La pulseada por la domiciliaria de CFK: las restricciones y los derechos políticos en juego

Tras la confirmación de la condena proscriptiva de Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema de Justicia, el tribunal de juicio que dictó la sentencia emblemática del lawfare en el caso “Vialidad” debe resolver la ejecución de la pena. El punto central que se debatirá de aquí al miércoles, cuando la expresidenta concurra a Comodoro Py para ponerse a Derecho y quedar detenida, es si la titular del Partido Justicialista cumplirá los 6 años de prisión en su domicilio o en una cárcel común. Si el Poder Judicial decide profundizar su persecución contra CFK puede inclinarse por la segunda opción o imponer severas restricciones al arresto domiciliario. Ante la brutal condena, que inhabilitó a la dos veces presidenta a ejercer cargos públicos por el resto de su vida en un proceso repleto de irregularidades, no se debe descartar ninguna posibilidad.

La pulseada por la domiciliaria

“El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona, poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat”, tiuteó Cristina este viernes.

Los abogados de CFK, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, solicitaron al TOF 2 que se conceda el arresto domiciliario por variadas razones. Además de ser mayor de 70 años de edad –una de las condiciones para cumplir prisión domiciliaria-, los letrados destacaron que se debe autorizar por cuestiones de seguridad, por haber sido Presidenta de la Nación –administró datos sensibles y confidenciales, por ejemplo-, y por haber sido víctima de un intento de homicidio –por lo que debería tener una supervisión continua -. Respecto a esto último, señalaron los abobados de CFK que la justicia nunca investigó a fondo la línea política e intelectual del atentado donde está señalado el diputado Gerardo Milman, quien está vinculado a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Bullrich está a cargo del Servicio Penitenciario Federal, es decir, es quien tendría bajo su órbita la detención de Cristina.

Sobre esto último, los abogados de CFK indicaron que “por razones difíciles de explicar, no se ha podido o querido avanzar respecto a los autores intelectuales del intento de magnicidio, quienes por ende permanecen libres e impunes al día de la fecha. Es más, según algunas líneas de la pesquisa, por el momento no descartadas, los instigadores del hecho mantendrían contactos directos con altos sectores del poder político y económico de nuestro país. Incluso, una de las personas sospechadas tiene relación directa con quien actualmente se desempeña como titular del Ministerio de Seguridad de la Nación, en cuya órbita actúa, precisamente, el Servicio Penitenciario Federal”. La referencia es a Milman, quien está imputado en el fragmento del expediente que no fue elevado a juicio.

“Resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, afirmaron Beraldi y Llernovoy, quienes también requirieron que CFK no utilice tobillera electrónica ya que tiene custodia de la Policía Federal y es imposible que se fugue.

La Justicia ordenó un estudio socio-ambiental del departamento que CFK presentó como domicilio para cumplir su condena y ya se consideró que es apto para que se cumpla una domiciliaria allí.

Ahora el presidente del TOF 2, Jorge Gorini, es quien debe definir si acepta o no la solicitud. Se espera que lo haga el miércoles cuando se cumplan los 5 días hábiles que el tribunal otorgó a todos los condenados de “Vialidad” para presentarse en Comodoro Py y ser detenidos. Gorini tenía una licencia tomada y no iba a estar pero finalmente decidió cancelarla y quedarse para resolver esta etapa del proceso. Si partía, su lugar hubiera sido ocupado por su colega de tribunal Rodrigo Giménez Uriburu, el juez que jugaba al fútbol con el fiscal del juicio, Diego Luciani –el acusador-, en la quinta Los Abrojos de Mauricio Macri. La causa Vialidad se inicia a instancias de una denuncia que hizo un funcionario del entonces presidente en 2016: Javier Iguacel, entonces Director de Vialidad Nacional. Era posible que CFK recusara a este segundo magistrado como lo hizo durante el juicio sin obtener el resultado buscado, lo que hubiera podido retrasar el trámite en cuestión.

Si el Poder Judicial quiere profundizar la persecución judicial contra la expresidenta tiene dos vías para hacer a partir de la ejecución de la pena: puede rechazar la domiciliaria para que CFK cumpla la pena en prisión o puede concederla pero imponiéndole restricciones severas. Si acontece la segunda opción se abre una serie de interrogantes: ¿la Justicia que proscribió a CFK y ordenó su detención restringirá sus derechos políticos aún más? ¿Le pondrá un cupo de visitas? ¿Le prohibirá salir al balcón desde donde saluda a la militancia que concurre a su domicilio a brindarle apoyo? ¿Hasta dónde puede llegar el hostigamiento?

Un antecedente cercano es el de la dirigente social Milagro Sala, quien sigue como presa política. Cuando Milagro logró por un reclamo a la Comisión Interamericana de DDHH que se le otorgue la prisión domiciliaria, en Jujuy le impusieron un régimen restrictivo que no tuvo ni el peor de los genocidas. Tenía a gendarmes en la puerta de la casa en que cumplía su arresto, quienes revisaban a las visitas y les sacaba los celulares. Llegó a tener prohibido el contacto con los medios. También tenía una restricción en la cantidad de visitas que podía recibir por día –no más de 10 entre las 7 y 20 horas-, que fue variando con el tiempo. Lo mismo el lapso de duración de esas visitas. Eso se fue morigerando. Pero ni a los genocidas le impusieron ese régimen.

Por ejemplo, este cronista junto al fotógrafo Gustavo Molfino captó en 2015 al represor Gerónimo Capitán, quien cumplía prisión domiciliaria, abusándose del beneficio de dar vueltas a la manzana que la justicia le había autorizado por razones de salud. Tal como se publicó en el diario Tiempo Argentino el 24 de marzo de 2015, Capitán –preso por crímenes de lesa humanidad durante el Operativo Independencia- se iba a kilómetros de distancia de su casa cuando solo tenía autorizado girar en la manzana por un período de tiempo. ¿La justicia autorizaría a CFK, condenada en un caso de lawfare, a salir de su casa a dar vueltas a la manzana como lo hizo con ese represor, por ejemplo? Una década atrás, tras la investigación periodística, ese genocida volvió a la cárcel.

Como bien recordó la dirigente del PTS y abogada de DDHH Myriam Bregman en un tuit de este viernes: “Desde las mismas oficinas políticas, judiciales y mediáticas desde donde jamás se dijo una palabra en contra de las condiciones de detención que tienen los represores, se discute ahora la llamada ‘detención domiciliaria’ y sus condiciones. Han lanzado una verdadera cruzada reaccionaria”. En esa línea, recordó el caso del genocida Jorge Antonio Olivera, alias “el Carnicero”, “un militar condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad y padre del cura Javier Olivera Ravasi, sacerdote del ala más conservadora y reaccionaria de la Iglesia Católica, conocido por sus fuertes vínculos con la vicepresidenta Villarruel y que tuvo el beneficio de poder organizar una importante comitiva de diputados y diputadas de La Libertad Avanza al penal federal de Ezeiza. Los legisladores ingresaron sin controles y la brava Patricia Bullrich se olvidó de su bravura. El hecho continúa impune en la justicia y en el Congreso”. “Olivera padre fue condenado por numerosos crímenes cometidos en la provincia de San Juan. Se lo conocía como el ‘Carnicero de San Juan’ por su afición a poner ‘carne a la parrilla’, es decir, personas sobre las mesas de tortura. Fue encontrado culpable, entre otros hechos, del secuestro y desaparición de la modelo y militante de Montoneros Marie Anne Erize, en 1976. Sobrevivientes de la dictadura relataron que también se jactaba de haberla violado. Este personaje, desde hace varios años está en arresto domiciliario por ‘cuestiones humanitarias’. Sin embargo, goza de muy buena salud a la hora de festejar sus 50 años de matrimonio: organizó una mega fiesta con banda de música y Palito Ortega como animador. La militante negacionista Cecilia Pando estuvo entre el centenar de invitados”, añadió Bregman en referencia a un caso que tuvo una gran cobertura de la periodista Luciana Bertoia en Página 12. La dirigente del PTS resaltó: “Aclaro que se le concedió la detención domiciliaria a pesar que se fugó varias veces, la última del Hospital Militar, y ahora vive de joda en su casa”.

Al día de hoy, según una actualización estadística de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad que se difundió este viernes, de los 612 genocidas detenidos, 498 se encuentran en arresto domiciliario. Se trata de un 81% del total, tal como destacó la agrupación H.I.J.O.S - Capital. El dato ratifica la existencia de una "cruzada reaccionaria" contra CFK. 

Ante este escenario, lo que se dirima respecto a una posible domiciliaria de la expresidenta -y sus condiciones- moldeará el clima político-social de los próximos días.