A 20 años de la Ley de Educación Técnico-Profesional: el Congreso debe garantizar su cumplimiento

Hace 20 años, el Congreso Nacional -por amplia mayoría- aprobó el texto de la Ley de Educación Técnico Profesional (26.058). Dos décadas después, esta modalidad educativa está transitando por una crisis muy profunda. Esta difícil situación es producto de la falta de financiamiento y de la ausencia de políticas públicas que articulen la formación técnica y laboral con un modelo de desarrollo económico y productivo que demande trabajadores calificados, técnicos y profesionales que estén en condiciones de agregar valor a la producción y a los servicios a partir de la calidad de su trabajo.

La historia de nuestro país muestra que la evolución de la educación técnica siempre estuvo íntimamente vinculada a las estrategias de crecimiento implementadas en cada período. A diferencia de la mayor parte de las naciones desarrolladas, en la Argentina el surgimiento del sistema educativo no tuvo como principal objetivo la formación de mano de obra calificada para incorporarse en el mercado de trabajo. La evolución temprana de la escuela pública fue el resultado de estrategias que, a partir de la consolidación del Estado Nacional en 1880, privilegiaron las funciones políticas de la educación. Su papel fue preponderante en la construcción de la identidad nacional entre poblaciones que provenían de culturas diferentes, tanto de pueblos originarios como de numerosas corrientes migratorias europeas. Con la frase “Educar al Soberano”, Sarmiento sintetizó el papel político que la generación del ’80 esperaba de la expansión de la escuela. En sus orígenes, no se requería que el sistema educativo argentino formara para el trabajo, por la sencilla razón de que el modelo agroexportador imperante no requería mano de obra calificada. Los pocos oficios demandados no se aprendían en las aulas, sino trabajando. Es por ello que la primera Escuela Técnica de la Nación, el Otto Krause, que se creó como anexo del actual Colegio Carlos Pellegrini, se fundó recién en el último año del siglo XIX.

Sólo cuando el proceso de sustitución de importaciones que se produjo a partir de la crisis del ’29 y la segunda Guerra Mundial comenzó a requerir mano de obra local calificada, surgió la necesidad de fortalecer la educación técnica y de oficios. Una parte de esta responsabilidad la asumieron los sindicatos que capacitaban a sus propios trabajadores. Pero, paulatinamente, el Estado comenzó a tomar a su cargo esta tarea.

Así en 1932, como parte del Colegio Otto Krause, surgió la Escuela Industrial de la Nación Oeste que pasó a cobrar autonomía y denominarse Ingeniero Huergo. Posteriormente, la educación técnica y de oficios comenzó a institucionalizarse en 1944 cuando el Gral. Juan Domingo Perón creó desde la Secretaría de Trabajo la Comisión Nacional de Aprendizaje y Formación Profesional (CNAOP). De este organismo dependerían las escuelas fábrica y de oficios, las misiones monotécnicas, las escuelas técnicas agrarias y los centros de capacitación profesional femenina, entre otras iniciativas destinadas a formar los trabajadores y técnicos que requería la pujante industria. Con el mismo objetivo, en 1948 se fundó la Universidad Obrera Nacional (UON). Aun cambiando los nombres, CONET por CNAOP y UTN por UON, la formación técnico-profesional y técnica agropecuaria continuaron creciendo en el país mientras el modelo desarrollista tuvo vigencia.

Fue la última dictadura militar la que, a partir de un sostenido proceso de desindustrialización, comenzó a atacar, desarticular y desfinanciar la educación técnico-profesional. Con el objetivo de reducir fuertemente el presupuesto y eliminar la autarquía del CONET, en octubre de 1980, Martínez de Hoz eliminó el Impuesto que aportaba directamente a la Educación Técnica al ampliar la base de imposición del IVA. A partir de entonces, esta modalidad comenzó a sufrir un fuerte deterioro manifestado, entre otros aspectos, en la desactualización del equipamiento.

Este proceso de desarticulación de la educación técnica se profundizó en la década de los ’90, cuando nuevamente la apertura comercial a los productos importados, la priorización de la especulación financiera y la exportación de la producción primaria sin agregado de valor, relegó el crecimiento industrial del país. En primer lugar, en 1992 se transfirieron el conjunto de escuelas técnicas que dependían de la Nación hacia las provincias sin los recursos correspondientes para sostenerlas. Posteriormente, con la aprobación de la Ley Federal de Educación, se eliminó la modalidad técnica. Se la reemplazó por los Trayectos Técnico-Profesionales (TTP) que desvalorizaron totalmente los saberes tecnológicos que necesitaban los estudiantes para enfrentar las profundas transformaciones que estaban sucediendo en los procesos productivos. Sólo las jurisdicciones de Ciudad de Buenos Aires, Santa Cruz y Neuquén mantuvieron las escuelas técnicas. Por su parte, los cursos de formación profesional fueron mayoritariamente privatizados mediante licitaciones que llevó adelante el Ministerio de Trabajo.

Es por ello que el proceso de re-industrialización que comenzó a partir del año 2003 encontró, como uno de los principales cuellos de botella, la falta de trabajadores especializados, técnicos e ingenieros en condiciones de aportar al crecimiento económico.

La Ley 26.058, surgida de un profundo debate entre organizaciones académicas, empresariales y sindicales, enviada al Congreso Nacional por el Presidente Néstor Kirchner, fue la respuesta que la democracia argentina propuso para atender las crecientes demandas de un mundo del trabajo que mostraba cambios tecnológicos acelerados. Entre otros aportes, esta Ley recupera la responsabilidad del Estado Nacional respecto de la modalidad técnico-profesional creando un Consejo Nacional con participación de todos los actores involucrados, dando un particular protagonismo a docentes, empresarios y sindicatos en la definición de las políticas. Al mismo tiempo, define que se debe otorgar a esta modalidad el 0,2% del Presupuesto Nacional, con la convicción de que sólo con una fuerte inversión estatal se podía dotar de modernas tecnologías a las escuelas técnicas y terminar con la obsolescencia que mostraba el equipamiento que había sido adquirido varias décadas atrás. Para tener una dimensión del esfuerzo presupuestario que se realizó en esos años, hay que tener en cuenta que sólo entre el 2003 y el 2007 el financiamiento de la Educación Técnico-Profesional se incrementó entre 1.531 a 48.234 millones de pesos. Es decir, un 3.050%. Hasta el año 2015 el presupuesto continuó creciendo, ya que la ley fue estrictamente cumplida.

El 20° aniversario de la Ley encuentra a las Escuelas Técnicas y a la formación profesional sumidas en una de las crisis más profundas de su historia producto del proceso de desindustrialización y de la destrucción de las capacidades del Estado que está llevando adelante el gobierno de Milei. Como es evidente, toda la educación está sufriendo un recorte brutal. Un reciente informe del Observatorio de Argentinos por la Educación señala que la inversión educativa descendió al 4,6% del PBI, muy lejos del 6% que marca la Ley de Financiamiento Educativo y del porcentaje que se alcanzó en el 2015. El mismo trabajo muestra que Milei rompió el piso de la inversión nacional, destinando en 2024 y 2025 menos del 1% del PBI y que el presupuesto 2026 prevé un monto del 0,75%, el más bajo en décadas. Al mismo tiempo, propone derogar los artículos que fijan el 6% del PBI como objetivo para la educación y el 0,2 del presupuesto para la enseñanza técnica. Pero en el caso de esta última la situación es mucho más grave. El trabajo realizado por el equipo de Imaginar y Transformar muestra que de acuerdo al proyecto de presupuesto enviado al Congreso y que ya cuenta con dictamen de Comisión de Diputados, entre el 2023 y el 2026 la reducción de la inversión educativa nacional caerá el 50%.  ¡Pero en la educación técnica el recorte propuesto es del 88%! Es decir, prácticamente tiende a desaparecer.

El mismo gobierno que hace alarde de modernidad y de valoración por las nuevas tecnologías, está produciendo la destrucción de un sistema de enseñanza técnico-profesional que ha mostrado ser la modalidad educativa que más aporta a la movilidad social ascendente de los jóvenes y al desarrollo productivo del país.

Es imprescindible que los representantes del pueblo en el Congreso de la Nación pongan un freno a este proceso de ajuste interminable y al desmantelamiento de las capacidades educativas del país, garantizando que se cumpla estrictamente con los objetivos de la Ley de Educación Técnico Profesional.