Costa Rica elige presidente entre la abstención electoral y el fantasma del modelo Bukele

Costa Rica elige presidente este domingo con una veintena de aspirantes en carrera y probabilidades de un fuerte ausentismo electoral. Dado que el país centroamericano no permite la reelección presidencial, el mandatario saliente Rodrigo Chaves busca dar continuidad a su proyecto político con la candidatura de la ex ministra Laura Fernández, quien lidera ampliamente las encuestas. Los costarricenses llegan a las urnas en medio de un fuerte debate por los casos de inseguridad, una agenda que Fernández maneja con solidez y para la que ofrece mano dura, y con la discusión económica marginada de la agenda a pesar de que el 30% de la sociedad está bajo la línea de pobreza. Los analistas consultados por El Destape creen que los altos niveles de indecisión, que podrían traducirse en ausentismo, están directamente vinculados a ese porcentaje de la sociedad que está caído del sistema. 

De acuerdo a las últimas encuestas del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR), Fernández, que se presenta con el sello del derechista Partido Pueblo Soberano está primera en intención de voto con el 40%, seguida por el socialdemócrata y también exfuncionario de Chaves, Álvaro Ramos, candidato del Partido Liberación Nacional, que sacaría apenas el 8%. En tercer lugar figura la ex primera dama Claudia Dobles de la coalición izquierdista Agenda Ciudadana, que reuniría el 5%, mientras que el podio de cuatro lo cierra el académico Ariel Robles del progresista Frente Amplio, que tendría el 4% de apoyo. Los otros 16 candidatos no alcanzan el 2% y, si se mantienen estos números, habría segunda vuelta. 

La agenda estuvo marcada por la discusión sobre seguridad dada la crisis interna que enfrenta el país centroamericano: tiene más de 900 homicidios al año, de los cuales el 70% están ligados al narcotráfico y el 80% ocurren por el uso de armas de fuego, cuyo uso está permitido por ley para los mayores de 18 años. A esto se suma la visita que hizo Nayib Bukele hace poco, invitado por el presidente Chaves, para supervisar junto a Laura Fernández las obras en el Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (CACCO), la futura cárcel costarricense y versión local del CECOT salvadoreño, el penal de máxima seguridad que Bukele abrió en su país en 2023. Hubo quienes tomaron la visita de Bukele como un acto de respaldo proselitista, incluso un ciudadano presentó una denuncia ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para pedir la cancelación de la visita. El TSE rechazó ése recurso bajo el argumento de que la presencia de un mandatario extranjero "no puede traducirse en intervención política".

La cuarteta de principales candidatos enfocaron sus campañas en este tema. Mientras que Fernández promete conservar el programa y la retórica de Chaves, con la premisa de duplicar la mano dura y combatir la delincuencia a punta de pistola, con penas carcelarias más duras y la declaración de estados de excepción, Ramos propone triplicar la cantidad de policías en la calle y más articulación entre las fuerzas de seguridad. Por otro lado Dobles impulsa una reforma integral de las fuerzas, con el reordenamiento y la separación de funciones de la dirección de inteligencia interna con la policía civil, a la par que Robles repudia el punitivismo y ofrece soluciones ligadas a la prevención y a aumentar el presupuesto en educación.

Ante la imposibilidad de presentarse nuevamente como candidato, Chaves desplegó tácitamente su apoyo en Laura Fernández, candidata del Pueblo Soberano, un partido que nació como escisión del oficialista Progreso Social Democrático (PSD), que llevó a Chaves al poder. El PSD presenta a la diputada Luz Mary Alpízar Loaiza como candidata, con quien Chaves se peleó y no pretende respaldar pese a ser de su fuerza política.

Abstencionismo, polarización, inseguridad y economía desigual: síntomas de una sociedad agotada

Costa Rica históricamente fue un país con un abstencionismo en torno al 20% del padrón, techo que se rompió en 1998 cuando subió al 30%. Desde entonces la suma de votos blancos y nulos no paró de subir hasta el 2006 cuando alcanzó un pico del 34,8%, que luego se convirtió en el promedio. Este año podría haber una nueva suba, con las encuestas previas estableciendo un 32 % de indecisos para elegir presidente y un 46% para la boleta parlamentaria.

“Costa Rica hace años que es víctima de la crisis de representación que tienen las democracias occidentales. El ausentismo crece en la misma medida que la figura de los partidos políticos se desgasta en el país. Y el presidente Rodrigo Chaves supo usar el manualillo del populismo a su favor: acusó de casta a los partidos en el Parlamento y los señaló de no dejarlo gobernar, mostrándose como el salvador de la crisis. Por eso la gente lo respalda tanto y hay más deseos de votar a un presidente que a un diputado”, explicó a El Destape el coordinador del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR), Rotsay Rosales.

“Chaves hoy tiene una fractura muy importante en su base política. Tiene una minoría minúscula en la Asamblea Nacional y tuvo que recurrir a Laura Fernández como heredera, quien jugará la carta oficialista pero con otro nombre, como cabeza de Pueblo Soberano”, indicó Rosales.

Una mirada complementaria sobre este asunto la dió la socióloga costarricense Montserrat Sagot. En diálogo con El Destape, explicó que si bien los sondeos del CIEP por ahora hablan de indecisión, “no se sabe realmente cómo se va a traducir eso en un ausentismo real”. “El ausentismo crece en Costa Rica desde hace algunas décadas. Cada año es más alto. Y eso tuvo que ver, entre otras cosas, con el deterioro del estado de bienestar y con la promesa incumplida de los últimos gobiernos de combatir la pobreza y la desigualdad. Se puede ver en algunos informes que, conforme ha ido aumentando la desigualdad en el país, también aumentó la abstención electoral”, agregó Sagot sobre este punto.

Ambos coinciden en que el crecimiento de los indecisos se relaciona con los gestos del presidente Chaves en su accionar político. Sagot asegura que el actual presidente “logró mover las emociones de un importante sector de la población, culpando a los políticos y partidos tradicionales de sus desventuras, construyendo una narrativa de que 'los políticos tradicionales son élites corruptas' que se aprovecharon de su paso por los gobiernos y no atendieron las necesidades de la población. Es el mismo discurso de otros líderes populistas autoritarios de la región. El guión es el mismo”.

“Él mantuvo su política populista de la campaña electoral permanente. No se dedicó a gobernar y mantuvo números rojos en prácticamente todo. Abandonó la seguridad, dejó la caja de seguridad y seguro social en pésimas condiciones, no cumplió con nada en materia de medioambiente… Pero la respuesta es simple: como todos los populistas, su interés no es el de demostrar datos sobre logros concretos y específicos, sino mantener activo un ambiente de confrontación con la polarización social y política, un elemento clave y estratégico del populismo”, explicó Rosales a este portal.

La economía, el eterno pendiente de los gobiernos costarricenses

La economía de Costa Rica está fuertemente apoyada en el turismo, la agricultura y la exportación de equipos electrónicos, sectores que sostuvieron el crecimiento del país en las últimas décadas. Entre 1950 y 1980, el país logró una reducción significativa de la pobreza gracias a un modelo de desarrollo con fuerte presencia del Estado, enfocado en el mercado interno y en la consolidación de una robusta institucionalidad en áreas como educación, salud, electrificación y acceso al agua.

Sin embargo, aunque la economía y la riqueza nacional continuaron creciendo, la reducción de la pobreza se desaceleró a partir de los años 80 y se estancó hacia fines de la década del 90. Actualmente, la pobreza afecta a entre el 20% y el 22% de la población. La crisis financiera global del 2008 provocó una fuerte desaceleración: 2,6% en 2008 y una caída de -1,1% en 2009, seguida de una recuperación moderada del 4% en 2010 y una proyección del 4,5% para 2011.

En el plano financiero internacional, Costa Rica mantiene una relación estrecha con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El Directorio Ejecutivo aprobó recientemente un acuerdo de dos años bajo la Línea de Crédito Flexible (LCF) por DEG 1.108,20 millones, equivalentes a unos US$ 1.500 millones (300% de la cuota del país). Según el FMI, Costa Rica cuenta con "fundamentos económicos sólidos", aunque advierten sobre la vulnerabilidad del país a los shocks externos, como la desaceleración global, el endurecimiento financiero y el aumento del precio del petróleo, por lo que la LCF funcionará como un respaldo precautorio ante eventuales escenarios adversos.

"El modelo económico de Costa Rica es el mismo de hace 35 años, el que impuso el Consenso de Washington de 1989. Jamás estuvo en discusión por ninguno de los gobiernos posteriores. Ése modelo creó un estado de exclusión de normas mayores y convirtieron su discusión sólo en una disputa política entre élites económicas, todas ellas vinculadas al modelo neoliberal", explicó Rosales a este medio.

Y para Sagot, justamente ese estado de exclusión es el que aleja, en parte, a la gente de querer ir a las urnas. "Hay un sector muy interesado en la campaña, que sigue los debates, discute en redes y que se acerca a las actividades de los partidos. Pero el 40 % al que no le interesa la campaña ni las elecciones, probablemente estén más preocupados por la sobrevivencia diaria y que por las promesas electorales vacías. Esta es la gente de más bajo nivel educativo, más joven, las mujeres jóvenes y las personas que viven en las zonas costeras y fronterizas", indicó la socióloga.

"El grupo más vocal y visiblemente muy preocupado por la deriva autoritaria del actual gobierno, y por lo que sienten como amenaza a las instituciones democráticas que han caracterizado al país, son las personas de mayor nivel educativo, intelectuales, artistas e integrantes de los partidos políticos tradicionales", agregó la especialista.

Bukele, un posible héroe a ojos del pueblo costarricense

Aunque la falta de respuestas económicas impacta en los sectores trabajadores, sobre todo en mujeres y jóvenes, la cuestión de la inseguridad es la que más peso gana en el común de la gente. La suba de asesinatos que vivió Costa Rica entre 2023 y 2024 tiene en vilo a la población, que exige soluciones rápidas y efectivas.

El presidente Chaves, aunque no ejecutó ninguna política real en este sentido, buscó un acercamiento simbólico con el presidente salvadoreño Nayib Bukele en su narrativa contra la inseguridad. Asistió a su asunción en 2024 cuando fue reelecto y lo frecuentó en elogios y mensajes hasta que, hace 15 días, lo invitó al país para recorrer lo que será la cárcel CACCO en el estado de Alajuela, al norte del país.

“Hasta el 2019, Bukele era un dictador más del montón para los costarricenses. Cuando en 2022 el presidente Chaves asume y lo empieza a reivindicar, Bukele gana popularidad dentro de la población. Aunque muchos cuestionan sus métodos violentos, se le valora la efectividad”, alertó Rotsay Rosales en este punto.

Quiénes son los principales aspirantes a la presidencia y qué proponen

Laura Fernández

Laura Fernández Delgado es una politóloga y ex ministra del propio Chaves que estuvo a cargo de las carteras de Planificación Territorial y de Presidencia entre 2022 y 2025, cuando renunció para lanzarse a la carrera presidencial en julio del año pasado. Aunque va por partido propio, se presenta como la sucesora del presidente Chaves y busca acercarse a su electorado afirmándose como “enemiga de la casta y la corrupción”, de la misma forma que lo hizo el actual presidente en 2022.

Entre otras cosas, propone vender el Banco Nacional de Costa Rica y modificar el código penal con penas más duras contra el crimen organizado y el narcotráfico, vendiéndose como una complementaria del presidente Chaves. Quiere además crear un “Centro de Control Policial C-7” y un Observatorio Nacional de Seguridad, con el objetivo de fortalecer el uso de tecnologías como la inteligencia artificial para prevención y acción policial. Es admiradora al igual que Chaves de Nayib Bukele, con quien pretende fortalecer lazos y a quién recibió hace pocos días para el acto de supervisión del CECOT costarricense que está llevándose a cabo en Alajuela, al norte del país.

“Las propuestas de Laura Fernández son, en general, las mismas que prometió Rodrigo Chaves y que se sabe que fracasaron. El punitivismo jurídico es un discurso narrativo típico del populismo”, afirmó el titular del CIEP-UCR sobre la candidata de Pueblo Soberano.

Álvaro Ramos

En segundo lugar aparece el socialdemócrata Álvaro Ramos. Educado en Costa Rica y en California, es economista e informático y debutó en política de la mano de la ex presidente Laura Chinchilla, que lo nombró director general del Ministerio de Hacienda en el año 2011. En 2015 tuvo un paso fugaz por el Banco Central costarricense hasta que el entrante gobierno de Luis Guillermo Solís fue nombrado Superintendente de Pensiones, cargo que mantuvo hasta 2020 durante el gobierno de Carlos Alvarado.

Fue convocado nuevamente a la gestión pública por el presidente Rodrigo Chaves, que lo llevó a presidir la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), la entidad responsable de las pensiones y de la salud públicas en el país. Duró cuatro meses en el cargo, hasta que fue destituido por el mandatario tras diferencias entre ellos por un aumento del salario mínimo que Álvaro Ramos intentó impulsar al frente de la CCSS. Su desplazamiento fue criticado por partidos de la oposición, aunque los reclamos fueron ignorados por el mandatario.

Claudia Dobles

En tercer puesto y lejos de la victoria está Claudia Dobles. Es arquitecta por la Universidad de Costa Rica y becaria en desarrollo humano sostenible. Estudió en Japón y en Harvard y cuenta con experiencia previa en todo lo que es planificación territorial. Es esposa del ex presidente Carlos Alvarado y ocupó el cargo de primera dama de la República durante su mandato, lugar desde el que buscó impulsar reformas ligadas al urbanismo en distintos puntos del país, como fue el tren rápido de pasajeros y la incorporación del boleto electrónico en los colectivos.

Tras la salida del poder de su esposo en 2022 y el pésimo desempeño de su partido en esas elecciones (que siendo oficialismo no alcanzó ni el 1%), Dobles se dedicó al trabajo en el sector privado hasta que el año pasado decidió lanzarse a la carrera presidencial. Su programa de gobierno se ordena en tres ejes: ordenar la economía y empleo con sueldos más altos y alentar al desarrollo de las empresas cooperativas para limar la creación de monopolios y la reubicación de agentes de la policía antidrogas en puertos y zonas costeras, así como también separar la Dirección de Inteligencia Nacional de tareas policiales, para limitarla sólo al espionaje.

La mala imagen que tiene el partido de Dobles se explica en gran medida por la administración de su esposo. “Fue uno de los gobiernos peor valorados de la historia del país. Aprobó las leyes anti huelgas, la de Empleo Público que congeló los salarios de todo el sector público y la de Regla Fiscal que le impide a los Ministerios e instituciones invertir en desarrollo y aumentar sus presupuestos. Acción Ciudadana perdió el apoyo de sus aliados y hasta le acusaron a Alvarado de ‘pink washing’”, indicó Sagot a este portal.

Ariel Robles

El cuarto lugar lo ocupa el izquierdista Ariel Robles, candidato del Frente Amplio. Docente de inglés y especialista en educación, es egresado de la Universidad de Costa Rica y actualmente ejerce como diputado de la Asamblea Legislativa, donde presentó proyectos de políticas ambientales y de cuidado con las comunidades indígenas originarias, de las que denunció intentos de desplazamientos forzados de parte de empresarios con proyectos turísticos en zonas rurales del país.

Dentro de sus propuestas de gobierno figura una renta mínima para mujeres pobres que realizan tareas domésticas y no remuneradas, así como también impulsa mayor transparencia en el Estado, como la posibilidad de que las mociones de censura que el Parlamento fije sean vinculantes para con ministros y ejecutivos, cosa que el Presidente se vea obligado a ejecutar su destitución en caso de que la Asamblea vote una moción.