En paralelo al debate por la modificación de la Ley Electoral 5.109, en relación a los plazos legales previos para realizar los comicios comenzó a dar algunas señales políticas subterráneas, desde el gobierno de Axel Kicillof se enfocan paralelamente en la logística e ingeniería de los mismos. En ese sentido, el ministro de Gobierno Carlos Bianco, detalló en la conferencia de prensa de este lunes en Casa de Gobierno que esta semana, el Gobernador, “firmará el decreto” que creará el “Comando Electoral provincial”, a cargo del ministro de Seguridad, Javier Alonso.
El Comando trabajará en conjunto con el Correo Argentino y el Ministerio de Seguridad nacional, a cargo de Patricia Bullrich. En ese sentido, Bianco confirmó el compromiso de “poner a disposición desde Nación” unos “6 mil efectivos de las Fuerzas Federales”, que serán de la Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería y Prefectura. “Se sumarán a los 22 mil efectivos de la policía bonaerense”, detalló el ministro. Vale remarcar que para las elecciones del próximo domingo 7 de septiembre, se podrán a a disposición unas 6.500 escuelas que funcionarán como centros de votación.
Otras de las funciones del Comando serán las “tareas vigilancia de los establecimientos de votación, la custodia de la sede de la Junta Electoral provincial y la Justicia Federal Nº 1, la custodia de urnas y documentación electoral tanto en el depósito, como durante su transporte, y hasta la finalización del escrutinio definitivo”.
Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia.
En tanto, junto al Correo Argentino se llevará adelante “la logística general del proceso electoral” que implica, según explicó Bianco, “el despliegue anticipado de las urnas, los cuartos oscuros móviles, materiales y documentación electoral, coordinación y despliegue con las Fuerzas de Seguridad, la provisión y distribución de refrigerios para autoridades de mesa y delegados, y la entrega documentada de urnas a las autoridades de mesa”. También, el “desarrollo de la plataforma de transmisión de telegramas, la personalización de hardware y software de transmisión, la distribución a las sucursales electorales digitales y a los locales de votación, la operación de los centros de transmisión y el envío de resultados; el control y monitoreo electoral, seguimiento de nombramiento y renombramiento de autoridades, los tableros de monitoreo de la transmisión y recepcion de telegramas, la trazabilidad de material y documentación electoral, la verificación de entrega de urnas, el sistema de alertas y reportes; y el recuento provisional de los resultados”.
Esta semana, el Correo Argentino, “va a llamar a licitación para que una empresa haga el recuento provisional de los resultados”, detalló el funcionario. Por otra parte, “ya se adjudicó la licitación para la compra de materiales y servicios de impresión por un monto de $4.400 millones de pesos”. Ello implica, entre otros aspectos, la compra de 44.125 kits de útiles escolares, 49.000 urnas, 3.000 cuartos oscuros móviles, 48.600 bolsines, 18.475.000 sobres, 45.000 manuales de capacitación de autoridades de mesa, formularios, hojas membretadas, precintos, entre otros insumos.
Finalmente, el ministro de Gobierno informó de un segundo convenio entre su área, la Junta Electoral provincial y el Juzgado Federal Electoral Nº 1, para “establecer las competencias y obligaciones” de cada dependencia. Así, el funcionario dejó en claro que “no hay ningún riesgo de que se ponga en peligro la realización de la elección”.
Los tiempos electorales en debate
La Ley 5.109 estableció un cronograma que responde al padrón electoral de 1946, cuando había un millón de electores. En 2023 la cifra ascendió a 14 millones de electores. Algunos de las tareas que realiza la Junta Electoral Provincial se centran en la verificación de candidatos, la confección y aprobación de cada una de las listas, que tienen una instancia manual y otra digital.
Según explicó el secretario de Actuación de la Junta Electoral provincial, Jorge Demaria Massey, en la comisión de Reforma Política de la Cámara de Diputados que se realizó la semana pasada, la verificación de candidatos se basa en “verificar las cualidades constitucionales, es decir, la edad mínima que establece la Constitución, que los nombres y apellidos coincidan con el Padrón Electoral - se generan cientos de muchos errores de tipeo -, la revisión de género; la nacionalidad de conformidad al cargo que se postulen - ya que los extranjeros solo pueden ser concejales; la antigüedad de residencia en el distritos según la categoría, y la incorporación de un seudónimo o sobrenombre de los postulantes - que el candidato debe demostrar que socialmente es reconocido de esa manera”. Dicho proceso se realiza con cada candidato o candidata bonaerense.
“Todo esto se debe hacer en un plazo de 20 días, y la ley actual nos deja 10 días. Es casi imposible hacerlo”, detallaron desde la Junta Electoral. Además advirtieron que los plazos son “si los candidatos cumplen con los requisitos; sino hay una segunda instancia para los que no cumplen”. Durante 2023 hubo 36.215 candidatos y candidatas, de los cuales 6.519 tuvieron que hacer trámites ante la Junta. De esa cifra, 5.215 fueron por cuestiones de residencia y 1.304 por otros aspectos. “Todo esto requiere tiempo y es a favor de los partidos políticos, porque sino se cumplen no se puede presentar”, esgrimieron.
La oficialización de las boletas es otro eje en debate que va concatenado. El articulo 61 vigente marca tiempos vetustos. Establece que “los partidos inscriptos presentarán a la Junta Electoral para su oficialización las listas, con una anticipación de por lo menos 30 días a la fecha del acto electoral. Y con 20 días las boletas identificatorias de los candidatos oficializados”. “Se cae de maduro que es imposible cumplir con los términos”, afirmaron desde la Junta.
En esta instancia se deben oficializar las mismas, hacer audiencia de boletas, dar lugar al planteo de impugnaciones y observaciones y resolverlas. Finalmente, el presidente de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo, Gustavo Spacarotel, se refirió al debate por los plazos electorales, a la competencia de la modificación de los mismo y las responsabilidades de cada poder: “Hay una Ley vigente y todos los poderes del Estado tienen potestades reglamentarias explícitas e implícitas. Respecto de la potestad reglamentaria en materia de plazos, la Corte Suprema de la Nación estableció un principio de ‘deferencia’, que establece que el poder judicial debe respetar la autoridad y la legitimidad del poder legislativo. Es decir, la prioridad en materia de plazos la tiene esta Legislatura bonaerense”.
Cerrar sesión