A la hora de contar el pasado, suele ocurrir que el bronce borra el barro de los personajes. Los monumentos limpian culpas, suavizan crímenes y convierten en próceres a quienes muchas veces fueron responsables de sangre y despojo. Pero la sangre, como cuando la buscan con el luminol en una escena del crimen, siempre vuelve a aparecer: la memoria de las víctimas y de sus descendientes sobrevive a cualquier intento de encubrimiento.
Ese es el caso del hoy nuevamente reivindicado —incluso por algunos dirigentes políticos del llamado campo popular— general Julio Argentino Roca: dos veces presidente de la Nación y comandante del mayor genocidio con intento de etnocidio de la historia del territorio argentino, la mal llamada Conquista del Desierto.
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Sin embargo, al general al que el bronce apenas logró taparle la sangre de las manos durante un tiempo, también lo persigue otra faceta menos difundida: la de las oscuras maniobras de corrupción que atravesaron su poder y el de su familia.
Quien investigó y publicó sobre este tema fue el historiador y psicólogo Marcelo Valko en su libro Fui Roca. Un bronce herido de muerte. Allí, tomando fuentes de la época, expone una estructura familiar de poder donde política, negocios y apropiación de tierras eran una misma cosa.
Mientras la Conquista del Desierto avanzaba sobre los territorios indígenas a sangre y fuego, después llegaba el verdadero reparto: la tierra. Millones de hectáreas terminaron en manos de los mismos apellidos que todavía hoy organizan buena parte del poder económico argentino. La campaña de exterminio fue también una gigantesca operación inmobiliaria.
Y el "cajero" del general era su hermano Ataliva Roca. Ataliva era el encargado de las compras del Ejército y el robo fue tan escandaloso que su nombre se convirtió en verbo: se lo conjugaba —yo atalivo, tú atalivas, vosotros atalivaréis— como sinónimo de afanar con el amparo del clan.
Sarmiento entendió perfectamente lo que estaba viendo: el presidente hacía negocios y el hermano cobraba. El genocidio y el saqueo no fueron excesos: fueron el programa.
Esta época que el gobierno actual reivindica y admira tenía una lógica muy clara: misma crueldad, mismo clan, misma caja. Solo cambiaron las víctimas y los formularios.
La diferencia más visible es el tamaño del Estado: Roca lo construyó como herramienta de conquista, Milei dice destruirlo. Pero ambos coinciden en lo esencial: el Estado como instrumento para acrecentar el poder de quienes los pusieron ahí.
En la Agencia Nacional de Discapacidad, el fiscal Franco Picardi sostuvo que funcionó una enorme trama de corrupción y un aceitado esquema de pagos indebidos a funcionarios que debían velar por los intereses de las personas con discapacidad. Según audios filtrados del entonces titular del organismo, existía un sistema de retornos del que a Karina Milei le llegaba el 3%. Ataliva cobraba su parte de las tierras robadas a los pueblos originarios. La hermana del presidente, según la causa judicial en curso, habría cobrado la suya de los medicamentos que no llegaban a quienes más los necesitan. Mientras tanto, la Justicia investiga al jefe de Gabinete Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito: en poco más de un año habría erogado cerca de 100.000 dólares en efectivo, cifra inconsistente con sus ingresos declarados.
Tal vez la diferencia más notoria entre ayer y hoy sea lingüística. Antes, el apellido del corrupto se convertía en verbo: "atalivar" era coimear. Ahora, el verbo existía antes que el personaje: "adornar" ya significaba coimear mucho antes de que apareciera Adorni en la escena pública.
El problema es de origen. Este Estado nació de eliminar lo diferente y quedarse con una comisión del botín. Cambió de forma en 1930, en 1955, en 1976, pero el esquema se repitió: nuevas víctimas, misma lógica colonial. No fue un accidente histórico. Fue la ideología constitutiva del estado. Y no cambiará hasta que decidamos revisarlo, reparar el daño y refundar sus instituciones con una mirada que incluya lo que siempre intentó desaparecer.
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