Una familia colombiana denunció a los Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por haber asesinado al pescador Alejandro Carranza en el ataque que el gobierno de Donald Trump ordenó en aguas colombianas a mediados de septiembre, cuando destruyeron una embarcación que presuntamente transportaba droga. Se trata del primer recurso formal contra la ofensiva norteamericana en el Pacífico.
Alejandro Carranza nació en Colombia el 27 de agosto de 1983, de acuerdo con la denuncia presentada ante la CIDH. Era oriundo de Santa Marta, en el norte de Colombia, donde vivía con su esposa Katerine Hernández y sus cuatro hijos. Tenía 42 años al momento del ataque contra su embarcación que, según su familia, sucedió el 15 de septiembre.
El abogado de la familia, Dan Kovalik, explicó que el único oficio de Carranza era la pesca y que "estaba buscando marlín y atún cuando su bote fue atacado". Dijo también que la familia lo que busca es una compensación económica por la muerte de Carranza, aparte de exigirle a Washington que no haya más ataques en la zona.
Los familiares de Carranza denuncian "una injusticia" en los ataques estadounidenses: "No es justo lo que estamos viviendo"
"Es una injusticia lo que están haciendo", dijo Katerine Hernández, la esposa de Carranza, en la entrevista que dio en noviembre a RTVC Noticias. "Todos somos seres humanos y todos tenemos derecho a la vida. Solamente Dios es el único que tiene la última palabra", aseguró visiblemente angustiada.
"No es justo que lo hayan bombardeado de esa manera, unas personas inocentes que salen a buscar el pan de cada día, no es justo lo que estamos viviendo", agregó la mujer, y comentó que la última vez que vió a su marido fue el 14 de septiembre, cuando se despidió antes de salir a pescar.
La mirada de Petro sobre el caso y el silencio de Washington
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, que siguió el caso desde el principio, negó que Carranza haya tenido vínculos con el narcotráfico, aunque expresó que el pescador "podría haber aceptado dinero para llevar mercancías ilegales". También negó que su barco tuviera como destino Estados Unidos: "Su lancha jamás llegaría a EEUU. Y sus actos jamás merecerían pena de muerte".
Hasta el momento la Casa Blanca no emitió palabra sobre el caso. Si bien la administración Trump fue cuestionada por los ataques estadounidenses en aguas internacionales, se defendieron al asegurar que sus acciones "tienen sustento legal" y que están justificados porque buscan impedir que más drogas lleguen a territorio norteamericano.
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