Por primera vez desde la vuelta de la democracia, procesaron en Chile a cinco ladrones de bebés durante la dictadura de Augusto Pinochet. Fuentes oficiales lo definieron como "un fallo sorpresivo" dado que hasta ahora ningún juez había logrado comprobar la existencia de una sistema de adopciones ilegales durante el pinochetismo.
La prisión preventiva la ordenó el juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Aguilar Brevis. Las cinco personas están acusadas de "asociación ilícita, sustracción de menores y prevaricación dolosa en la adopción irregular de dos menores de edad de la comuna de San Fernando, que fueron entregados a matrimonios extranjeros", según lo indicó el lunes el Poder Judicial en un comunicado al que accedió la agencia DeustcheWelle.
El magistrado acreditó que en la década de los ochenta existió en la ciudad de San Fernando, que está ubicada a 135 kilómetros al sur de Santiago, "una red integrada por abogados, sacerdotes de la Iglesia Católica, miembros de organizaciones sociales, funcionarios de salud y una jueza", que tenía como fines y objetivos "detectar y entregar en adopción a menores de edad" a parejas extranjeras "previo pago de montos de dineros que podrían llegar hasta los 50.000 dólares", apuntó el comunicado.
La líder de la supuesta red era Ivonne Gutiérrez Pavez, quien era la titular del Juzgado de Menores de San Fernando y quien actualmente está residiendo en Israel. El juez Brevis ya le solicitó a la Corte Suprema de Justicia la extradición de la acusada, en virtud del Convenio Europeo de Extradición, que incluye al Estado de Israel y que acaba de entrar en vigor, según dejaron correr fuentes oficiales.
La salida de los menores al extranjero se hacía de dos maneras: mediante entrega de la tutela de los pequeños a un tercero, para que pudiera viajar y ser adoptado bajo las leyes del país de destino; o por inscripción en el Registro Civil de un falso certificado de defunción del bebé, para luego ser inscrito por los padres adoptivos como propio en otro país.
La sustracción de menores durante el pinochetismo, una deuda de la democracia
Las primeras denuncias por el robo de bebés salieron a la luz en 2014, pero no fue hasta 2018 cuando la Justicia chilena abrió la investigación sobre "uno de los episodios más oscuros de la dictadura", tal como lo definieron los investigadores en el tema.
Sin embargo fue recién en 2022 que el tema tomó relevancia, cuando el recién asumido presidente Gabriel Boric lanzó un plan piloto para localizar a víctimas de adopciones ilegales y aclarar las irregularidades cometidas durante el régimen de Pinochet.
De acuerdo a las cifras que publicó el Poder Judicial, alrededor de unos 20.000 menores chilenos fueron adoptados en condiciones de nula transparencia por familias extranjeras durante el gobierno del dictador, de los cuales sólo 1.000 se pudieron reencontrarse con sus familias. Serían más de 50.000 familias las afectadas por el robo sistemático de menores durante la dictadura.
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