su hogar".
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