En el edificio del Indec, sobre Diagonal Sur, hay una planilla que nadie se atreve a mostrar en público. Exhibe el resultado de aplicar la nueva metodología de medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC), basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, diseñada para ser ejecutada en la actual gestión. El dato no está oculto, pero tampoco se difunde. La razón es política: el número complica la narrativa triunfal del oficialismo en pleno año electoral.
Fuentes del organismo con acceso a la planilla secreta sugieren que, si se utilizara el nuevo índice, la inflación mensual sería entre 1 y 2 puntos porcentuales más alta que la informada por el Indec. Según cálculos del economista Martín González Rosada -codirector de la Maestría en Economía de la Universidad Torcuato Di Tella-, las nuevas ponderaciones hubieran medido una inflación acumulada de 133,6% en 2024, 16 puntos por encima de los 117,8% que reconoció la estadística oficial.
Es decir: con el nuevo IPC, el ritmo de desaceleración de la inflación -principal insumo promocional del gobierno- sería más lento y, por lo tanto, menos consistente para el relato oficial.
Números brujos
La decisión de mantener vigente el viejo IPC, fundado en la ENGHo 2004-2005, fue tomada en el corazón del Poder Ejecutivo. Guillermo Francos, Jefe de Gabinete de Javier Milei, admitió la jugada frente al Congreso: “No están dadas las condiciones para cambiar el índice en este momento”.
La explicación sobre la oportunidad no es técnica, como aludió el funcionario. Es política. La nueva metodología está lista desde el año pasado e iba a comenzar a regir desde este mes. Pero abril marcó el inicio de un calendario electoral clave, con comicios en provincias y una economía en terapia intensiva que volvió al coma devaluatorio inducido por el acuerdo con el FMI. Un contexto poco propicio para exhibir un índice de precios al alza justo cuando el fogonazo inflacionario y la campaña en curso exige sostener el relato de la desinflación.
El IPC actual —vigente desde 2016— utiliza una estructura de gasto basada en la ENGHo 2004-2005. En consecuencia se calcula con hábitos de consumo de hace dos décadas, cuando internet móvil no existía, la participación del alquiler era menor y los servicios públicos estaban fuertemente subsidiados.
La ENGHo 2017-2018 —sobre la que se construyó el nuevo IPC aún en remojo— pretende reflejar los cambios en la estructura del gasto familiar. Por caso:
- Alimentos y bebidas no alcohólicas bajaría su ponderación del 23,4% al 19,7%.
- Transporte treparía del 11,8% al 15,6%, por el mayor uso del auto particular y el encarecimiento del combustible.
- Comunicación pasaría del 2,7% al 4,1%, impulsado por el gasto en telefonía móvil e internet.
- Vivienda, agua, electricidad y gas subiría del 8,8% al 12,2%, reflejando el impacto del aumento de tarifas y alquileres.
- Restaurantes y hoteles aumentaría del 5,2% al 6,5%, indicando mayor gasto fuera del hogar.
Además, el nuevo IPC incorpora una desagregación regional más precisa: pasa de 6 a 12 regiones estadísticas, lo que permite reflejar con más fidelidad las variaciones territoriales de precios.
También incluye mejoras metodológicas, como un nuevo sistema de imputación de precios ausentes, actualización de puntos de recolección de datos y frecuencias, incorporación de fuentes complementarias como escáneres de supermercados y mejor tratamiento de productos estacionales y bienes durables.
MÁS INFO
¿Un despido para ganar tiempo?
La elaboración del nuevo índice fue gestionado por Analía Calero, coordinadora de Precios del Indec y principal impulsora del cambio. Pero apenas el trabajo estuvo listo, en octubre pasado, la funcionaria fue despedida bajo el pretexto de “diferencias metodológicas” con el director del organismo, Marco Lavagna. “La echaron para ganar tiempo y congelar la aplicación del índice” susurran en los pasillos del Indec, bajo estricto anonimato, temerosos de correr la misma desventura que Calero.
Para los equipos técnicos del organismo, seguir midiendo con una base tan vieja es insostenible. “Los patrones de consumo ya no reflejan la realidad de los hogares. Estamos usando un termómetro que mide mal”, admitió un técnico que trabajó en el índice cajoneado. En el gobierno lo admiten, pero eligieron prolongar la manipulación que, con talento para el eufemismo, llaman “prudencia electoral”.
Para la Casa Rosada, el IPC se volvió una herramienta de estabilidad política en medio de la tormenta provocada por la devaluación. Con el consumo hilando 16 meses consecutivos de derrumbe y los salarios reales en retroceso, mantener un índice que “dibuje” menos inflación permite imponer negociaciones salariales a la baja como principal ancla de la deriva inflacionaria.
El diputado radical Martín Tetaz, uno de los que interrogó a Francos por la postergación del nuevo IPC, observó que “con los ponderadores del 2017-18 el salario real queda por debajo de noviembre 2023, lo que explica por qué el consumo masivo está 10% abajo de ese momento”.
La colaboración de dirigentes sindicales que negocian paritarias cercanas a cero -disciplinados a fuerza de beneficios masticables y campañas de demonización-, contribuye a mantener a raya la puja distributiva y sostener la transferencia regresiva de ingresos, corazón de un programa económico que sacrifica el tejido productivo en el altar del “carry trade”.
Subestimar la inflación provoca daños colaterales en bolsillos que ya están sometidos a altísimos niveles de estrés. Distorsiona variables como la movilidad jubilatoria, el salario mínimo y los alquileres indexados. También impacta sobre los bonos ajustados por IPC, circunstancia que disgusta a los fondistas convocados a la nueva carrera de bicicletas organizada por el ministro trader Luis “Toto” Caputo. Pero necesidad electoral mata billetera: para el gobierno, sincerar el IPC ahora sería admitir que el ajuste salvaje sólo logró cambiar la velocidad de la inflación, no su profundidad. Y eso, en un año de comicios claves, puede costar más caro que los puntos de ganancias perdidos en la timba por cálculo deficiente del CER.
Desde que el Indec fue intervenido en 2007, el índice de precios se convirtió en una trinchera política. El cambio metodológico, idealizado en el Indec como un modo de recuperar prestigio, fue postergado varias veces. Ahora, el gobierno libertario —que hizo campaña denunciando la manipulación estadística— optó por un atajo: sostener una metodología obsoleta mientras busca ganar tiempo y espacio en la carrera electoral.
“En la Argentina, el que controla el termómetro cree que controla la fiebre” resumió un técnico con varias décadas en el Indec. “Pero la única verdad es la realidad -parafrasea-. Y la realidad es que cada vez le sobran más días del mes al sueldo”. Es un hecho indiscutible. Pero en tren de parafrasear, el panelista que llegó a presidente en base a embustes, estafas narrativas y gestos ampulosos es prueba del verso que define al clima de época: “Cuando la mentira es la verdad”.
¿Qué ves?
Cerrar sesión