El defensor del Pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca, advirtió a la población tras la decisión del Gobierno nacional de disolver la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), formalizada mediante el Decreto N.º 461/2025 firmado por el presidente Javier Milei. La medida, que también elimina organismos clave como la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito, fue calificada por el funcionario como “una pésima gestión” que deja al país sin planificación vial, sin mantenimiento de rutas y con graves consecuencias para las provincias más postergadas, como Formosa.
“Cerrar organismos sin construir alternativas es abandonar a más personas en rutas nacionales destruidas”, aseguró Gialluca, remarcando que desde diciembre no se destinó "ni un solo peso" a obras viales. La situación genera un escenario de creciente deterioro de la red nacional y de riesgo para quienes transitan rutas ya colapsadas.
Desde el Distrito 22 de Vialidad Nacional en Formosa, el ingeniero Hernán Ramis confirmó que no recibieron instrucciones oficiales desde la sede central. En consecuencia, las tareas se limitan a lo estrictamente básico, mientras los subcampamentos de Clorinda, Las Lomitas y Fontana intentan sostener mínimas operaciones. El clima interno, según trascendió, es de tensión e incertidumbre ante un futuro laboral incierto.
La situación es aún más delicada considerando que la Justicia Federal ya había ordenado a la DNV realizar tareas urgentes de bacheo, sellado de grietas y limpieza de banquinas en rutas claves de la provincia, como la 11, 81, 86 y 95, en un plazo de 90 días.
Gialluca no limitó sus críticas al Poder Ejecutivo. Apuntó también al Congreso de la Nación por haber habilitado el avance de estas medidas a través de la aprobación de la Ley Bases, que otorgó facultades extraordinarias a Milei. En especial, cuestionó el rol de legisladores como Miguel Ángel Pichetto y el bloque de Innovación Federal, integrado por representantes de provincias justicialistas como Misiones y Salta.
En el caso de Formosa, el diputado Fernando Carbajal se abstuvo de votar, lo que también fue cuestionado por el defensor del Pueblo. “Los representantes de las provincias deben defender los intereses de sus pueblos, no legitimar un modelo que los abandona”, afirmó.
Según el análisis presentado por Gialluca, el 41% de las rutas pavimentadas ya estaban en mal estado a comienzos de 2024, y con la paralización de fondos y proyectos, ese porcentaje crece día a día. La red vial nacional, de casi 40.000 kilómetros, está en un estado de franco deterioro.
A pesar de ello, el Gobierno nacional decidió avanzar con un modelo de concesión privada que, a través del Decreto 28/2025, entregará 9.154 kilómetros a empresas privadas. El resto de las rutas quedará completamente desprotegido, sin mantenimiento ni inversión. “Esto profundiza la desigualdad territorial, aísla pueblos enteros y pone en riesgo la producción regional y el acceso a servicios básicos”, advirtió.
Además, alertó que el incremento de peajes encarecerá el transporte, los alimentos y la movilidad cotidiana de miles de argentinos. “Viajar será un privilegio, y circular libremente, un lujo reservado a quienes puedan pagarlo”, sentenció Gialluca.
En su advertencia final, el defensor del Pueblo fue categórico: “Lo que se pierde no es solo asfalto. Se pierde soberanía territorial, cohesión social y la posibilidad de imaginar un país conectado”. Y concluyó: “La eliminación de Vialidad Nacional es una señal clara de que el Estado se retira de sus obligaciones. Pero en provincias como la nuestra, eso significa quedarse solos frente al abandono”.
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