El gobierno nacional intensificó su política de revisión de pensiones por invalidez argumentando que existe un crecimiento desmedido en la cantidad de beneficiarios durante las gestiones kirchneristas. Los datos internacionales, sin embargo, muestran una realidad diferente a la que sostiene la administración de Javier Milei.
Según datos oficiales de ANSES, a septiembre de 2024 había 1,2 millones de beneficiarios de pensiones por invalidez, lo que representa el 2,6% de la población total del país. Esta cifra fue utilizada por el gobierno para justificar auditorías masivas y modificaciones en los criterios de otorgamiento. Pero la realidad, puesta en el espejo, dicta del diagnóstico manipulado. España, por caso, exhibe cifras similares a las de Argentina: cerca del 2,2% de la población española recibe pensiones por incapacidad permanente, una proporción casi idéntica al 2,6% que se registra en el país.
El espejo español
El ministro de Economía, Luis Caputo, había afirmado que en Argentina debería haber solamente 97.000 personas con discapacidad. Por su parte, el ministro Federico Sturzenegger detalló en un posteo del 23 de septiembre de 2024 que "entre 1999 y 2003 las pensiones se mantuvieron en torno a 80.000 beneficiarios, pero entre 2004 y 2015 ese número creció un 1225%, hasta llegar a 1.060.000 pensiones".
Los registros oficiales muestran una evolución diferente a la planteada por el Gobierno. Entre 2015 y 2023, el incremento de pensiones fue del 15%. Durante la gestión del Frente de Todos, se registraron 350 mil altas y 160 mil dadas de baja por incumplimientos, renuncias y fallecimientos. El total de pensiones pasó de 1.034.599 en 2019 a 1.191.617 a fines de 2023.
El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Fernando Galarraga, explicó que cuando asumió Néstor Kirchner había 75 mil pensiones debido a un tope que el Estado destinaba para personas con discapacidad. Eliminado ese límite, se amplió el acceso a sectores que antes quedaban excluidos.
España presenta cifras similares a las argentinas en materia de pensiones por incapacidad permanente. Entre enero de 2024 y junio de 2025, este tipo de pensiones se disparó un 8,45%, pasando de 945.530 a 1.025.446 beneficiarios, según registros del Ministerio de Seguridad Social español. Con una población de aproximadamente 47 millones de habitantes, esto representa cerca del 2,2% de la población española que recibe pensiones por incapacidad permanente, una proporción notablemente similar al 2,6% argentino.
El Ministerio de Seguridad Social español atribuye parte de este incremento a un cambio normativo que aumentó la edad para la conversión de pensionistas con incapacidad permanente a jubilación, de 65 a 66 años y seis meses. Además, desde la pandemia de covid se produjo un atasco en los tribunales de valoración que ahora se resuelve con mayor dotación de recursos.
Las comparaciones internacionales
Sturzenegger comparó Argentina con México (0,94% de la población), Perú (0,3%) y Chile (0,91%) para evidenciar lo que considera un exceso argentino. Sin embargo, fuentes vinculadas a la administración de ANDIS en gestiones anteriores señalan que estos países tienen sistemas de protección social menos desarrollados y mayores niveles de informalidad laboral.
Argentina, según estos análisis, aplica derecho progresivo y por eso incrementó la cantidad de personas que podían acceder a una pensión al actualizar los criterios de acceso. Chile y Uruguay, por ejemplo, poseen un cupo laboral tanto en el sector privado como público para personas con discapacidad, mientras que en Argentina solo rige para el sector público. Según los datos del Censo 2010, el 12,9% de la población total argentina tenía discapacidad, lo que equivalía a 5.175.105 personas. Aplicando ese mismo porcentaje a la población del Censo 2022 (46.234.830 personas), el número ascendería a 5.964.293 personas con discapacidad.
Esto significa que aproximadamente el 20,3% del total de personas con discapacidad recibe una pensión no contributiva, según datos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
El Gobierno mostró supuestos casos de irregularidades para sustentar sus políticas. Uno de los más citados fue el de la supuesta radiografía de perro utilizada para justificar una pensión. Sin embargo, la resolución gubernamental oficial indicó que el pedido había sido rechazado: "El interesado no adjunta ningún examen complementario que justifique las mencionadas patologías, único examen complementario presentado corresponde a una radiografía que no pertenece a un ser humano". Es decir que el sistema de auditorías funcionó como filtro ante un intento abusivo.
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Galarraga sostuvo que las reformas normativas implementadas durante las gestiones kirchneristas se originaron en el denominado fallo REDI, que solicitaba al Estado nacional modificar la normativa, y siguieron orientaciones y recomendaciones que desde 2012 Naciones Unidas hizo al país. "Estas modificaciones apuntaron a ampliar derechos, acercar la gestión de este trámite a las personas que realmente lo necesitaban y modernizar su tramitación para asegurar rapidez y transparencia", expresó el exfuncionario.
El gobierno de Milei inició la auditoría de 1 millón de pensiones por invalidez laboral, que equivalen al 82% del total. El proceso se desarrolla en cuatro etapas con evaluaciones médicas presenciales a cargo de PAMI y posterior análisis por parte de ANDIS. El monto actual de las pensiones por invalidez es de $261.160, por debajo de la canasta básica. Para 2025, el presupuesto prorrogado prevé un 25% menos de fondos destinados al pago de estas prestaciones.
La ACIJ cuestionó que el proceso de auditoría se realizó con criterios de otorgamiento que considera inconstitucionales, señalando que el modo en que se desarrolla impide ejercer el derecho de defensa. El sistema representa un costo de 3.400 millones de dólares anuales, equivalente al 3,5% del presupuesto de 2025, según datos oficiales.
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