La Justicia cerró la causa en la que se investigaba la visita de diputados libertarios a genocidas en la cárcel de Ezeiza. Se consideró, como pretendía la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) no tuvo ninguna responsabilidad en facilitar el encuentro. El archivo de la pesquisa lo decretó el juez federal Luis Armella, el mismo que estuvo acusado en el caso “Gestapo antisindical” en el que se orquestó la persecución judicial del sindicalista Juan Pablo Medina durante el macrismo por decisión del gobierno y la SIDE. En este caso, Armella se hizo eco de un planteo que realizó el fiscal Sergio Mola, quien tenía delegada la investigación de la visita a represores como Alfredo Astiz y enfatizó que el SPF no cometió ningún ilícito. Mola es quien con su colega Diego Luciani pide que se envíe a la expresidenta Cristina Kirchner a una cárcel común en el marco de la causa Vialidad, donde también interviene.
“Solicitaré el archivo de la presente causa al no advertirse la configuración de un ilícito por parte de las autoridades penitenciarias”, sostuvo Mola en su dictamen como fiscal federal de Lomas de Zamora, al que tuvo acceso El Destape. De esta forma, cumplió con la voluntad de la ministra Bullrich, que tiene bajo su órbita al Servicio Penitenciario Federal, y tal como informó este medio, había pedido que se cuidara al personal del SPF en una reunión que mantuvo el 15 de agosto pasado en su despacho con la diputada nacional Lourdes Arrieta, una de las integrantes de la comitiva de libertarios a Ezeiza que había denunciado lo sucedido en la cárcel.
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El querellante Pablo Llonto definió ante este medio que lo resuelto por la Justicia es “otra barbaridad de un integrante del Poder Judicial”. “El fiscal Mola diciendo: ‘¿Por qué motivo la autoridad penitenciaria debería haber tomado ante legisladores nacionales una actitud distinta a la que habitualmente adopta frente a autoridades judiciales?’ sostiene que los integrantes del Poder Judicial y Legislativo tienen coronita para entrar en las cárceles sin que los revisen y se les retengan los celulares. En cambio al resto del pueblo, sobre todo a la gente pobre, que la revisen”, cuestionó Llonto. “Es una joda total. Siempre cuidan sus privilegios. Es el ‘viva la pepa total’ de funcionarios que ganan fortunas y permiten que no haya controles en las cárceles", concluyó.
Una comitiva de diputados libertarios visitaron el 11 de julio del año pasado a diversos genocidas en el penal de Ezeiza. Tal como consta en el expediente no fueron revisados e ingresaron con celulares y se tomaron fotografías. Tal como informó este medio al cubrir la trama de las visitas a represores en los penales, los chats de los libertarios comprometían a Bullrich.
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Por ejemplo, según se desprende de la denuncia de Arrieta –que fue desestimada en su momento por Mola-, el 11 de marzo pasado, a las 11.08, el cura Javier Olivera Ravasi, hijo de un genocida condenado, escribió en uno de los grupos Whatsapp que creó para organizar las visitas a represores en pos de lograr su libertad: “El Dip Beltrán Benedit habló con Patricia Bullrich para que quienes deseen sumarse, al día siguiente de nuestra reunión a visitar los presos políticos que están detenidos en Campo de Mayo/Ezeiza/Marcos Paz se les facilite el ingreso sin inconvenientes. Ya está hablado. Quienes quieran ir, por favor coordinar por privado con Beltrán”. Todo indica que la referencia es a otra visita y no a la que realizaron los diputados libertarios el 11 de julio al penal de Ezeiza. Es que hubo otro encuentro en Campo de Mayo, donde también hay represores detenidos.
No es el único chat que involucra a Benedit. En otro de los chats difundidos, el diputado Beltrán Benedit dice: “Acabo de tener una muy buena charla con Fernando Martínez, el Director del SPF. Asumió hace dos días y me causó muy buena impresión. Nos facilitará el acceso a los penales el viernes”.
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Cuando estalló el escándalo, la ministra Bullrich intentó desligarse del caso. En declaraciones radiales negó haber estado detrás del encuentro del 11 de julio. Y afirmó: “Me enteré de la visita de los diputados por los diarios”. También defendió al Servicio Penitenciario Federal, tal como lo hizo ante Arrieta: “El SPF si se presenta un diputado y pide entrar, lo tiene que dejar entrar por lo que dice la ley. Así que ni el SPF ni en mi caso que yo ni me enteré, porque no me llamó nadie, ni tuve una comunicación", manifestó.
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El salvataje de Mola a Bullrich y el SPF
El fiscal Mola afirmó en su dictamen que impulsó el cierre de esta pesquisa que los penitenciarios “omitieron aplicar cualquier solemnidad que implicara restricciones al ingreso y permanencia de los diputados nacionales en el establecimiento carcelario” porque “le otorgaron a la concurrencia de la comitiva el carácter de ‘recorrida’” y no de “visita”. “Así –señaló Mola de forma escandalosa-, el personal penitenciario se limitó a acreditar la identidad de los visitantes y conducirlos al lugar de visita, sin controlar sus pertenecías ni quitarles sus teléfonos celulares. Tampoco se limitó el tiempo de estadía, permaneciendo la comitiva en el interior del establecimiento alrededor de tres horas. Al no considerar que se trataba de una ‘visita’, no se aplicaron las pautas establecidas por el memorándum 3/2018 (previa conformidad de los internos que van a ser visitados, registro de los visitantes al ingresar, limitación del tiempo de permanencia)”, escribió quien había sido recusado en esta causa.
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Para el fiscal “que a una visita a detenidos por parte de representantes del Estado las autoridades del SPF la hayan considerado como una ‘recorrida’ no parece ilógico”. Cual abogado defensor y no impulsor de la acusación pública, Mola se preguntó: “Al así considerarla, resulta atendible que a los visitantes no se le hayan realizado mayores procedimientos de control. En tal sentido, corresponde poner de resalto que en las incontables ‘recorridas’ que los operadores judiciales que nos desempeñamos en esta jurisdicción hemos realizado en los distintos establecimientos penitenciarios de nuestra competencia no fuimos requisados físicamente ni se nos han quitado teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos. ¿Por qué motivo la autoridad penitenciaria debería haber tomado ante legisladores nacionales una actitud distinta a las que habitualmente adopta frente a autoridades judiciales?”. Llonto contestó a este planteo que esos poderes parecen tener privilegios.
Cerraron la causa por la visita de diputados libertarios a genocidas en Ezeiza
Pero Mola incluso da un paso más y para poder cerrar del todo el caso señaló que aún si el encuentro hubiera tenido carácter de “visita” y no de “recorrida” lo penitenciarios tampoco incurrieron en ningún delito: “Aún en el hipotético caso que consideráramos que las autoridades penitenciarias debieron haberle dado carácter de ‘visita’ a la concurrencia de los legisladores, y por ende aplicar las restricciones al acceso que establece el memorándum 3/2018 y el Reglamento de Comunicaciones para los Internos N° 1.138/97, tampoco se advierte la comisión de un ilícito que amerite la continuidad de una investigación penal”. Así invitó al juez Armella a cerrar el expediente, algo que resolvió de inmediato.
Para Mola “no surgen elementos para considerar un actuar doloso por parte de los funcionarios penitenciarios que prestaban servicio en el CPF VII, además de que el suceso investigado no provocó perjuicio alguno”.
El juez Luis Armella, como era de esperar, se hizo eco de lo dicho por el fiscal. Argumentó que tenía delegada la investigación y no impulsa la acción penal: “Puesto a resolver, de conformidad con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal cuyos argumentos resultan razonables, corresponderá archivar las presentes actuaciones”.
En esa línea, indicó: “Encontrándose delegada la instrucción de la causa en cabeza del titular de la acción pública, su representante ha considerado que no se advierte en la presente investigación configuración de un ilícito por parte de las autoridades penitenciarias, por lo que ha solicitado su archivo, lo cual luce razonable a la luz de las constancias de la causa”. “En consecuencia, con arreglo a las disposiciones normativas mencionadas y de acuerdo con los antecedentes doctrinarios citados -referentes a la ausencia de impulso de la acción por parte del Ministerio Público Fiscal-, es que corresponde disponer el archivo de las actuaciones por inexistencia de delito, conforme lo normado por el art. 195, segundo párrafo, del CPPN”.
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Armella, el mismo juez que fue involucrado en el caso Gestapo antisindical, de esta forma cerró el caso que podría comprometer a Bullrich, al SPF y a diputados libertarios por su connivencia con genocidas.
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