Los fiscales federales de Comodoro Py y los de los tribunales en lo Penal Económico advirtieron que no están dadas las condiciones para implementar el sistema acusatorio en esos fueros como pretende el gobierno nacional a partir del 11 de agosto próximo. Todos señalaron la falta de recursos técnicos, materiales y de personal. La reacción se transformó en una rebelión que puede complicar los planes del Poder Ejecutivo.
En notas diferentes que elevaron al Procurador General interino, Eduardo Casal, los fiscales que serán protagonistas de la medida que tomó el gobierno advirtieron que no se puede llevar a la práctica la manda que se publicó en el Boletín Oficial el 21 de marzo pasado -la resolución lleva la firma del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona- por falta de recursos y personal. A su vez, cuestionaron la forma unilateral en que se tomó la decisión y la falta de planificación.
A través del sistema acusatorio cambia el paradigma judicial vigente y los fiscales pasan a ser quienes llevan adelante las investigaciones mientras los jueces actúan como garantes del proceso. Se trata de un nuevo paradigma que ya se implementa en algunas provincias pero todavía no llegó a los tribunales federales de Retiro. El gobierno, hace menos de 2 meses anunció que entrará en vigencia en esa jurisdicción el próximo 11 de agosto.
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Casal, que está recién llegado de un viaje a Perú, trasladará las críticas al gobierno. Aún en el Ministerio Público Fiscal no se resolvió si reenviarán las diversas notas recibidas o se formulará un escrito confeccionado por el procurador que reúna todo lo demandado por los fiscales. ¿El objetivo? Que se giren los recursos o se posponga la implementación.
La rebelión de los fiscales de Comodoro Py
Casal ya recibió notas de los fiscales de primera instancia de Comodoro Py, de quienes actúan ante los tribunales orales y de los que lo hacen ante la Cámara Federal de Casación. Todos se manifestaron en el mismo sentido: sin recursos es imposible implementar el sistema acusatorio en la jurisdicción en la que trabajan.
Los nueve fiscales de primera instancia de Comodoro Py se mostraron de acuerdo con la entrada en vigencia del nuevo sistema pero no en las actuales condiciones. Por eso, en el escrito elevado a Casal sostuvieron: “Forma parte de nuestra responsabilidad institucional advertir que la implementación de un sistema procesal sobre la base de decisiones unilaterales y no coordinadas institucionalmente, en lugar de asentarse sobre un diagnóstico adecuado, la coordinación entre los actores del sistema y una apropiada planificación, resulta un riesgo cierto para su correcta puesta en funcionamiento”, cuestionaron al gobierno.
Teniendo en cuenta que por Comodoro Py tramitan la mayoría de las causas políticas más sensibles del país, por ser la jurisdicción que tiene competencia para actuar en lo que hace a delitos penales cometidos por funcionarios del gobierno nacional, los fiscales consideran que “impone una respuesta del sistema de justicia a la altura de las circunstancias”. “La implementación efectiva de este nuevo modelo procesal en un distrito de la relevancia y complejidad como es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires requiere de una adecuada planificación y la provisión de recursos humanos, herramientas tecnológicas, e infraestructura acorde a los fines del sistema. Solo así podrá garantizarse el correcto funcionamiento del Ministerio Público Fiscal y el pleno cumplimiento de sus funciones en esta etapa clave de transformación del sistema judicial”, se agregó.
Dada la falta de recursos, los fiscales de Comodoro Py consideran que “existe el riesgo cierto de que los procesos fracasen y se vea comprometido el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por nuestro país en materia de lucha contra la corrupción, la delincuencia organizada, la criminalidad económica, el narcotráfico, la trata de personas y demás fenómenos delictivos complejos”.
En sus demandas, los fiscales señalan que hay una “carencia de recursos técnicos”. Entre otras cosas, señalan la problemática que tienen para llevar adelante “la extracción forense de teléfonos celulares o de dispositivos informáticos incautados”, cuyo procesos “registran una demora en la asignación del turno de entre tres (3) y seis (6) meses”. A su vez, “el procedimiento para la búsqueda por voces o por palabras clave que permite analizar la información digital secuestrada insume entre cuatro (4) meses y dieciocho meses (18) más”. En el mismo sentido, expresan que “las computadoras con la que cuentan las dependencias muchas veces no tienen la capacidad técnica para descargar y analizar los programas forenses”.
Algo similar sucede con los recursos humanos, lo que ya había sido advertido en la nota enviada a Casal por los fiscales ante la Casación. Se manifestó una desproporción entre la dotación que tiene el Poder Judicial con respecto al Ministerio Público Fiscal: cada 5 empleados de un juzgado hay 1 por fiscalía, se precisó. “La magnitud del desafío exige un refuerzo sustancial y estructural de los recursos humanos disponibles”, se demandó en el escrito a Casal.
Otras de las demandas hace a la capacidad investigativa de las fiscalías: “Desde hace años existen restricciones presupuestarias que dificultan afrontar los costos de pericias requeridas por las fiscalías cuando estas deben ser realizadas por profesionales ajenos a los cuerpos periciales oficiales, lo que frente a la inminente implementación del nuevo modelo procesal, contribuye a la incertidumbre que aquí expresamos respecto de las condiciones efectivas para cumplir con las funciones asignadas”, se advierte. También se reclama mayor espacio físico.
Todas estas “carencias estructurales y operativas vinculadas a la falta de recursos humanos, técnicos y materiales- impactan directamente en el plazo de los procesos” cuando “el propio Código Procesal Penal Federal establece que su incumplimiento puede ser considerado causal de mal desempeño de los magistrados”. Así las cosas, advirtieron “con preocupación que, si no se adoptan medidas concretas y urgentes para revertir estas limitaciones, se comprometerá no solo la eficacia del nuevo sistema, sino también el adecuado ejercicio de las funciones asignadas”. Es decir, podría colapsar el sistema de justicia.
La nota lleva la firma de los fiscales: Gerardo Pollicita, Paloma Ochoa, Eduardo Taiano, Alejandra Mángano, Franco Picardi, Carlos Rívolo, Carlos Stornelli, Giullermo Marijuan y Ramiro Gonzalez.
Una nota de un tono similar también elevaron los fiscales ante los tribunales orales y los que actúan ante la Cámara Federal de Casación Penal. Los fiscales generales Raúl Plee, Mario Villar y Javier De Luca expresaron que la implementación del sistema acusatorio exige realizarse con “recursos humanos y materiales, sin los cuales el funcionamiento adecuado y conforme las expectativas puede verse comprometido”. Los fiscales de Casación, que por su rol intervienen en la revisión de causas que se gestaron con el sistema acusatorio en otras provincias, por la complejidad de los delitos que se investigan en los tribunales federales penales de la Capital Federal pronostican “un deficiente funcionamiento del servicio de justicia” si se aplica sin los recursos correspondientes.
Estos tres fiscales destacan “necesidades edilicias, la asignación de personal y de los medios técnicos y tecnológicos” que deben ser cubiertas, es decir, las marcan como “condiciones previas a la implementación de la normativa, ya que sin ellos las dificultades para el MPF para cumplir los plazos legales y lograr una respuesta rápida y eficaz se vería seriamente comprometida”.
Por su parte, los fiscales del fuero Penal Económico también se manifestaron en alerta y elevaron una nota de un tono parecido a Casal. La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN), que preside Ricardo Toranzos, hizo lo propio. En su escrito al Procurador, la entidad expresó el “pleno conocimiento que el Ministerio Público Fiscal viene funcionando, hace años, con partidas desactualizadas y sobre todo con precariedad edilicia y con exiguas herramientas tecnológicas de investigación, situación que se agrava en el interior de nuestro país”.
Esta reacción de los fiscales abre un signo de interrogación sobre la posibilidad cierta de que el sistema acusatorio se implemente en Comodoro Py y en los tribunales en lo Penal Económico a partir del 11 de agosto como pretende el gobierno. La rebelión, expresada en notas que ya tiene el procurador Casal, puede transformarse en un verdadero escollo para los planes del Poder Ejecutivo.
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