“Y tengo la vida vieja
A veces lamenta Juan
Trabaje hasta jubilarme
Pero nunca sobro pan”
Juan Boliche, de Piero y José Tcherkaski (1969).
La pobreza, bien medida, abarcó, en el cuarto trimestre de 2025, a un 72% de la población argentina en edad de jubilarse, afectando, así a 5 millones de personas adulto mayores. Considerando que el tercer semestre era del 66%, el gobierno podría vanagloriarse de haber metido en la pobreza a medio millón de viejos, solamente en el último trimestre del año pasado.
Las perspectivas para el primer trimestre del 2026 son todavía peores, dado que 3,5 millones de adultos mayores (3,1 millones que cobraron jubilaciones y pensiones y 0,4 millones con pensiones no contributivas, como la PUAM) recibieron, a lo sumo, el haber mínimo, que con el bono de $70.000 (congelado desde hace más de dos años) va a resultar en miserables $463.250 en mayo de 2026.
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Así, estas personas que cobran el haber mínimo o menos (la PUAM es el 80% de él y las pensiones no contributivas por discapacidad el 70%, a lo que se suma el bono) recibieron, a principios de abril de 2026 un 7,40% “más” (7,10% para las PUAM y 6,90% para las PNC) que a comienzos de enero de este año, contra una inflación, de 9,44%, lo que implicó una pérdida del poder adquisitivo del haber de un 2%, solo en el primer trimestre de 2026, que castiga con particular saña a los viejos más pobres y, entre ellos, a quienes tienen alguna discapacidad.
A esto se suman otros atentados contra la vida de nuestros mayores (demasiado exitosos, como atestigua el exceso de tasa de mortalidad revelado en Córdoba, mayor al de la pandemia), perpetrados por el gobierno nacional, como la quita de cobertura de salud (de facto) para millones de ellos por los enormes atrasos en los pagos del PAMI a los prestadores, de sus, de por sí, atrasados honorarios (respecto a la inflación). A ello se agregan reducciones de iure, como las correspondientes al ajuste sobre lo que reciben médicos de cabecera o el brutal achicamiento del conjunto de remedios con cobertura 100% que pasaron de 3.000 productos distintos en octubre de 2023 a 375 en enero de 2025 (reduciéndose en un 88%), que hoy se limitan a tratamientos contra la diabetes (en cantidades muy insuficientes, patente, en materia de tiras reactivas) y a una clozapina (muy pobre respuesta, en materia de salud mental, por ejemplo, al récord de suicidios, con gran impacto en las personas mayores).
En igual sentido, la reducción en los subsidios y los consiguientes tarifazos en los servicios públicos afectan particularmente a los adultos mayores, que, por su edad, salud y actividad, pasan más tiempo en el hogar que otros grupos etarios.
Retomando la definición más pobre de pobreza (la que se limita a la insuficiencia de los ingresos monetarios), cabe aclarar que, en el presente análisis, no se parte de lo que el INDEC decía que bastaba para que una persona mayor coma todo el mes de diciembre de 2025 (entre $120.000 y $160.000, aproximadamente, dependiendo de su género y edad), sino de los $263.000 que la Universidad Nacional del Sur considera necesarios para que puedan sostener una dieta no mortal (con diez veces más yogurt, el séxtuple de queso, el cuádruple de frutas, el triple de hortalizas, el doble de huevos, un 30% más de carne y un tercio menos de hidratos de carbono y azucares que la cesta oficial). Notable diferencia con la canasta alimentaria que propone el INDEC, propia de una pena de muerte en cámara lenta para un conjunto de personas que en el 80% de los casos son hipertensas, en el 20% diabéticas y en el 50% tienen alto el colesterol (y muchas veces dos o tres de esas condiciones juntas).
A su vez, si se expande esa canasta (nutricionalmente adecuada) al conjunto de lo necesario para no ser pobre, según los patrones de consumo de 2018 (que el INDEC se comprometió a aplicar desde comienzos de este año, falsa promesa cuyo incumplimiento derivó en la eyección de su titular: Marco Lavagna), en diciembre de 2025, una persona mayor necesitaba ganar $809.000 (entre el doble y el triple de los $267.000 - $352.000 que mintió el INDEC).
Incluso si limitamos el análisis a los jubilados y pensionadas que “sí” aportaron toda su vida (obviando que todas las personas contribuimos a financiar la seguridad social en Argentina cada vez que, por ejemplo, compramos algo con IVA), en el cuarto trimestre de 2025 la pobreza abarcó al 66% del total, cayendo en ella 250.000 personas más que en el tercer trimestre (cuando abarcaba al 59%).
Ante todo ello, no extraña que casi 870.000 jubilados hayan seguido trabajando en la última parte del año pasado (pero duele que el 18% de ellos, 160.000, tengan más de 75 años), que 230.000 reciban ayuda de sus familias, su comunidad y el Estado (presumiblemente provincial o municipal) y que, en el extremo, 33.000 hayan tenido que apostar sus chances de supervivencia a los juegos de azar o a pedir limosna (en todos los casos son adultos mayores perceptores de prestaciones previsionales, según datos oficiales de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC).
Así, ante el argumento de que, en Argentina “los jubilados siempre estuvieron mal”, se puede responder que “nunca estuvieron peor que ahora” (en el cierre del año pasado), con la única excepción de verdaderamente ahora (en el inicio de este año), porque lo peor no pasó, lo peor es la desgracia, que atraviesa a todas las generaciones, pero es particularmente triste y amarga tras toda una vida de trabajo, de malcomer día a día.
*Docente de Economía de la Protección Social de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y Docente – Investigador del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento.
