Caso Cuadernos: el tribunal cede a la presión mediática y suma una audiencia semanal al juicio

El tribunal del juicio Cuadernos cedió a la presión mediática y este jueves, apenas unos días después de armar el cronograma del debate, que comenzó la semana pasada, lo modificó y sumó una audiencia semanal más antes del final del 2025. Será todos los martes desde el 25 de noviembre. ¿La razón? Cumplir con el mandato de quienes impulsan este proceso, que pretenden que avance rápido y pueda coincidir con los tiempos electorales futuros. Con ese norte, el próximo martes habrá una reunión en la Cámara Federal de Casación Penal –máxima instancia penal del país- para determinar si se suman más cambios en pos de acelerar los tiempos del juicio que comenzó el pasado 6 de noviembre y se estaba realizando los jueves en los tribunales de Comodoro Py. En apenas siete días, el TOF 7 ya concedió parte de lo que le exigieron desde distintos medios. Un mal augurio para los acusados de cara a lo que sigue.

Está caro que esta operación político-mediático-judicial se armó para que impacte en los procesos electorales y por la cantidad de acusados y hechos que se abordarán, los tiempos judiciales podían extenderse después de 2027. De allí la urgencia de apurar el debate por parte de quienes lo impulsan. En este contexto, este jueves el TOF 7, integrado por los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, comunicó a las partes que “se incrementará la frecuencia de audiencias añadiéndose los días martes, con lo cual a partir del día 25 de noviembre de 2025, el juicio tendrá lugar los días martes y jueves de cada semana”. Tomó la decisión a regañadientes, bajo presión, tal como se desprende de la resolución que da cuenta de la novedad. Es que los magistrados explicaron que agregan una audiencia semanal este año "aun cuando la agenda del Tribunal se encuentra actualmente colapsada con diversos juicios en trámite y con la obligación de producir los fundamentos en las causas denominadas ‘Del Boca’ y ‘GNL’, cuyos vencimientos están previstos para fines de este mes”. Para el año próximo, el tribunal ya había dispuesta audiencias martes y jueves pero la presión mediática exige que sean tres las audiencias semanales, algo muy poco habitual en este tipo de juicio.

La decisión del TOF 7 se dio luego de que distintos operadores mediáticos presionaran para que todo sea más rápido y la Cámara de Casación realizara una reunión de Superintendencia para abordar los reclamos de los medios hegemónicos de comunicación. Jony Viale, por ejemplo, el martes pasado sostuvo sobre el juicio Cuadernos desde los estudios de TN: “El juicio de las Juntas duró 7 meses y medio. Estos lo quieren llevar (al juicio Cuadernos) a 2030. Declararon más de 800 testigos, fueron 530 horas de audiencia, se hizo en una sala gigante especialmente acondicionada. ¿Por qué no se puede hacer lo mismo acá? ¿A que le temen los jueces? Cristina debería pasar mucho más que 6 años presa y tienen que empezar a devolver lo que robaron". En la misma sintonía, el senador Luis Juez, también en TN, sumó: "No sé qué están esperando, la verdad que es un papelón, hay que sustraer al tribunal de cualquier otra cosa que no sea ese juicio", dijo, sobre Cuadernos, como si fuera el único proceso judicial relevante de la Argentina. Pretenden una Justicia al servicio de sus intereses. Y un sector responde de inmediato a esa presión.

El 11 de noviembre, la Superintendencia de la Casación (los presidentes de sus 4 salas  más el presidente del cuerpo), convocó para el 18 de noviembre a los jueces del TOF 7 para “coadyuvar con mayor eficacia, eficiencia, celeridad e inmediación en la realización del juicio conocido como ‘Causa Cuadernos´”. En ese sentido, la Casación dejó trascender en los medios que el próximo martes abordará la posibilidad de acelerar el juicio con algunas definiciones, como la realización de audiencias presenciales al menos tres veces por semana y la eliminación de la feria judicial de verano. Por lo pronto, el TOF 7 este jueves cedió a la presión y sumó una audiencia semanal antes de fin de año a pesar de señalar que está desbordado.

En la resolución en la que anunció que este año sumará una audiencia todos los martes, el TOF 7 también le pasó factura a otros actores del Poder Judicial para justificar por qué no pueden avanzar con la premura que le están exigiendo desde distintos sectores: “Desde el sorteo de este expediente, el 20 de septiembre de 2019, a la fecha, es decir, por seis años y fundado en la necesidad de realizar un proceso acorde a la Constitución Nacional, este Tribunal ha realizado múltiples reclamos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Consejo de la Magistratura y a la Cámara Federal de Casación Penal, requiriendo recursos humanos, espacio físico que incluya la adaptación de puestos de trabajo, gestión de expedientes sorteados o por sortearse, que fueron satisfechos sólo parcialmente por el Alto Tribunal en 2022 y 2024, a través de la autorización de contratación de personal, pero que resulta insuficiente en función de lo solicitado”, comienza el posicionamiento de los jueces  Enrique Méndez Signori y Fernando Canero.

Ambos magistrados también defendieron que las audiencias se realicen por Zoom a sabiendas de que en Casación podrían reclamarles que sumen encuentros presenciales: En el marco de este proceso “se ratificó la modalidad telemática, que también contempla, la modalidad híbrida e incluso presencial, para celebrar las jornadas de debate oral y público, metodología que se viene llevando a cabo desde hace años en juicios -simples y complejos- con amplia aceptación de la mayoría de las partes y la convalidación de los tribunales superiores y cuyos beneficios de la mano de la tecnología con la que se cuenta resultan innegables, más allá de algunos defectos menores que suelen aparecer”.

En esa línea también se destacó que todas las partes estuvieron de acuerdo en lo resuelto respecto al juicio. Y es cierto. La presión en pos de acelerarlo comenzó esta semana desde los medios hegemónicos de comunicación.

En una clara interpelación al presidente de  la Cámara de Casación, Daniel Petrone, Méndez Signori y Canero dijeron sobre la falta de espacio para hacer el juicio de forma presencial: “El presidente de la Casación ofreció la sala de audiencias denominada ‘Sala Amia’, con un doble orden de problemas hoy insolubles: a) no estuvo ni está en condiciones a la fecha de ser utilizada por remodelaciones y b) el Tribunal carece de oficinas y demás instalaciones para llevar adelante el juicio con su personal en esa sede de Comodoro Py”. En una clara crítica contra quienes pretenden condicionar el proceso, agregaron: “Es decir que, para el jueves pasado, ni siquiera había una sala de audiencias disponible para iniciar el juicio de manera mixta o presencial, debiéndose utilizar la exigua sala del tribunal donde se encuentra archivada la documentación de este proceso”.

No obstante ello, remarcaron que parte del juicio se hará presencial porque así ya lo había dispuesto el tribunal. Recordaron que las declaraciones indagatorias se celebrarán “bajo la modalidad mixta; es decir, con sus integrantes, las personas imputadas que corresponda convocadas con sus defensores, partes acusadoras y público, de manera presencial, mientras que el resto de las partes y público general lo hará de modo telemático”. Es un intento por intentar neutralizar la avanzada que se vendrá desde Casación el próximo martes.

En la misma resolución, por ejemplo, los jueces le reclamaron a la Corte “que autorice la utilización de la Sala de Derechos Humanos -ubicada en la planta baja del palacio- para llevar a cabo en forma híbrida la etapa prevista”, que también “conceda de manera transitoria la sala de acuerdos identificada con el número 2050, ubicada en la planta baja del edificio” y reiteraron “la solicitud de contratos de personal” para sumar al caso. Es una forma de involucrar al Alto Tribunal en la discusión que se abrió sobre la velocidad del juicio. También mencionaron algunos de los otros juicios que tienen por delante.

El juez Germán Castelli –puesto a dedo por Macri en este tribunal- adhirió al posicionamiento de sus colegas. Y añadió críticas, como la siguiente: “Con el juicio oral y público iniciado y frente a esos antecedentes que se remontan a un lustro, un cambio repentino de las reglas de juego fijadas el año pasado y ratificadas hace dos meses por el Tribunal ante las partes, acerca de la realización de audiencias telemáticas o, llegado el caso, mixtas o presenciales, sin apoyo en algún fundamento novedoso mayor que el reclamo de un sector de la opinión pública que no tiene las delicadas responsabilidades constitucionales conferidas a este órgano jurisdiccional, aparecería como caprichoso y en desmedro del principio de independencia en la magistratura y en perjuicio de la seguridad jurídica”.

Cuestionamientos de las defensas

A partir de la comunicación de la novedad diversas defensas cuestionaron lo resuelto por el TOF 7.

El abogado José Ubeira, defensor de Oscar Thomas, por ejemplo señaló que el diario La Nación, al que consideró “no imparcial” por su rol en esta causa,  el pasado domingo cuestionó la lentitud de este proceso y al ver lo informado por Casación y ahora por el tribunal, el letrado expresó su “desasosiego”. “Este es un juicio complejo, difícil”, dijo, y agregó que la convocatoria de Casación viola la independencia del Poder Judicial ya que pareciera responder a una presión de poderes fácticos. “Si esta audiencia del 18 de noviembre se va a realizar, quiero estar presente en esa audiencia para que la Cámara de Casación me escucha y sepa lo que yo tengo que decir sobre este proceso”, aseguró.

El letrado Gabriel Palmeiro, quien representa al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, compartió el criterio de Ubeira. Y dijo que en función de lo que se derivaría de los medios de comunicación, “nosotros hicimos el pedido de participar” en la audiencia de Casación.

Por su parte, el abogado Alejandro Rúa, que representa a Roberto Baratta, quien fuera el N° del Ministerio de Planificación Federal, señaló que: “Solo para que quede constancia que la concesión que se ha hecho a la presión mediática para tener más días a partir del martes 25 de noviembre colisiona con el desarrollo de un juico que también estamos teniendo en la actualidad con el mismo tribunal, la misma fiscal, con esta defensa del mismo imputado, porque los días martes 21 de noviembre y martes 2 y 16 de diciembre están previstas audiencias en ese juicio, que nos fueron notificadas hace 10 días. Indudablemente, el tribunal tendrá que resolver esta situación. No va a poder tener dos audiencias el mismo día". Y añadió: "Advierto que había una agenda, que había un modo de desarrollar dos juicios y ahora porque La Nación o Clarín o A24 han presionado sobre la Casación y ese tribunal ha demandado de ustedes una respuesta advierto que las respuestas que dieron traen más problemas que soluciones. El juicio empieza y de estas presiones vamos a tener muchas. Sería muy importante que se esté a lo que se resolvió y que todos estuvimos de acuerdo. Teníamos a partir de ahí una previsión. Y ahora estamos todos bailando al compás de las necesidades mediáticas que el Poder Judicial debe saber atender de un modo diferente al que lo está haciendo ahora”.

“La Justicia no puede someterse a las necesidades de otros. Y si este juicio lleva mucho tiempo, será así. Yo no voy a sacrificar los derechos de mi defendido por las presiones mediáticos”, agregó, por su parte, Aníbal Ibarra, defensor de Daniel Álvarez, exsecretario del entonces presidente Néstor Kirchner.

En este contexto, el martes se reunirán los integrantes del TOF 7 en la Casación. Se esperan más presiones para apurar el juicio Cuadernos. A juzgar por lo que sucedió este jueves no debiera sorprender si los jueces hacen más concesiones. Es que operación político-mediático-judicial no busca Justicia sino continuar la persecución de dirigentes opositores como Cristina Fernández de Kirchner.

Las irregularidades de un caso escandaloso

A juzgar por las irregularidades que hubo a lo largo de toda la causa Cuadernos –que gestaron el fiscal Carlos Stornelli y el difunto juez Claudio Bonadío- lejos de una profusa investigación, este caso se trató de una gran maniobra político-mediático-judicial para profundizar la persecución de opositores y extorsionar empresarios.

La cronología de la gestación de “Cuadernos”, que estalló el 1° de agosto de 2018, se puede resumir de la siguiente manera, con sus respectivas irregularidades:

• El periodista de La Nación Diego Cabot le entregó a Stornelli las fotocopias de los supuestos cuadernos adjudicados al exmilitar Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta. Según la versión oficial, la entrega a la Justicia fue luego de que el policía Jorge Bacigalupo –presunto amigo Centeno y quien tenía los cuadernos en custodia- se los diera al periodista de La Nación Diego Cabot. Stornelli no envió el caso a sorteo. Se lo quedó. Un claro ejemplo de fórum shopping (cuando se elige un investigador a dedo, lo que no se puede).
   
• Centeno declaró en tribunales que tenía los anotadores guardados, pero el día 1, cuando fueron a buscarlos junto a Stornelli a su domicilio, no estaban donde dijo.
   
• Centeno, que se convirtió en imputado colaborador, cambió su declaración y afirmó que quemó los anotadores. Un arrepentido no puede mentir. Centeno mintió.
   
• Pero Cabot apareció más de un año después, en la víspera de las elecciones presidenciales de 2019 –exactamente 4 días antes-, con algunos de los Cuadernos en físico, resucitados de las cenizas. ¿No era que se habían quemados? ¿Por qué Centeno mintió dos veces? ¿Por qué se escondieron los anotadores?
   
• El empresario Armando Loson, uno de los acusados, tras un peritaje privado denunció en tribunales más de 1.600 irregularidades en los Cuadernos para involucrarlo en la causa. Esto provocó la apertura de una causa paralela donde se investigó la situación de la que fueron víctimas Loson y Gerardo Ferreyra.
   
• Un peritaje oficial que se hizo en esa causa paralela confirmó que en las partes de los 3 cuadernos analizados donde aparecía Loson hubo una mano que no era la de Centeno. El estudio caligráfico fue realizado por la división de Scopometría de la Policía Federal. Así, se determinó que quien había manipulado los anotadores fue el expolicía Jorge Bacigalupo, vinculado a Centeno y de Cabot. Martínez de Giorgi procesó al expolicía pero el acusado luego fue favorecido por la cámara federal porteña. Hoy se encuentra con falta de mérito. ¿Por qué Bacigalupo intervino los cuadernos? ¿Quién le pidió escribir los nombres y direcciones que puso? Nunca se lo preguntaron hasta el momento.
   
• Una pericia lingüística que realizó la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires ordenada también por Martinez de Giorgi en la misma causa paralela determinó que hubo cambios notables en la redacción de los 3 cuadernos peritados en esa causa. Quedó claro que hubo escrituras de corrido en lugar de anotaciones diarias, una planificación previa de la narración y hasta se sostuvo que Centeno pudo haber estado escribiendo todo para otra persona y no para él, cual registro de diario personal, como había instalado la versión oficial de los hechos. ¿Alguien entonces le dictó lo que escribir a Centeno? ¿Por qué?
   
• En agosto de este año, en la previa al inicio del juicio y después de siete años de iniciada la causa, el TOF 7 ordenó peritar los cuadernos originales. El estudio, que estuvo a cargo de la Gendarmería (GNA), estableció que si bien los anotadores los escribió el ex militar y chofer Oscar Centeno también participó otra mano en la escritura de pasajes puntuales. Es decir, ratificó lo que arrojó el peritaje de la Policía Federal en la causa de Martínez de Giorgi. El trabajo pericial de la GNA, que por primera vez se hizo sobre los originales, también dio cuenta de un cambio en la forma de escribir de Centeno entre el primer grupo de cuadernos (del 1 al 6) y el segundo (el 7 y 8), que es muy llamativo. Y precisó cientos de tachaduras y correcciones así como otras particularidades como faltantes de hojas en los originales y que, por ejemplo, el anotador Nº 4 tiene su tapa y contratapa al revés y el espiral manipulado.
   
• A esta sucesión de irregularidades se suma la forma en que se tomaron los testimonios de los arrepentidos, que no fueron grabados ni registrados por algún medio técnico según establece la ley. Por tal motivo no hay forma de corroborar si los arrepentidos fueron presionados por el fiscal Stornelli, quien llegó a decir públicamente, en plena instrucción del proceso, que se estaban agotando “las sortijas” para los empresarios que estaban pensando en –o siendo empujados a- arrepentirse. Más de un imputado se refirió a “aprietes” de los actores judiciales. Uno de esos casos fue referenciado este jueves por CFK. La expresidenta citó lo dicho por el abogado de ese arrepentido, Roberto Herrera. Y recordó que a uno de los arrepentido “lo aislaron en una celda sin ventanas, bajo un reflector encendido las veinticuatro horas del día. Nunca sabía si era de día o de noche. Lo filmaban constantemente, como si el tormento necesitara testigos, pero le negaban el contacto humano: nadie podía verlo, nadie podía hablarle. Esa combinación de luz perpetua, vigilancia y soledad no es un exceso administrativo: es lo que llaman tortura blanca, diseñada para quebrar la mente sin dejar marcas visibles”.
   
• Fue tal el manoseo que hubo en la causa por parte de la dupla Stornelli-Bonadío que hasta el actual ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, cuestionó la investigación en 2018. Como abogado del empresario Sergio Taselli dijo que su defendido "si no sale en libertad en breve lapso va a mentir y va a involucrar a alguno". En declaraciones radiales explicó la extorsión que se producía: "Tenés que arrepentirte, confesar algo, e involucrar gente. Si decís que sos inocente quedas preso. Hay que ir y confesar, si no quedas preso". Una definición contundente de quien hoy comanda la cartera judicial del gobierno. Está claro que a pesar de las irregularidades, al gobierno también le conviene que este juicio avance. Y rápido.