La comisión que investiga el caso $Libra en la Cámara dde Diputados realizó hoy su última reunión antes de la presentación de su informe final, el 18 de noviembre. El grupo parlamentario elevó un recurso extraordinario a la Corte Suprema para revertir de la decisión de la Justicia de impedir que se pueda pedir auxilio a la fuerza pública para exigir la presencia de testigos que no respondan a la convocatoria. El grupo parlamentario citó a funcionarios para que respondan sobre la estafa que promocionó el presidente Javier Milei, entre los que se encontró la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
La reunión se dio en el marco del plazo que tuvo por reglamento la comisión investigadora, que finaliza en la semana del 18 de noviembre con la presentación de los dictámenes. Ese día, a las 16, se expondrá el informe final en el salón Delia Parodi de la Cámara baja, para luego elevarlo al recinto.
La comisión votó en la reunión de hoy la ratificación de la denuncia al juez Marcelo Martínez de Giorgi ante el Consejo de la Magistratura y al fiscal Eduardo Taiano ante el jurado de enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal, por obstruir el acceso a la causa y no facilitar el auxilio de la fuerza pública.
Del mismo modo, se ratificaron las denuncias al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, la ex titular de la Unidad de Tareas de Investigación $LIBRA y ex jefa de gabinete del Ministerio de Justicia, María Florencia Zicavo; el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik; el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva y el titular de la Unidad Fiscal de Investigación, Paul Starc.
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También, a instancias de la diputada de Encuentro Federal Margarita Stolbizer, que no forma parte del cuerpo, la comisión aprobó librar un oficio a Google para determinar la titularidad de la cuenta creadora del formulario utilizado para registrar a los interesados en el proyecto promocionado por Milei.
Por su parte, el diputado de Unión por la Patria Rodolfo Tailhade denunció "una manifiesta pasividad de la querella de (José Luis) Espert para avanzar en el esclarecimiento" por el presunto hackeo del celular a través del cual el exlegislador promocionó desde su cuenta de X una segunda versión de $Libra.
Las últimas reuniones solo contaron con la presencia de los miembros de la oposición dura. En esta oportunidad, se hizo presente la diputada de LLA Alida Ferreyra, que no es integrante de la comisión investigadora, y afirmó que "los objetivos que fueron propuestos desnaturalizan y no respetó el rol del Congreso, avasalla la jurisdicción natural de los jueces y queda de manifiesto que entorpece la investigación”.
"Un conjunto de diputados, arrogándose la representación de toda la Cámara, intentó vulnerar garantías individuales al pretender aplicar la fuerza pública para la comparecencia de funcionarios que ni siquiera están acusados”, lanzó, para luego afirmar que "el proceso es nulo”. Ferreyra fue una de las diputadas que participó de la visita a represores condenados de la última dictadura cívico militar al penal de Ezeiza el año pasado.
La oposición le respondió: "Hay un reglamento que el oficialismo estaría bueno que lo lea. No nos arrogamos facultades jurisdiccionales, tenemos facultades de control, son indiscutidas y las comisiones investigadoras están reguladas en el reglamento", puntualizó la diputada de la Coalición Cívica (CC) Mónica Frade.
A través de su cuenta de X, el titular de la comisión investigadora, el diputado nacional de la CC Maximiliano Ferraro, enumeró que el grupo de trabajo realizó "11 reuniones de trabajo, dispusimos medidas de prueba, recibimos documentación de plataformas exchanges, organismos públicos y especialistas, y consolidamos todo en un expediente de 10 cuerpos que reúne la totalidad de las actuaciones. Estas, acotó, fueron remitidas a Martínez de Giorgi y a Taiano.
"La verdad sobre $LIBRA y sobre quienes intervinieron en su organización y ejecución va a conocerse. Esta Comisión dio pasos concretos para evitar que el caso se diluya o se cierre sin explicación, tanto en la opinión pública como en la justicia. El derecho a saber de las sociedades debe estar garantizado y vamos a sostenerlo hasta el final", acotó el "lilito".
En diálogo con El Destape, Juan Marino, diputado de Unión por la Patria y secretario de la comisión investigadora, sostuvo que una vez producido el informe final, "cada bloque deberá definir si el resultado de la investigación amerita, con más elementos sobre la mesa, presentar el pedido de juicio político". Este mecanismo, en el que la Cámara baja presenta la prueba y el Senado juzga, había sido la postura inicial del peronismo.
"En mi opinión personal, ya no como Secretario de la Comisión, los elementos recabados refuerzan la obligación ética que tenemos de presentar nuevamente el juicio político. Desde ya, el resultado electoral impone condiciones más dificultosas para el progreso de cualquier juicio político, dado que el oficialismo se garantizó superar el tercio necesario para bloquear una iniciativa de ese tipo. Presentarlo, por parte de un bloque opositor, implica, sobre todo, una decisión de naturaleza ética cuando se toma conocimiento de toda la información que reunió la Comisión Investigadora", analizó. Y acotó: "En todo caso, debería ser el propio oficialismo el que impulse la investigación propia del juicio político si les interesase demostrar su hipótesis de que Milei no tendría ningún tipo de responsabilidad y que lo sucedido con $LIBRA no encuadraría dentro de ninguna de las causales de juicio político".
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