El Gobierno anunció este lunes un duro ajuste que alcanza a la eliminación de la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial, todos organismos que se encargan del control, mantenimiento y obras en rutas nacionales. Si bien el Gobierno reestructuró buena parte de las dependencias y reasignó las funciones al ministerio de Economía y a la secretaría de Transporte, en el mismo movimiento delegó en la Gendarmería los controles en las rutas nacionales.
Antes de esta última reestructuración, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) era la encargda de llevar adelante los controles y la fiscalización del tránsito en las rutas, autopistas, semiautopistas y demás espacios nacionales. Ahora esas tareas fueron traspasadas a la Gendarmería Nacional, según informó la secretaría de Transporte.
Sin embargo, aclararon, cada provincia mantiene su autoridad para establecer sus propias leyes y reglamentos en materia de tránsito. "Igualmente, la Secretaría de Transporte realizará normas y recomendaciones generales para la mejora del
sistema en todo el país y para la articulación entre distintas jurisdicciones", indicaron.
Cierre de Vialidad: la denuncia de los gremios
Según denunciaron los gremios, el cierre de la Vialidad Nacional implicaría el despido de más de 5.500 trabajadores y al menos 118 rutas nacionales a la deriva con más de 40 mil kilómetros que quedarán sin mantenimiento ni cobertura. Los conflictos y reclamos por la paralización de Vialidad Nacional se dan desde el inicio de la gestión Javier Milei.
Incluso desde las gobernaciones le pidieron a Vialidad Nacional que entregue las rutas nacionales con concesiones cerradas y arreglos terminados, pero en pocas ocasiones llegaron a acuerdos con Nación. De hecho, fueron dos los gobernadores que llevaron a la dirección nacional a la Justicia federal: Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, y Alberto Weretilneck, de Río Negro.
Según explicaron desde el Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), el Gobierno es "responsable del genocidio en las rutas nacionales que está generando y este decreto lo ratifica". La secretaria general del gremio, Graciela Aleñá, acusó al presidente Javier Milei y al ministro de Deregulación, Federico Sturzenegger, de provocar "Rutas Nacionales de la Muerte" al desmantelar un organismo clave para su mantenimiento". Y remató: "Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas, es una vergüenza. Mienten con nuestras funciones y está armado para hacer negocios".
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