La regla de oro de los mercados financieros es simple: comprar barato y vender caro. El "plan Bessent" que aterrizó en Buenos Aires obedece de manera explícita a esa lógica. La inédita intervención del Tesoro estadounidense en el mercado cambiario argentino el 9 de octubre no fue, como lo presentaron los gobiernos y su amplio sistema de propaganda mediática, un gesto de solidaridad geopolítica con un aliado latinoamericano en problemas. Fue una operación diseñada para garantizar que los fondos especulativos que apostaron por Javier Milei y Luis Caputo puedan cobrar sus ganancias antes de que el modelo colapse. La reacción del mercado en el primer día post "salvataje" lo mostró en las pizarras de Wall Street: mientras los bonos en dólares subieron empujados por la garantía de pago de EE.UU. a los tenedores de deuda, las acciones de empresas argentinas prolongaron el derrumbe. Lectura a primera vista: el “Carry Bessent” -como lo bautizó Fernando Alonso en El Destape- sostendrá la timba financiera mientras profundiza la recesión que deja a las compañías locales a precio de remate.
Anatomía de un rescate selectivo
“Se trata de comprar barato y vender caro” explicitó en una entrevista Scott Bessent, secretario del Tesoro norteamericano, tras ordenar la compra directa de pesos en el mercado argentino utilizando al Banco Santander como brazo ejecutor. La maniobra, sin precedentes en la relación bilateral, inyectó dólares a un Banco Central que había agotado literalmente sus reservas. Luis Caputo ya no tenía munición ni credibilidad para enfrentar al mercado: el ministro de Economía había dilapidado las divisas sosteniendo el precio del dólar en una semana donde el tipo de cambio trepó 2,5% en la apertura y las reservas netas del BCRA pisaban territorio negativo.
Bessent activó el segundo salvavidas al equipo económico libertario en 2025. El primero ocurrió en abril de la mano de Kristalina Georgieva, cuando una corrida cambiaria amenazaba con hacer estallar el esquema de bandas diseñado como ancla de expectativas. Ahora, sin embargo, la diferencia es sustancial: no es Caputo quien enfrenta la corrida sino el propio Bessent, dueño interino de la máquina que imprime dólares.
El plan que se presentó contempla dos componentes. Primero, un swap de 20.000 millones de dólares para fortalecer las reservas, dinero que solo podrá usarse con autorización expresa de Washington y sujeto a condicionalidades políticas y comerciales. Entre ellas, el enfriamiento de las relaciones con China, tanto en el plano comercial como en el estratégico, incluyendo la eventual renegociación o cierre de la estación espacial que Beijing opera en Neuquén. Segundo, garantías bancarias del BID para permitir la emisión de nueva deuda, con el objetivo de bajar el riesgo país y conseguir financiamiento -nueva deuda- para los vencimientos de enero y junio, que suman 8.000 millones de dólares.
La arquitectura financiera del esquema cumple una función política doméstica en Estados Unidos: Bessent puede sostener ante el Congreso que no está "poniendo dinero fresco" en Argentina, ya que los 20.000 millones provendrían de Derechos Especiales de Giro que Washington acumula en el FMI. Un truco contable que intenta sortear la resistencia de sectores republicanos y demócratas que, desde los tiempos de Fernando De la Rúa, rechazan los salvatajes directos a países latinoamericanos. Los "farmers" del Medio Oeste fueron los primeros en manifestar su malestar, al igual que varios senadores de ambos partidos, ya en campaña electoral.
Bonos arriba, empresas abajo
La reacción de los mercados en la jornada posterior al anuncio expuso el verdadero sentido de la operación. Los bonos en dólares registraron subas significativas —con algunos papeles que vencen en 2035 rebotando a niveles no vistos desde el anuncio inicial— mientras que las acciones y los ADRs argentinos cotizados en Wall Street mantuvieron su larga curva descendente. La lectura de los operadores resultó evidente: Estados Unidos garantiza el pago a los bonistas, pero el atraso cambiario diseñado para sostener la timba profundizará la recesión. En esa línea, el riesgo país bajó a tres dígitos después de dos semanas, confirmando que el mercado interpreta la intervención como un seguro para los tenedores de deuda, no como un impulso a la economía productiva.
La divergencia entre bonos y acciones fue explicada por los operadores cercanos al gobierno por una supuesta toma de ganancias, pero de sostenerse en el tiempo reflejará una estrategia de salida. Los fondos que apostaron por Argentina en los últimos dos años —comprando deuda a precios de default cuando Milei asumió— ahora tienen una ventana para liquidar posiciones con ganancias extraordinarias. La intervención de Bessent les ofrece esa oportunidad: sostener el tipo de cambio el tiempo suficiente para que vendan y se retiren. Las empresas argentinas, en cambio, quedan atrapadas en una recesión que se profundiza. Sus acciones caen, su valuación se derrumba, y quedan a precio de remate para futuras adquisiciones. Es la fase final de un ciclo especulativo: los que entraron temprano cobran, los activos productivos quedan disponibles para la próxima ronda de negocios.
Locuaz hasta la sospecha, Bessent explicitó una y otra vez las razones del apoyo: Estados Unidos ayuda a Argentina porque es un "aliado estratégico". El secretario del Tesoro añadió que "líderes empresariales estadounidenses le han manifestado su deseo de estrechar lazos con Argentina" y que la administración Trump respaldará a su aliado latinoamericano. Pero detrás del discurso de la alianza estratégica emerge otra realidad, contante y sonante.
The New York Times evaluó que "La decisión de la administración de rescatar la economía argentina genera inquietud sobre si el verdadero objetivo es ayudar a los inversionistas adinerados, cuyas apuestas por Argentina podrían tambalearse si su economía se hunde". El diario identificó a los principales beneficiarios del plan: "Fondos de firmas de inversión como BlackRock, Fidelity y Pimco tienen fuertes inversiones en Argentina, al igual que inversionistas como Stanley Druckenmiller y Robert Citrone, quienes trabajaron con el Sr. Bessent cuando este invirtió para George Soros".
Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, fue aún más directo al cuestionar las motivaciones del salvataje: "Una de las personas que instó a Bessent a intervenir en nombre de Milei fue su viejo amigo y excolega, Rob Citrone, un multimillonario de fondos de cobertura que apostó fuerte por el éxito de Milei y compró más activos argentinos justo antes del anuncio de Bessent". La pregunta del economista expone el núcleo de la operación: "¿Aprovechará Citrone el préstamo puente de Bessent, respaldado por los contribuyentes, para tomar su dinero y huir? Si no lo hace, es un ingenuo, porque eso es lo que hacen todos los inversores inteligentes. Argentina está gastando miles de millones de dólares en reservas para defender el peso mientras todos se apresuran a salir".
El análisis de Krugman desnuda la mecánica del plan: un puente financiero para que los fondos especulativos puedan salir con ganancias antes del colapso. De hecho, el peso repuntó momentáneamente tras la intervención del jueves, pero "los expertos en divisas temen que pronto vuelva a verse bajo presión sin una solución a largo plazo para los problemas financieros del país", según consignó el Times.
Por supuesto, la operación no resuelve los problemas estructurales que tienen al gobierno en la cuerda floja electoral. Pero pretenden servir de puente para evitar que la catástrofe de la economía real arrase con las apuestas de los inversores financieros y la sustentabilidad política del gobierno, condición que se ha fijado como indispensable para la continuidad del plan.
El precio del oxígeno
La condicionalidad más delicada del plan involucra a China. Bessent declaró públicamente que "Milei tiene el compromiso de sacar a China de Argentina". La frase apunta tanto al comercio bilateral —que para el sector agropecuario argentino es vital— como a la presencia estratégica china en territorio nacional. La base espacial de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología de Defensa china en Quintuco, Neuquén, es un activo que Washington mira con desconfianza desde hace años. Ahora, el salvataje incluye la revisión de esa presencia.
El mensaje es directo a América Latina, donde el clima hacia Trump oscila entre la hostilidad y la distancia prudente. Solo habrá asistencia para quienes adhieran "en forma absoluta" a Washington. Milei cumple ese requisito con creces. Su alineamiento no es retórico: es operativo. Para el presidente argentino, la subordinación geopolítica es un precio menor frente a la posibilidad de llegar a las elecciones de octubre con reservas suficientes y un dólar relativamente estable.
Para Trump y Bessent, en cambio, el objetivo es triple: garantizar que Argentina no derive hacia el campo chino en medio de la guerra comercial y tecnológica entre Washington y Beijing, asegurar que los bonistas de Wall Street cobren sus acreencias sin sobresaltos, y abrir el territorio argentino para inversiones de empresas estadounidenses. Como advierten incluso en EE.UU: el plan de salvataje no pretende salvar a la economía argentina. Está diseñado para salvar a los fondos que apostaron por Milei y Caputo, y para consolidar la presencia estadounidense en un país que considera pivote estratégico en la región.
Así las cosas, la reacción del empresariado argentino frente al plan Bessent expone una paradoja. Por un lado, los sectores financieros y ligados a la especulación celebran la renovación del carry trade y la posibilidad de seguir obteniendo ganancias extraordinarias con la bicicleta de Lebacs, pases y bonos en dólares. Por otro, los sectores productivos enfrentan una disyuntiva: mientras algunos temen quedar a precio de remate en medio de una recesión profundizada, otros intensifican su presión por reformas estructurales que terminarán de destruir el mercado de consumo interno que sostiene sus propias ventas.
En el pre Coloquio de IDEA, que se realizó entre el 2 y el 4 de octubre, los empresarios reiteraron su agenda suicida: baja de impuestos, reforma laboral y mayor competitividad. Daniel Funes de Rioja, presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), sintetizó el reclamo: "Necesitamos salir de la cancha embarrada". La metáfora aludía a la ausencia de reformas que, en la lectura empresaria, deberían liberar al capital de las "rigideces" que imponen el derecho laboral y el sistema previsional.
La industria textil es uno de los sectores que más presiona por cambios drásticos. En lo que va de 2025, según datos de la Fundación Pro Tejer, cerraron 380 empresas y se perdieron 11.500 empleos. El sector atribuye la debacle al aumento récord de importaciones —que crecieron un 85% interanual en el primer semestre— y a la caída del consumo interno, que se desplomó un 20% en el mismo período. Peor aún con ese diagnóstico, para los textiles la solución no pasa por actualizar el tipo de cambio o limitar las importaciones, sino por abaratar el costo de despido, flexibilizar jornadas y reducir cargas patronales. Un menú de pan para hoy y hambre para mañana.
Las reformas que reclama el coro empresario —ajuste sobre salarios, jubilaciones y derechos laborales— terminarán de destruir el mercado de consumo interno que ya cayó un 20% en textiles y registra derrumbes similares en otros rubros. Es un reclamo suicida: piden reformas que profundizarán la recesión que los está quebrando. Mientras tanto, el atraso cambiario que sostiene la timba financiera hace que sus empresas pierdan competitividad y queden expuestas a importaciones masivas o a adquisiciones extranjeras a precio de liquidación. La lógica del "comprar barato y vender caro" no solo opera en bonos: también opera sobre activos productivos.
Preocupados por su propio futuro, figuras emblemáticas del establishment industrial comenzaron a marcar distancia del gobierno que incubaron. Paolo Rocca, dueño de Techint, escaló las advertencias a Milei en las últimas semanas. Golpeado por la crisis de la industria —la producción de acero cayó un 30% en el último año—, Rocca advirtió sobre los riesgos de profundizar el ajuste sin una estrategia de desarrollo productivo. Su posición refleja el dilema de los grandes grupos económicos con fuerte presencia industrial: la timba financiera les ofrece ganancias de corto plazo, pero el desmantelamiento de la economía real amenaza sus inversiones de largo plazo.
Eduardo Costantini, quien transita entre las finanzas y el real state, sorprendió al calificar a Milei como "extremista" y rescató a Axel Kicillof como "honesto". Costantini, favorecido en la semana que pasó por el remate de un formidable predio público de Palermo, representa a un segmento del empresariado que ve con preocupación el rumbo del gobierno: no por razones ideológicas, sino por cálculo económico. El desplome del consumo, la destrucción del mercado interno y el atraso cambiario que hace caer la valuación de activos en dólares los pone en una situación incómoda. Pueden especular en el corto plazo, pero sus negocios estructurales quedan a tiro de billetera externa.
Macri, el virrey
Reencauzar negocios y apuntalar la gobernabilidad. Es la misión que Trump legó en Mauricio Macri como interventor de facto del gobierno de Milei. El expresidente fue convocado para garantizar gobernabilidad en el Congreso y aportar cuadros técnicos que ordenen áreas críticas de la gestión. Luego de no verse por más de un año, Macri y Milei tuvieron dos encuentros en el lapso de cuatro días para afinar cambios concretos: Guillermo Dietrich para un estratégico Ministerio de Transporte y Obras Públicas que concentraría las decisiones sobre infraestructura, y auditorías profundas a la ARCA y la Aduana, dos organismos donde Macri detecta "descontrol total".
El expresidente también armó un "equipo económico paralelo" para auditar la gestión de Caputo. La jugada azuzó múltiples lecturas. Para los laderos de Milei, Macri procura posicionarse como garante técnico del plan frente a Washington y el FMI. Para legisladores y gobernadores, el ex presidente prepara el terreno para una eventual ruptura si el gobierno de Milei profundiza su crisis de gobernabilidad.
Por lo pronto, la figura de Macri emerge como un actor con capacidad de veto sobre decisiones clave. Es, en términos políticos, una suerte de "virrey" que responde tanto a intereses locales como a los mandatos de Washington.
Humo artificial
El viernes feriado por la mañana, Milei recibió junto a su asesor Demian Reidel a representantes de OpenAI para anunciar el lanzamiento de "Stargate Argentina", un proyecto de infraestructura de inteligencia artificial que, según el comunicado oficial, situará al país "a la vanguardia del ecosistema global de IA". OpenAI y Sur Energy firmaron una Carta de Intención para colaborar en un proyecto de Data Center a gran escala capaz de alcanzar hasta 500 MW de capacidad. Estructurado en el marco del RIGI, el proyecto promete una inversión de hasta 25.000 millones de dólares, lo que lo posiciona como "una de las mayores iniciativas de tecnología e infraestructura energética en la historia de Argentina".
A poco de andar, el anuncio fue calificado como "humo" por expertos en tecnología. Julio Ernesto López, analista especializado en infraestructura digital, fue contundente en su cuenta de X: "No se hacen data center en 12 meses de IA. Tardan al menos 4 años y se emplazan en países que puedan dar energía y estabilidad". López, como varios de sus colegas, también apuntó a Sur Energy, la empresa local que supuestamente lidera el proyecto: "Su página web está hecha con Dreamweaver. No tiene ni 'Quiénes Somos'. El LinkedIn está en cero empleados. Todo muy serio, eh".
Una mirada sobre los pliegues de Sur Energy revela un entramado corporativo más complejo. La empresa pertenece a Satellogic, compañía argentina de satélites con operaciones en el extranjero que en abril de 2024 recibió una inversión estratégica de 30 millones de dólares por parte de Tether Investments Limited, emisor de la stablecoin USDT. Los bonos convertibles garantizados que Tether suscribió están respaldados por la totalidad de los activos de Satellogic, incluida su propiedad intelectual, y son convertibles en acciones ordinarias a un precio inicial de 1,20 dólares por acción. La operación fue bendecida por Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos, cuya firma Cantor Fitzgerald posee participación determinante en Satellogic.
La conexión entre la firma de origen argentino y el establishment trumpista es más profunda de lo que aparenta. Lutnick jugó un papel crucial en la llegada de Satellogic al Nasdaq en 2022, cuando la empresa de Emiliano Kargieman y Gerardo Richarte se fusionó con CF Acquisition Corp. V, un SPAC liderado por Liberty Strategic Capital, la firma de Steve Mnuchin, ex secretario del Tesoro durante la primera presidencia de Trump. En ese momento, Cantor Fitzgerald aumentó su participación en una colocación privada a aproximadamente 58 millones de dólares. "La tecnología sin igual de Satellogic cementa su posición como líder en la industria satelital con oportunidades ilimitadas", declaró Lutnick durante la fusión en 2022. "La capacidad de mapear toda la superficie de la Tierra a 70 centímetros y a un precio asequible posiciona a la empresa para abordar múltiples aplicaciones". Además del desembolso de Cantor Fitzgerald, Satellogic recibió también en 2022 un compromiso de colocación privada de 150 millones de dólares de Liberty Strategic Capital, la firma de Mnuchin.
Como secretario de Comercio, Lutnick tiene un rol determinante en la gestión Trump. Supervisa una agencia gubernamental con 47.000 empleados responsable de los controles de exportación, derechos antidumping y compensatorios, pronóstico del clima, pesca, datos económicos y promoción de inversiones en Estados Unidos. Trump también lo designó como líder de su política comercial, con supervisión sobre la oficina del Representante de Comercio estadounidense. El cargo le otorga a Lutnick potestad para negociar acuerdos arancelarios -como los que, se supone, Milei anunciará el martes junto a Trump- y control sobre las inversiones que Estados Unidos promueve en el exterior, como la anunciada por Open Ai en alianza con Satellogic. Quizá se trate de una coincidencia que los mismos nombres definan políticas públicas y lucrativos negocios privados, pero en política, como es prudente, nadie cree en casualidades.
Satellogic también mantiene una alianza estratégica con Palantir, la compañía de análisis de datos de Peter Thiel, un cruzado de las ideas extremistas que se ventilan en la CPAC -órgano donde confluyen ideología y negocios de la ultra derecha global- que es proveedor de tecnología para vigilancia y represión tanto en Estados Unidos como en la Argentina.
Insert coin
Como quedó en evidencia con la estafa $Libra, Milei y su presidencia son vistos como campo fértil para el despliegue de cripto negocios. Aunque la presencia de Tether en Argentina no se limita a proveer su stablecoin (USDT) a los ahorristas digitales locales y su sociedad con Satellogic. En marzo pasado, Tether adquirió el 70% de Adecoagro mediante el pago de unos u$s600 millones, apliando un primero desembarco del 19,4% en 2024. Con ese movimiento, la criptofirma se convirtió en el accionista mayoritario de la principal productora agropecuaria del país.
La convergencia del gigante digital en la economía real comenzó a los tumbos. En la primera mitad de 2025, Adecoagro reportó una ganancia neta de apenas u$s1,6 millones, lejos de los u$s57 millones de igual período de 2024. Para el segundo trimestre el resultado fue directamente negativo: pérdida de u$s17 millones. Por fortuna para la compañía, el gobierno argentino salió al rescate con una quita express de retenciones que favoreció a las cerealeras y grandes jugadores del mercado... como Adecoagro.
Como explicitó Bessent, la operación de Tether en el sector agrícola, energético y satelital argentino se inscribe en un patrón más amplio de adquisición de activos estratégicos del país por parte de firmas estadounidenses. El anuncio de Open AI se suma a la saga y cumple con múltiples funciones políticas y económicas. Primero, satisface las necesidades simbólicas del gobierno: mostrar a la Argentina como destino atractivo para grandes inversiones tecnológicas bajo el régimen del RIGI. Segundo, se alinea con la promesa de Bessent de favorecer negocios de empresas estadounidenses en territorio argentino. Tercero, justifica la acelerada venta de activos de Nucleoeléctrica Argentina por parte de Demian Reidel, el lobista de Silicon Valley con cargo de asesor presidencial que en su momento prometió "liberar la Patagonia de argentinos" para favorecer la instalación de megaproyectos extractivos de energía y recursos naturales escasos, como el agua.
No por casualidad, Reidel participó del anuncio de OpenAI en Casa Rosada. Su presencia articula el proyecto de Open AI con la entrega de territorios y recursos estratégicos para infraestructuras que demandan consumos energéticos e hídricos masivos. Los data centers de inteligencia artificial requieren refrigeración constante y conexiones eléctricas estables de centenares de megavatios. La acelerada venta de Nucleoeléctrica, que Reidel impulsa desde su llegada al gobierno, cobra sentido en este marco: privatizar la generación de energía para garantizar suministro a proyectos como el que promete OpenAI, aunque el proyecto mismo sea, por ahora, apenas una carta de intención firmada en medio de una campaña electoral.
El propio Bessent, al explicar las razones del apoyo a la Argentina, mencionó los recursos naturales como un activo que su país pretende para sí. Ya lo había dicho también la ex jefa del Comando Sur, Laura Richardson, cuando habló de los fluidos y las tierras argentina en primera persona del plural. Está en curso un saqueo a cielo abierto. La incógnita es el porcentaje de ciudadanos que, el próximo 26 de octubre, darán su aval a un gobierno que se propone volver a la Argentina colonial.
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