Los familiares de dos hombres muertos en un ataque con misiles de Estados Unidos contra un presunto barco narcotraficante cerca de Venezuela presentaron el martes una demanda por homicidio culposo, alegando que fueron asesinados en una campaña militar "manifiestamente ilegal" dirigida contra embarcaciones civiles.
Abogados de derechos civiles presentaron la demanda en el tribunal federal de Boston, en el primer desafío judicial a uno de los 36 ataques con misiles contra embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico autorizados por el Gobierno del presidente Donald Trump, que han dejado más de 120 muertos desde septiembre.
Los familiares de Chad Joseph y Rishi Samaroo -dos hombres trinitenses que estaban entre los seis muertos durante un ataque el 14 de octubre- afirmaron en la demanda que estaban realizando trabajos de pesca y agricultura en Venezuela y estaban regresando a sus hogares en Las Cuevas, Trinidad, cuando fueron atacados.
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"Se trata de asesinatos a sangre fría y sin ley; asesinatos por deporte, razón por la cual necesitamos un tribunal de justicia que proclame lo que es verdad y reprima lo que es ilegal", declaró en un comunicado Baher Azmy, abogado de los demandantes del Centro de Derechos Constitucionales.
Su grupo y la Unión Americana de Libertades Civiles presentaron la demanda al amparo de la Ley de Muertes en Alta Mar, una ley marítima que permite a los familiares demandar por muertes por negligencia ocurridas en alta mar, y del Estatuto de Reclamación por Agravios contra Extranjeros, una ley de 1789 que permite a los foráneos presentar demandas ante los tribunales estadounidenses por violaciones del derecho internacional.
La demanda solicita al Gobierno estadounidense una indemnización por las dos muertes, no una orden judicial que impida nuevos ataques, pero el caso podría ofrecer una vía para que un tribunal evalúe si el ataque del 14 de octubre fue legal.
El Pentágono no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
El Gobierno de Trump ha enmarcado los ataques llevados a cabo bajo la dirección del secretario de Defensa, Pete Hegseth, como una guerra contra los carteles de la droga, alegando que eran grupos armados. Ha dicho que sus ataques cumplen con las normas internacionales conocidas como el derecho de la guerra o el derecho de los conflictos armados.
La demanda sostiene que la muerte de Joseph y Samaroo fuera de un conflicto armado, ya que no participaban en hostilidades militares contra Estados Unidos, constituyó un asesinato y debe considerarse una muerte injusta en alta mar y una ejecución extrajudicial según el derecho internacional.
(Editado en epañol por Javier Leira)
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