A través del Decreto 534/2025, el presidente Javier Milei oficializó el pasado lunes el veto a las tres leyes aprobadas el pasado 10 de julio en el Congreso de la Nación, las cuales otorgaban un aumento a las jubilaciones y pensiones, restituía la moratoria previsional y declaraba la emergencia nacional en discapacidad. En ese marco, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, sumó su repudió frente a la decisión del Gobierno nacional.
En su cuenta personal X (ex Twitter), Quintela denunció: "Son afrentas directas del Gobierno nacional contra el pueblo argentino". "El presidente veta por desprecio. Desprecia a nuestros jubilados, a las personas con discapacidad, a los estudiantes, a los docentes, a las provincias. Desprecia todo lo que representa comunidad, derechos, justicia social".
Mientras que el Presidente libertario expresó que estas leyes fueron aprobadas con "graves irregularidades" en su tratamiento legislativo, y que fue en un contexto de “creciente presión electoral”, Quintela manifestó su propia lectura política: "Vetar el acompañamiento a los sectores más vulnerables, en nombre de una supuesta "pureza fiscal", no es austeridad, es un acto absoluto de inhumanidad. Un gobierno que se declara libertario pero que utiliza el poder para castigar, no es liberal: es tiránico".
Asimismo, hizo referencia al modelo político que defiende y promueve Milei. "Hoy no estamos discutiendo modelos económicos, discutimos valores. Milei está dinamitando la dignidad, la memoria social y el contrato democrático. Cada veto es una herida que se abre en el cuerpo de la Patria", reflexionó Quintela, y repreguntó: "¿Qué país puede sobrevivir si se le niega el derecho a envejecer con dignidad, a estudiar, a recibir acompañamiento frente a una discapacidad? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que nos gobiernen con odio, con desprecio, con indiferencia?".
Del mismo modo describió el estado que atraviesan las distintas áreas claves para el desarrollo de una Nación tales como la salud, la educación, y empleo: "En todo el país se siente el hartazgo. Se ve en las aulas vacías, en las farmacias sin cobertura, en los hogares donde no alcanza para un plato de comida, en el desempleo creciente. Milei está achicando el alma de la Nación, no solo el Estado".
Es por eso que Quintela posicionó a la provincia en las antípodas políticas del Gobierno libertario y llamó al Congreso nacional a que esté a la altura de los más de 47 millones de argentinos: "Desde La Rioja, no vamos a quedarnos callados. No aceptamos este modelo de maltrato institucional. No nos vamos a arrodillar ante los vetos. Donde el Gobierno nacional se borra, las provincias deben dar un paso al frente. Y el Congreso debe reflexionar y actuar desde la empatía con el argentino de a pie".
"Convocamos a todos los sectores democráticos, políticos, sociales y sindicales a no naturalizar la crueldad. A no resignarse al castigo. A levantar la voz con fuerza, con coraje, y sobre todo con amor por la gente. Porque este país no se construyó con odio. Se construyó con educación pública, con jubilaciones dignas, con políticas de inclusión, con paritarias. Y no vamos a permitir que eso se borre con un tuit ni con un decreto", exclamó el Gobernador. "El futuro de la Argentina debe escribirse con humanidad, con respeto y con justicia social", concluyó el mandatario provincial.
Cómo fue el veto presidencial
La medida fue oficializada a través del Boletín Oficial y anula las normativas aprobadas el pasado 10 de julio en el Congreso. Las leyes vetadas contaron con amplio respaldo legislativo, y proponían un aumento del 7,2% para todos los haberes jubilatorios y pensiones (excepto regímenes especiales); a suba del bono previsional de $70.000 a $110.000, con actualización por inflación. También hacían la reincorporación de la moratoria previsional por dos años.
Por otra parte, la ley que declaraba la emergencia nacional en discapacidad aplicada hasta 2026, ofrecía la creación de una pensión no contributiva compatible con el trabajo formal. Además, las actualizaciones automáticas de aranceles y compensaciones para prestadores del sistema. Según cálculos oficiales, estas medidas implicarían un aumento del gasto público del 1,68% del PBI en jubilaciones, y más de $2 billones en 2025 y $4,7 billones en 2026 para el sistema de discapacidad.
La sesión de la Cámara de Diputados prevista para el miércoles 6 de agosto será clave. El oficialismo confía en tener los votos necesarios para sostener el veto, evitando que se alcance la mayoría de dos tercios requerida para rechazarlo.
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