Caso $LIBRA: la OA confirma que nunca analizó los antecedentes comerciales de los hermanos Milei y rechaza informar sobre su supuesta pesquisa

La Oficina Anticorrupción (OA) confirmó que nunca analizó los antecedentes comerciales del presidente Javier Milei y su hermana Karina, un paso necesario para evitar que se oculten conflictos de intereses como los que surgieron en el escándalo cripto. También rechazó informar a El Destape sobre la supuesta pesquisa que realizó a pedido del propio gobierno para investigar lo sucedido en torno al lanzamiento del token $LIBRA. Ambas cuestiones surgen de dos respuestas a pedidos de Acceso a la Información Pública que realizó este medio. La contestación de la OA adquiere una relevancia especial ya que el jefe de Estado está imputado en la causa judicial que se abrió por la estafa con la memecoin y fue quien instruyó al organismo anticorrupción, que tiene prohibido actuar por órdenes del Poder Ejecutivo, a confeccionar una investigación sobre lo acontecido con $LIBRA.

En sus respuestas obligadas a los pedidos de acceso que hizo El Destape, la OA niega información que debiera ser pública sobre cómo actuó en torno al escándalo cripto. Utiliza dos argumentos distintos en sus respuestas a este portal, para no brindar lo solicitado: en primer lugar, que lo requerido está bajo secreto y es reservado y por otro lado, que excede el marco de un pedido de acceso a la información. De esa forma, la OA no permite acceder a información sobre lo que está haciendo o hizo (o directamente no hizo) en un tema de interés público que involucra al presidente de la Nación.

A esto se suma que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, informó el 29 de abril, en el escrito que envió al Congreso en el marco de la pesquisa parlamentaria sobre el caso $LIBRA, que la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) que creó el gobierno para analizar el tema ya envió al juzgado su estudio del caso. La UTI se creó en el mismo decreto 114/2025 por el que se estableció la intervención de la OA. A juzgar por la respuesta exprés de la UTI –hizo una investigación en menos de dos meses- y la respuesta de la OA a El Destape, se abre un interrogante clave: ¿La entidad que encabeza Alejandro Melik, quien fue socio de Cúneo Libarona, investigó seriamente el caso $LIBRA o lo que hizo fue más para deslindar al Presidente de cualquier tipo de responsabilidad?

La OA, Milei y el caso $LIBRA

El Destape cursó dos pedidos de Acceso a la Información Pública a la OA para interiorizarse de los avances sobre la investigación que el propio presidente Milei le instruyó que abriera en torno al caso $LIBRA. Se trata de una pesquisa que supuestamente se inició tras la firma del decreto 114/2025, que es ilegal ya que la OA no puede recibir órdenes del Gobierno. Esto último está establecido en otro decreto, el 45/2023, que está vigente y señala que el titular de la OA “gozará de independencia técnica y cumplirá las funciones que le competen sin recibir instrucciones del Ministro de Justicia ni de ninguna otra autoridad superior del PODER EJECUTIVO NACIONAL”.

Por lo establecido en el decreto 45/2023, El Destape consultó al organismo anticorrupción que preside Melik, en uno de los pedidos de acceso, si “inició alguna acción en razón al presumible incumplimiento de esta norma por parte de quienes firmaron el decreto 114/2025, dándole órdenes expresas que contradicen abiertamente la mentada norma que regula el funcionamiento de la OA”. El decreto 114 lleva la firma de Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La respuesta, que estuvo a cargo de Hilda Lorena Caro, titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la OA, fue que “la solicitud excede el marco de un pedido de acceso a la información pública”. Evidentemente, la contestación podría comprometer al Presidente, a Bullrich y a integrantes de la entidad ya que el decreto 45/2023 es muy claro.

Respecto a lo ordenado en el decreto ilegal, las autoridades de la OA indicaron a este portal que el 18 de febrero pasado iniciaron “una actuación de oficio a la que luego se incorporó el Decreto 114/25”. “En dicho marco se dispuso la remisión de las actuaciones a la Dirección Nacional de Investigaciones y Fiscalización de la DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES y se generó un nuevo expediente que fue remitido a la Dirección Nacional de Ética Pública de la DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA, a efectos de intervengan en el ámbito de sus respectivas competencias”, agregaron en su contestación. Esa investigación quedó a cargo de Melik, el funcionario cercano a Cúneo Libarona, “en su carácter de máxima autoridad de esta Oficina Anticorrupción, conforme lo dispuesto en su Reglamento Interno”.

Esta respuesta parece una cobertura que busca disimular que no actuaron como correspondía. Es decir, que no hicieron un análisis de los antecedentes comerciales de Milei donde hubieran encontrado las relaciones con el trader Mauricio Novelli, involucrado en el criptogate y quien tiene una escuela de negocios donde el primer mandatario daba clases hasta poco antes de asumir la Presidencia; y que abrieron un expediente para analizar el caso $LIBRA, que involucra a Milei, a instancias del Poder Ejecutivo cuando eso es ilegal.

El Destape también requirió a la OA que informe sobre las medidas que tomó para proteger la prueba digital del caso, si pidió colaboración a organismos internacionales que se encuentran investigando estos hechos y si en virtud de sus competencias relativas a la cooperación entre países, en el marco de las Convenciones anticorrupción o en lo relativo a los distintos foros especializados a nivel global, solicitó asistencia técnica o intercambió información. La respuesta fue que “la información que solicita posee carácter reservada”. Si la OA hubiera tenido la voluntad de dar a conocer que estaba realizando una investigación seria, podría haber informado que solicitó información a organismos internacionales sin precisar a cuáles o podría haber informado que citó a testigos pero sin decir de quiénes se trataba. Optaron por no informar nada. Y no precisaron por qué la información requerida es reservada. Simplemente, así lo decretaron.

En el mismo pedido de Acceso a la Información Pública este medio consultó a la OA por las acciones que tomó para “proteger y/o asesorar a las víctimas de los presuntos hechos de corrupción vinculados con el criptoactivo $LIBRA”. La respuesta fue similar a las anteriores: se dijo que “salvo en lo que refiere a la protección del denunciante, prevista en la normativa interna de esta Oficina (que no aplica en este caso), las acciones sobre las que consulta no resultan de incumbencia de esta Oficina, y, además, la solicitud excede el marco de un pedido de acceso a la información, atento que no se encuadra en lo establecido por los artículos 2º y 3º de la Ley 27.275”.  

La OA confirma que no analizó antecedentes comerciales de los hermanos Milei

En un segundo pedido de Acceso a la Información Pública, El Destape consultó a la OA si desde el 10 de diciembre a la fecha realizó, como hubiera correspondido, un análisis de los ex empleadores, ex clientes, ex socios y vinculaciones comerciales de Milei y su hermana Karina, secretaria general de la presidencia, para prevenir conflictos de intereses. La respuesta fue que no hizo nada de eso. Y que solo realizaron recomendaciones generales (con meras transcripciones de las leyes aplicables de la Ética Pública sin un análisis específico del caso). Los resultados de tal accionar quedaron expuestos en el escándalo cripto.

Este medio también requirió a la OA que informe si analizó puntualmente la vinculación del ahora Presidente y su hermana con el trader Mauricio Novelli y su firma N&W Profesional Traders, desarrolladores de los proyectos Coin X y Vulcano, de los cuales ambos habrían participado. Así como si el organismo anticorrupción le realizó al Presidente y a la secretaria general de la Presidencia algún tipo de recomendación teniendo en consideración las vinculaciones comerciales con dichas personas y empresas. En su respuesta, Leopoldo Giupponi, titular de la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia, remitió a un expediente administrativo que se abrió luego de un planteo de similares características realizado por los dirigentes de la Coalición Cívica, Hernán Reyes y Federico Esswein. Reyes y Esswein habían solicitado a la OA que le requiriera al Presidente la presentación de una “Declaración Jurada de Intereses” en donde consten “la totalidad de los antecedentes laborales, en el que deberá incluirse a quienes hayan contratado sus servicios de expositor o asesoramiento económico o a quien, de cualquier otra forma, prestó servicios durante los tres (3) años antes de asumir la Presidencia de la Nación”. En ese expediente interno, la OA pretende liberarse de culpa y cargo por no haber pedido nada de nada.

¿Qué respondió el organismo anticorrupción a este medio? Que según la Ley de Ética Pública “no (se) le exige a ninguna de las personas obligadas a presentar declaraciones juradas patrimoniales integrales que informen la nómina de sus clientes, ya sean previos o concomitantes al desempeño de sus respectivas funciones públicas”. En la misma línea, agregó que “no existe una disposición en nuestro ordenamiento jurídico que obligue al Presidente de la Nación -ni a ningún otro funcionario- a informar la nómina de las personas con las que se vinculó en el ejercicio de su profesión en los últimos TRES (3) años previos a asumir el cargo”. Incluso sostuvo que aun “cuando la revelación de dicha información cobre valor instrumental para la prevención de los conflictos de intereses (…) no se puede soslayar que su exposición podría poner en tensión aquellos fines de transparencia y prevención de los conflictos de intereses -como expresiones del bien público- con la confidencialidad del vínculo profesional, establecido en favor del cliente en resguardo de sus derechos, y protegido bajo la forma del secreto profesional, que alcanza a la existencia de la relación misma”.

El Destape también consultó a la OA si tras el cripto escándalo revisará su criterio de no haberle solicitado la información de antecedentes a Milei. La respuesta fue que “no obran documentos sobre lo requerido, sin perjuicio de lo cual cabe señalar que, a criterio del suscripto, lo solicitado excedería el objeto de un pedido de acceso a la información pública de conformidad a lo prescripto en el artículo 2° de la Ley 27.275”.

La contestación del organismo encabezado por quien fuera socio de Cúneo Libarona expone que no previnieron posibles conflictos de intereses. Tal como precisaron expertos en la materia, desde la OA debieron haber realizado recomendaciones precisas al Presidente y su hermana y no las hicieron. No analizaron a ningún sujeto con los que los Milei estuvieron relacionados comercialmente. El organismo debió haber averiguado los exclientes de Milei y Karina, independientemente de si ambos los informaron o no. Es lo que hicieron otras gestiones de la OA en situaciones similares. Porque a pesar de los argumentos esgrimidos por la gestión Melik, hay interpretaciones consolidadas de la Ley de Ética Pública y de las convenciones internacionales anticorrupción respecto de lo que tiene que hacer un organismo como la OA ante los riesgos y responsabilidades de determinadas funcionarios. Era ineludible que se le requiriera la información que no se le solicitó al Presidente. “Los presidentes deben informar sobre sus clientes si ejercieron la actividad privada y Milei daba conferencias. Si el ahora Presidente tuvo otras actividades, la OA debió haberle pedido que informe su clientes como se hizo, por ejemplo, con Alberto Fernández. Hay antecedentes sobre este tema”, señalaron especialistas anticorrupción.

La OA debió haber averiguado el listado de exclientes de Milei. Era información pública, sus relaciones con Novelli estaban publicadas hasta en redes sociales. ¿Cómo debió haber operado la OA? “Cuando asumió Milei, se debían fijar en las relaciones comerciales que estuvieran en la 'Declaración Jurada del Presidente' y después buscar otras más en base a fuentes abiertas como Nosis e Internet. Ahí hubieran encontrado rápidamente esta relación con Novelli. Son los estándares habituales con los que siempre actuó la OA, incluso durante el macrismo”, explicaron quienes trabajaron en este tipo de casos.

Parece una obviedad pero, a juzgar por las respuestas de la OA, no lo es: los organismos anticorrupción deben analizar los antecedentes comerciales de un Presidente. Es lo que establecen los estándares básicos en las averiguaciones relativas a conflictos de intereses y riesgos en la función pública. Pero la entidad que preside Melik decidió mirar para otro lado como sucedió en muchas otras ocasiones.