Estados Unidos anunció este lunes que congelará parte de su financiamiento a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y su ayuda financiera a los territorios palestinos ocupados si Palestina obtiene estatus pleno en la ONU o impulsa acciones judiciales contra Israel. La medida, incluida en el paquete presupuestario 2026, refuerza el alineamiento de Washington con Tel Aviv en pleno conflicto en Medio Oriente.
En el proyecto presupuestario para 2026, Estados Unidos estableció que retendrá el 10% de su financiamiento a la ONU y a sus agencias si no se cumplen una serie de condiciones vinculadas, centralmente, al tratamiento que recibe Israel en los organismos multilaterales. Según el texto oficial, ese porcentaje quedará congelado a menos que el secretario de Estado certifique que la ONU está dando “pasos creíbles” para combatir lo que la Casa Blanca define como un “sesgo anti-israelí” en su funcionamiento interno.
Uno de los puntos más sensibles del proyecto establece que ningún fondo estadounidense irá al Consejo de Derechos Humanos de la ONU mientras Israel siga siendo un tema permanente de su agenda. Washington exige que ese organismo modifique su estructura interna si quiere seguir recibiendo dinero norteamericano. Además, el secretario de Estado deberá presentar, antes del 30 de septiembre de 2026, un informe detallado sobre las resoluciones adoptadas por ese Consejo en relación con Israel y las respuestas institucionales frente a ellas.
Para la diplomacia estadounidense, se trata de una manera de “equilibrar” el tratamiento que recibe Tel Aviv, aunque para amplios sectores de la comunidad internacional y de organismos humanitarios estas exigencias consolidan una política de excepcionalidad en favor del aliado israelí, que ocupa militarmente los territorios palestinos desde 1967 y, según múltiples denuncias, está cometiendo un genocidio en este momento en la devastada Franja de Gaza.
El paquete presupuestario también condiciona la asistencia directa a los territorios palestinos. Estados Unidos prohibirá cualquier financiamiento que pueda terminar beneficiando a integrantes de Hamas, a funcionarios de la Autoridad Palestina en Gaza o a entidades que, según Washington, estén involucradas en actividades consideradas terroristas.
El punto más delicado del proyecto es político y simbólico: si Palestina obtiene el mismo estatus que los Estados miembros en Naciones Unidas o logra la membresía plena, Estados Unidos cortará automáticamente toda asistencia destinada a Cisjordania y Gaza. La misma sanción se aplicará si las autoridades palestinas impulsan investigaciones ante la Corte Penal Internacional contra ciudadanos israelíes por presuntos crímenes cometidos contra palestinos.
El respaldo del Congreso a Israel
En paralelo a estas disposiciones presupuestarias, dos congresistas estadounidenses, Mike Lawler y Jared Moskowitz, presentaron esta semana el proyecto denominado Stand with Israel Act of 2025, que refuerza la línea política adoptada por la Casa Blanca.
La iniciativa, de carácter bipartidista, busca impedir que Estados Unidos financie a la ONU si Israel fuera expulsado de manera “ilegal” de alguno de sus órganos. “Estados Unidos no debería financiar instituciones que discriminen a nuestros aliados”, afirmó Lawler, mientras que Moskowitz sostuvo que los dólares de los contribuyentes no deben servir para legitimar acciones que apunten contra Israel.
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