Crece el conflicto social en Ecuador a un mes de un referéndum clave para el gobierno de Noboa

Las organizaciones indígenas llevan casi un mes de paro nacional en Ecuador. Si bien dieron a conocer que el Gobierno de Daniel Noboa acordó el cese de las protestas y vuelve a cierta tranquilidad al territorio ecuatoriano, los cortes continuaron y se da en el marco de un país convulsionado por las recientes manifestaciones, la represión, un intento de ataque al mandatario y un atentado con coche bomba en Guayaquil. En un país asediado por la inseguridad, la decisión gubernamental de quitar el subsidio al combustible encendió la ira de parte de la sociedad que salió a las calles durante más de tres semanas y que ahora el oficialismo logró contener, de cara a un referéndum que servirá como termómetro de apoyo al mandatario o rechazo.

"La manifestación es una continuación (del paro de 2019 y 2022), y como se han salido con la suya antes, creen que la pueden hacer ahora", sostuvo el mandatario, cuando decidió quitar los subsidios al diésel que generó un incremento en el valor del combustible que se siente en el bolsillo de los ecuatorianos. Por esa medida, distintas organizaciones salieron a las calles a repudiar al gobierno de Noboa, entre ellas la Confederación de Comunidades Indígenas (CONAIE), especialmente las de Imbabura, en el norte del país donde se llevaron con más fuerza las protestas, más organizaciones de campesinos y ambientalistas.

En su rechazo a la manifestación, el mandatario hizo referencia a las dos grandes protestas anteriores que estallaron durante los gobiernos de Lenín Moreno en el 2019 y el de Guillermo Lasso en el 2022. En esas ocasiones, los entonces presidentes también habían tomado una decisión similar de quitar subsidios al diésel para cumplir con requisitos del Fondo Monetario Internacional (FMI). En ambos casos, tras muchos días de protestas y represión, los mandatarios tuvieron que finalmente dar marcha atrás para garantizar la supervivencia de su mandato.

Hoy, Noboa busca mostrarse implacable y prometió que las manifestaciones se hayan extendido más de 25 días y las denuncias de represión, racismo e incluso la muerte de al menos tres manifestantes no harán que dé el brazo a torcer.

En contexto

La quita de los subsidios provocó un incremento en el precio del diésel de 1,80 a 2,80 dólares por galón y, como en el pasado, desató de inmediato las protestas. El pasado 22 de septiembre, las organizaciones convocaron a un paro nacional indefinido y huelgas que ahora se encuentran en duda debido a las supuestas negociaciones con algunos sectores. Dado que la medida significa un incremento en el combustible con repercusiones en otros sectores también, uno de ellos el agrícola, las marchas convocaron a diferentes sectores que realizaron un cese de sus actividades y cortes de rutas, entre otras medidas.

Las demandas no sólo incluyen el restablecimiento del subsidio para que baje el precio, sino que también reclaman una baja en el IVA y rechazan el referéndum convocado por Noboa para el próximo 16 de noviembre. En ese plebiscito, los ecuatorianos serán consultados sobre si están de acuerdo con el restablecimiento de las bases militares extranjeras -algo que quedó prohibido durante los gobiernos de Rafael Correa-, si están a favor de quitar los recursos económicos estatales a los partidos políticos y, el último punto central, si están a favor de convocar una Asamblea Constituyente para cambiar la actual Carta Magna, modificada durante el correísmo también.

Noboa está promocionando esta reforma constitucional para imponer penas más duras en lo relacionado a la inseguridad y el narcotráfico en un país que hace años se ve sacudido por la violencia. La tasa de homicidios pasó en sólo unos años de estar entre las más bajas de la región, en torno a un 5 cada 100 mil habitantes, a ubicarse ahora en torno a los 40. Y, además, en los últimos días se sumaron el intento de ataque al Presidente y un reciente atentado con coche bomba en Guayaquil que dejó un muerto y heridos, además de motines en cárceles y otros hechos que configuran una situación nacional de criminalidad muy preocupante.

Crisis

"El Ecuador de octubre de 2025 es un Ecuador con múltiples crisis sobre todo con los problemas de inseguridad que tiene que ver con no poder contener a los grupos de delincuencia organizada relacionada con el narcotráfico. En medio de esto, salta una nueva crisis ocasionada por la eliminación del subsidio al diésel que ha ocasionado la reacción de las organizaciones sociales de indígenas", explicó a El Destape el periodista ecuatoriano Diego Albán y agregó que el Gobierno respondió con el envío de siete mil soldados para despejar las rutas y calles, con "cero diálogo y una represión desmedida".

Albán destacó además que han muerto 3 personas y sostuvo que la estrategia comunicacional del Gobierno ha sido abrir distintos frentes al mismo tiempo con el objetivo de que los periodistas y la ciudadanía cambien de tema cada día y que no se focalicen en ninguno concretamente. El periodista también puso en duda la finalización del paro, ya que hasta las últimas horas se registraron cortes en algunas partes del país. Como ya sucedió en el pasado, el acuerdo pudo haber sido entre las autoridades indígenas, lo que no necesariamente significa que lo acaten las bases.

Además de las comunidades indígenas se sumaron también otros espacios como los ambientalistas, un tema central en un país con una fuerte lucha ecologista. Denuncian que el Presidente afirmó en campaña que apoyaba algunas acciones ambientales, pero luego, en el poder, hizo lo opuesto. "No es que estamos defendiendo los subsidios a los combustibles fósiles, pero no puede ser a costa de los más pobres. Todo el movimiento indígena, ecologistas, hemos salido a las calles. La situación es bastante grave. Es un paro nacional por una serie de decisiones arbitrarias del gobierno de Noboa", explicó a este medio el vocero de Yasunidos, una organización ambiental, Pedro Bermeo.

Bermeo, junto a otros compañeros de su misma agrupación y de otras, denunciaron que el gobierno de Noboa a través de una Ley de Transparencia les bloqueó las cuentas bancarias a otros activistas por oponerse a las políticas oficiales. El ambientalista explicó cuáles, según su parecer, son las motivaciones que empujan al mandatario en su gestión: "Noboa es una de las personas más ricas del país, familia dueña de las bananeras. El grupo Nobis (de la familia presidencial) debía más de 98 millones de dólares por impuestos al Estado. El Gobierno hizo una ley para que se le perdone esa deuda. Es muy claro para qué vino este Gobierno, es una élite que tiene un gran conflicto de intereses beneficiando a las mismas a través del poder político".

"La deuda con el Estado es 0, la deuda que tienen estos malos elementos de la función pública con la familia, es incalculable", escribieron desde la empresa familiar de Noboa en un comunicado que publicaron en las redes sociales para decir que habían saldado la deuda que mantenían con el Estado. Pero los cuestionamientos no mermaron. Muchos consideran que la reducción estatal de la deuda que mantenía con el Servicio de Rentas Internas (SRI) de alrededor de 95 millones de dólares, se redujo a 3,5 millones y que en la página figuraba aún como adeudada.

Para Bermeo, la otra gran preocupación es la violencia institucional y social. Destacó el reciente asesinato de un manifestante, Efraín Fueres, y también denunció el racismo como respuesta a las movilizaciones: "Desde el genocidio de 1492 cuando llegan los españoles una forma de represión era cortar el pelo, ahora quienes estan cortando las trenzas es el Gobierno, los militares, una forma más racista". El ambientalista puso como ejemplo lo que sucedió en Cotacachi, provincia de Imbabura, donde indígenas quichuas Otavalo sostienen que fueron detenidos por militares, quienes les cortaron sus trenzas características y las tiraron a la ruta.

Durante estos más de 20 días de protestas, Noboa continuó con su postura de no negociar, como habían hecho antes sus antecesores. El Gobierno se enfoca en cuestionar las protestas y tildarlas de violentas, además de apostar a un cansancio tanto de quienes se manifiestan como del resto de la población. Pero por ahora no está dando resultado y la tensión no hace más que crecer. Por un lado, voces opositoras elevaron sus sospechas sobre el atentado con coche bomba contra el mandatario, y por otro lado, la administración cree que en algún punto hasta lo beneficia la extensión de la huelga y para eso se basa en encuestas como Cedatos, que asegura que más del 60% de los ecuatorianos las rechaza.

Los próximos días serán claves para entender si este nuevo conflicto social se disuelve, como ya pasó otras veces, o si escala a una crisis nacional que amenace la continuidad del Gobierno, como también sucedió en tantas otras ocasiones. Para el periodista Albán, la consulta del 16 de noviembre será clave para saber más del rumbo del país y del propio mandatario. "Con apagones de 14 horas, con la tortura y desaparición de cuatro niños y los escándalos de corrupción, aún así el presidente Noboa salió reelecto. En esta ocasión, vamos a ver si su apuesta al todo por el todo le favorece después de este paro que todavía no parece tener fin", planteó el periodista.