En enero de 2026, la cantidad de personas humanas con deudas en situación irregular en el sistema financiero argentino —con más de tres meses de atraso— alcanzó los 2.663.953. La información antes de 2023 no es tan clara, pero una serie de revisiones (2002, 2018, 2019, pandemia, entre otros casos) reflejan que se trataría de la cantidad más alta de deudores absolutos en mora de la historia argentina (en base a CENDEU del BCRA y el informe de bancos).
En febrero de 2024 eran 1.386.446: en dos años la morosidad se duplicó. El salto interanual fue del 79%, equivalente a 1.181.718 personas más. No se explica sólo por el aumento de la cantidad de personas que accedieron a algún tipo de crédito: el total de deudores creció un 7,8% en el mismo período, de 14,4 a 15,6 millones.
La morosidad, en cambio, trepó casi diez veces más en términos proporcionales. Los morosos representan hoy el 17,1% del universo de deudores, contra el 10,3% de enero de 2025. Estos números, calculados por el Instituto Argentina Grande (IAG), expresan la traducción financiera de un deterioro sistémico en la capacidad de pago de las familias. Y para entenderlo hay que cruzar tres variables que el relato oficial mantiene separadas: el nivel de las tasas de interés reales que los bancos les cobran a las personas, la dinámica de los ingresos de los hogares y el rol que juegan tanto los bancos como las fintechs y las billeteras digitales en este esquema.
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La suba de la morosidad coincide con un hecho ineludible: la tasa de interés real activa (la que pagan los usuarios por créditos hipotecarios, personales y cuotas de tarjeta) está en picos históricos. Según el BCRA, los préstamos personales alcanzaron una tasa mensual efectiva del 6,3% durante 2025, mientras la inflación promedio mensual fue del 2,3%, y la última inflación indicó 2,9%: las tasas reales están por encima de la inflación. El crecimiento del crédito desde mayo de 2024 se montó sobre un encarecimiento brutal del costo financiero. Las tasas reales están en valores histórica e internacionalmente altos, y el encarecimiento del endeudamiento se da en un contexto de estancamiento del salario real: las tasas crecen por encima de la inflación, los salarios no. Entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, la morosidad en hogares pasó del 2,6% al 9,3%. La de tarjetas de crédito trepó al 9,3%, frente al 1,7% de un año antes. La de créditos personales llegó al 12%. Son los valores más altos desde que el BCRA mide estas estadísticas (2010). La morosidad de las carteras familiares en su conjunto alcanzó el 13%, con una distribución desigual: 9,3% en bancos tradicionales y un 24,6% en entidades no financieras como fintechs, billeteras virtuales y tarjetas de cadenas comerciales (según cálculos del BAPRO).
Las fintechs y billeteras digitales otorgan crédito a quienes los bancos rechazan. Eso, en principio, es inclusión financiera, pero las condiciones en que lo hacen transforman esa inclusión en una trampa. La TNA promedio de los proveedores no financieros de crédito alcanzó el 298,96% anual, con un CFT promedio del 1.427%, según noticias de prensa. Mercado Pago, la plataforma más masiva del ecosistema, cobra una TNA que ronda el 102% para préstamos personales. Para dimensionarlo: un plazo fijo paga el 25% de TNA; el que toma crédito en una billetera paga cuatro veces eso; el que lo toma en una financiera no bancaria, doce veces. Mercado Pago le da crédito a más de 4 millones de personas. Mientras tanto, en su último balance, su previsión por mora superó los USD 3.091 millones en 2025, un 66,4% más que en 2024. En el segmento de entidades no financieras, más de 1 millón de créditos entraron en situación de atraso durante 2025. El caso de Ualá —con mora depurada en torno al 17%— encendió alarmas. Unas 700.000 personas se endeudaron con alternativas no bancarias porque el sistema formal les cerró la puerta: los sectores más castigados terminaron endeudándose en las peores condiciones. Se configura un círculo vicioso: la gente necesita crédito para gastos corrientes, accede por la vía fintech, paga tasas varias veces superiores a la inflación, no puede honrar la deuda porque su salario no crece, y cae en mora. Esa mora sube las tasas del sistema y el ciclo se retroalimenta. No es irresponsabilidad individual: es una falla estructural del modelo.
El análisis por deciles del CENDEU lo confirma: las deudas más pequeñas muestran mayor mora. En el primer decil (el 10% de deudores humanos que menos debe: personas que adeudan entre $25.000 y $123.000) la morosidad alcanza el 27,9%. A medida que sube el monto, baja la mora. Esto desmiente cualquier hipótesis de sobreendeudamiento especulativo: los que caen en mora son los que deben menos, los que tomaron créditos pequeños para comer, pagar servicios o cubrir emergencias. El monto mediano real de deuda morosa a enero de 2026 fue de $484.295. Esto significa que la mitad de los morosos del sistema debe menos de medio millón de pesos. La morosidad por entidad también es reveladora: entre enero de 2024 y diciembre de 2025, la mora en Galicia trepó del 4,7% al 19,3%, en Mercado Pago del 12,3% al 13,6%, en BBVA del 4,1% al 13,4%, en Santander del 3,8% al 12,3%. Los bancos públicos exhiben valores menores: Nación pasó del 1,1% al 5,3%, Ciudad del 2,5% al 5,5%. Galicia tuvo resultado neto negativo en el último semestre de 2025 por el aumento de incobrables. La morosidad está generalizada en todo el sistema.
Para entender por qué la gente no puede pagar hay que mirar los ingresos. Los salarios públicos y privados están en pisos históricos, por debajo de los valores de 2023, y ahora el gobierno dice que pondrá un top del 2% a las paritarias, garantizando que 2026 no será distinto. En este contexto, según los microdatos de la EPH del INDEC del tercer trimestre de 2025, el 47% de los hogares argentinos tuvo que desplegar al menos una estrategia complementaria para llegar a fin de mes: gastar ahorros, vender pertenencias o endeudarse. En los hogares de ingresos medios, este número llega al 51%. Aquí, el 35% gastó ahorros, el 18,2% tomó deuda bancaria y el 16,3% le tuvo que pedir plata prestada a conocidos. El cambio de precios relativos explica buena parte de la asfixia: los servicios públicos pasaron de representar el 5% de un salario mediano en noviembre de 2023 al 11% en 2025: casi se triplicó el peso de los servicios esenciales sobre el ingreso. Las tarifas subieron por encima de la inflación como parte de la eliminación de subsidios, trasladando costos directo a las familias.
Fue el primer año en que el PBI creció y el desempleo aumentó simultáneamente (1,8 puntos más que en el 4T de 2025): una actividad tirada por sectores poco intensivos en trabajo y la caída del poder adquisitivo produjeron este fenómeno inédito. Mientras tanto, el dólar contenido no derrama bienestar social: derrama oportunidades de renta financiera para quienes tienen excedentes. El carry trade beneficia a los que colocan en instrumentos de tasa; no al trabajador que llega corto a fin de mes. La economía muestra una fragmentación que el proceso de desinflación vivido hasta mediados de este año no resolvió: el consumo de bienes durables subió, pero el de alimentos y medicamentos está en valores de piso histórico. Así, el crédito fue para algunos un motor de consumo, pero para la mayoría simplemente un mecanismo de supervivencia, y ese mecanismo ya llegó a su límite.
Detrás de la mayoría de los deudores morosos hay una persona que tomó un crédito pequeño, o endeudarse con la de crédito, para una necesidad concreta y no pudo pagarlo. Detrás de cada punto de mora hay una familia que priorizó comer antes que pagar la tarjeta. Mientras se exhiben números fiscales como trofeos, el sistema financiero acumula una bomba de tiempo social. La inversión pública cayó 77% real en 2025, sobre 2023. No hay plan industrial, no hay infraestructura, no hay generación de empleo genuino. Se gestionan variables financieras sin atender la economía real, se celebra el superávit fiscal mientras se destruye tejido productivo, se negocia con el FMI metas de reservas mientras 2,7 millones de personas no pueden pagar sus deudas.
La salida no es más ajuste ni más apertura financiera ni tasas más altas para cubrir la mora. Lo que debe pensarse es un plan de crecimiento real que ponga al ingreso de las familias en el centro de la política económica. Un plan que articule industria, infraestructura, energía y empleo de calidad como ejes de una estrategia de desarrollo que le devuelva densidad productiva a la Argentina. Hay que decirlo con claridad: el problema no es que la Argentina carezca de recursos para hacerlo. Vaca Muerta es hoy el segundo yacimiento de gas no convencional del mundo y el cuarto de petróleo. El litio posiciona al país en el corazón de la transición energética global. Las universidades públicas siguen formando profesionales de altísimo nivel. El entramado PyME, aunque golpeado, conserva capacidades técnicas y saberes acumulados que no se improvisan. La experiencia reciente lo demuestra: el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner generó 40.000 empleos, ahorró miles de millones de dólares en importaciones energéticas y movilizó economías regionales enteras. Ese tipo de obras, que combinan inversión pública, empleo genuino y retorno económico medible, son la prueba de que otro camino es posible y ya fue transitado.
La solución se vincula a una decisión política que brilla por su ausencia. Recuperar la inversión pública, regular las tasas de interés abusivas del sistema financiero no bancario, fortalecer los ingresos de los hogares a través de paritarias reales, políticas de protección al consumidor y un sistema tributario progresivo son herramientas concretas que cualquier Estado serio tiene a disposición. La morosidad récord es la señal de alarma. Pero también puede ser el punto de inflexión. Si la Argentina decide priorizar a su gente por sobre la renta financiera, si elige producir en lugar de especular, si apuesta por el mercado interno como motor y no como variable de ajuste, estamos frente a una nueva oportunidad para crecer con mejores capacidades productivas y estatales.
