El Coimagate depende de dos jueces cuyo futuro definirá el Gobierno

Una de las causas que más preocupa en la Casa Rosada e involucra a Karina Milei depende de dos jueces cuyo futuro definirá el gobierno. Se trata del caso en que se investiga una “enorme trama de corrupción” en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), conocido como “Coimagate”. El expediente está en manos del juez Ariel Lijo, quien el último jueves ordenó que la Gendarmería Nacional realice un peritaje para determinar la veracidad de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, el íntimo amigo de Javier Milei que conducía ese organismo hasta que estalló el escándalo. La decisión del magistrado fue en un incidente donde se discute la nulidad de la causa y es un claro gesto hacia el Poder Ejecutivo porque embarra el devenir del proceso. Los audios nunca se utilizaron como prueba en el caso.

Lijo es el juez que fue propuesto por el presidente Javier Milei para la Corte Suprema pero que no logró apoyo del Senado para acceder al máximo tribunal del país. Hoy suena como posible candidato a la Procuración General de la Nación. Es el mismo que también tiene a su cargo la causa en que se investiga si el jefe de gabinete Manuel Adorni se enriqueció ilícitamente, entre otras.

Esto no es todo. En la revisión de la causa ANDIS interviene la sala II de la Cámara Federal porteña, que integra el camarista Martín Irurzun, quien está a la espera de que el Presidente le extienda su mandato este año en el tribunal de alzada de Comodoro Py. Los tiempos corren: Irurzun cumple 75 años a mediados de este 2026 y si el Ejecutivo no pide al Senado la prórroga de 5 años como hizo con Carlos Mahiques deberá dejar su cargo y jubilarse. Irurzun junto a Roberto Boico fue quien había ordenado el 4 de diciembre pasado que se establezca la veracidad de los audios de Spagnuolo que ahora replicó Lijo.

El antecedente del camarista laboral Víctor Pesino, premiado por fallar a favor de la reforma laboral, provoca todo tipo de suspicacias en el mundo político-judicial. Es que apenas 24 horas después de revocar un fallo de primera instancia que frenaba la aplicación de la Ley de Modernización Laboral, el gobierno postuló que Pesino continúe en su cargo por un nuevo período de cinco años. Si el Ejecutivo no lo hacía este camarista debía jubilarse porque al igual que Irurzun cumple 75 años y llega a la edad límite para ejercer la magistratura según lo establece la Constitución.

El gesto judicial

“A partir de los lineamientos dispuestos por la Sala II de la Cámara de apelaciones del fuero el día 4 de diciembre de 2025 en el marco del incidente de nulidad Nº 2, encomiéndese a la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional Argentina la realización de un estudio pericial tendiente a corroborar –conforme fue ordenado por el Superior- el origen y la veracidad de los audios que se le atribuyen a Diego Orlando Spagnuolo y que fueran aportados oportunamente a la fiscalía instructora por el periodista Mauro Federico”, escribió Lijo en la resolución a  la que accedió El Destape. Y agregó: “En el marco de dicho peritaje se deberá arbitrar los medios necesarios para establecer si los audios fueron objeto de algún tipo de adulteración y/o edición por medio de inteligencia artificial o cualquier otro método similar”.

La orden es una invitación a embarrar el caso porque esas grabaciones no fueron utilizadas por el fiscal Franco Picardi ni el juez Sebastián Casanello a la hora de dictarse los 19 procesamientos que ya tiene el caso (y en el que se están cursando 35 nuevas indagatorias). Tampoco parece azaroso designar a la Gendarmería para realizar el estudio: se trata de una fuerza cuestionada para este tipo de tareas luego de su labor en el caso Nisman y por la vinculación de su cúpula con la exministra Patricia Bullrich.  

Casanello es el juez que antecedió a Lijo en este expediente y no estuvo de acuerdo con esta medida que de forma polémica había sugerido la cámara porteña. Es que este pedido de peritaje de los audios es de las defensas en el marco de un incidente de nulidad que como trasfondo lo que busca es hacer caer toda la causa. Y tanto el fiscal como el primer juez del caso habían remarcado que las grabaciones adjudicadas a Spagnuolo no se utilizaron como prueba sino que se había descubierto una “enorme trama de corrupción” en ANDIS por otros medios.

¿Qué es lo que se analizará ahora tras la orden que dio Lijo? Las grabaciones en las que se escucha al íntimo amigo y ex abogado del presidente Javier Milei describir un sistema de corrupción en el organismo que estaba bajo su mando. Y en el que menciona a Karina Milei como destinataria final de al menos un 3% de las coimas de la ANDIS. Se trata de audios filtrados por el canal Carnval Stream. Picardi, quien tiene delegada la investigación del caso, no trabajó con los audios sino con material secuestrado a los acusados, como sus celulares. 

Tanto Casanello como Picardi ya habían considerado a los audios válidos para iniciar una investigación penal y no para ser tenidos como prueba. Por tal motivo, Casanello había rechazado el planteo de nulidad realizado por el abogado Martín Magram, defensor de Eduardo, Jonathan y Emmanuel Kovalivker (de la droguería Suizo Argentina). Magram apeló el rechazo lo que habilitó la intervención de Irurzun y Boico, quienes terminaron allanando el camino para esta orden que dio Lijo el último jueves.

Por su parte, Spagnuolo presentó también en diciembre del año pasado un peritaje privado en el que sostuvo que los audios fueron manipulados y que podrían haber sido modificados con Inteligencia Artificial.

La decisión de Lijo no puede asilarse de su contexto. Este juez fue propuesto por el Presidente para la Corte Suprema de Justicia, cargo al que no accedió porque no logró el apoyo del Senado. Ahora el mismo magistrado suena como uno de los posibles candidatos del gobierno para ocupar la Procuración General de la Nación, que está vacante. No es el único. También se agita el nombre del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, ex Fiscal General de la Ciudad, para comandar el Ministerio Público Fiscal. Un dato no menor: para poder ser procurador el candidato requiere de los dos tercios de los votos de la Cámara Alta, que Lijo no obtuvo cuando se lo propuso para el Tribunal Supremo.

Lijo llegó al caso ANDIS luego de que se terminara la subrogancia de Casanello en el juzgado federal Nº 11, donde tramita el expediente y que está vacante desde la muerte de Claudio Bonadío.

El pasado 30 de abril, a contramano de su antecesor en el caso, Lijo dispuso el peritaje de los audios de Spagnuolo basándose en lo dispuesto por la sala II de la Cámara Federal porteña el 4 de diciembre de 2025, que entonces ordenó que se determinara la veracidad de las grabaciones adjudicadas al extitular de la ANDIS. Ese fallo fue firmado por el camarista porteño Martín Irurzun y Roberto Boico (Eduardo Farah votó en disidencia). Iruruzn cumple 75 años a mediados de este 2026 y requiere que el Poder Ejecutivo envíe su pliego al Senado solicitando una extensión de 5 años más en su cargo para no tener que abandonar su despacho por cumplir la edad límite que marca la Constitución para que un juez se jubile. Pareciera que el gobierno demora ese envío a la espera de poder negociar con el camarista, que sigue participando de la revisión del caso ANDIS. El antecedente del camarista laboral Víctor Pesino, cuyo pliego se envió luego de que aprobara la reforma laboral alimenta las suspicacias.

La contracara de esta demora es lo que sucedió con Carlos “huemul” Mahiques, camarista de la Cámara Federal de Casación Penal y padre del flamante ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, que también cumple 75 años. Su pliego ya fue enviado al Senado y ya obtuvo dictamen.  

"Beneficios mutuos"

A finales de abril, inmediatamente después de que la sala VIII de la Cámara del Trabajo volviera a dejar vigente la reforma laboral del gobierno, desde el Poder Ejecutivo premiaron a uno de los jueces que intervino en ese fallo. Lo postuló para extender su cargo por 5 años más cuando estaba próximo a cumplir los 75 años de edad. Se trata de Víctor Pesino a quien la CGT recusó el pasado 27 de abril y acusó de negociar “beneficios mutuos” con el gobierno.

La cronología expone a los protagonistas. El 23 de abril, la sala VIII de la Cámara Laboral, con los votos de Pesino y María Dora González, revocó la medida cautelar que había dictado el juez de primera instancia del fuero del Trabajo, Raúl Ojeda, que había suspendido más de 80 artículos de la reforma laboral haciendo lugar a un amparo de la CGT. Los camaristas otorgaron “efecto suspensivo” al recurso de apelación que presentó el Gobierno, lo que dejó sin efecto inmediato lo resuelto por Ojeda, que beneficiaba a los trabajadores, los sindicatos y las centrales obreras.

El 24 de abril, es decir, un día después, el Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial la propuesta para que Pesino continúe en el cargo 5 años más. Ahora el pliego de este camarista debe ser aprobado por mayoría simple en el Senado. La inmediatez de la postulación da cuenta de un beneficio claro para quien falló a favor del gobierno. Y puede interpretarse como un mensaje para aquellos magistrados que estén en situaciones similares.

La CGT recusó el 27 de abril a los dos camaristas que validaron la vigencia de la reforma laboral. Como publicó Mariano Martín en El Destape, la presentación, que exige además reponer el amparo que había dictado Ojeda, hizo foco especial sobre el juez Pesino. El documento de la central obrera calificó como una “razón desprovista de moral” la decisión de la Sala VIII de la Cámara del Trabajo y se refirió a “beneficios mutuos” pactados entre Pesino y la administración libertaria.

Los pasos que están dando Lijo e Irurzun en el marco del Coimagate encienden las alarmas en el mundo político-judicial. ¿Acaso el gobierno sondea la posibilidad de aplicar la misma lógica de “beneficios mutuos” que ejecutó con el camarista Pesino?