La devastación avanza con la velocidad de la urgencia. Necesitado de dólares para abastecer el nuevo ciclo de deuda, timba y fuga del ministro Luis Toto Caputo, el gobierno pasa la motosierra sobre la ciencia, la industria y toda actividad productiva que compita contra la valorización financiera, corazón y objetivo del remanido modelo económico en curso. Los números exhiben con frialdad estadística dramáticas historias de vida: 13.111 empresas cerradas, 219.670 empleos perdidos, salarios científicos un 34,7% por debajo de noviembre de 2023. El colapso industrial y científico de la Argentina no es un daño colateral. Es la ejecución de un plan criminal.
La demolición
La economía real lleva un año y medio en caída libre. Entre noviembre de 2023 y febrero de 2025 desaparecieron 13.111 empresas formales, según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). El 99,7% de ellas eran PyMEs de hasta 500 trabajadores. Mientras tanto, la capacidad instalada de la industria permanece en un lánguido 54,4%, según datos publicados el jueves por el INDEC.
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La producción está “a media máquina”, con sectores funcionando incluso por debajo del 50%. Las ramas más afectadas: textil (41%), caucho y plástico (42%), automotriz (48,9%), edición e impresión (48,9%). Solo refinación de petróleo se destaca (76%), impulsada por Vaca Muerta.
La destrucción de empleo sigue la misma curva descendente: 219.670 puestos de trabajo esfumados en apenas 15 meses, según cifras del CEPA. El transporte y almacenamiento lidera la debacle con 3.321 empleadores menos, seguido por el comercio mayorista y minorista con 1.869 empresas evaporadas, de acuerdo al informe del CEPA. La construcción, un termómetro infalible de la economía real, perdió 1.804 unidades productivas. Pero el dato más revelador es la pérdida de 1.671 empresas en el sector de servicios profesionales, científicos y técnicos, un reflejo del vaciamiento que se consolida en todos los ámbitos del conocimiento.
Futuro quemado
Si el panorama industrial es desolador, el científico es apocalíptico. El Conicet sangra talentos: 1.291 trabajadores menos, con un 11% de personal administrativo expulsado, según los datos difundidos por ATE Conicet luego de un pedido de acceso a la información pública. Los científicos que aún resisten ven sus salarios hundirse un 34,7% en términos reales desde noviembre de 2023, de acuerdo al informe del Grupo EPC.
Leonardo Amarilla, investigador asistente del Conicet y profesor en la Universidad Nacional de Córdoba, encarna el drama de miles: después de 8 horas de trabajo científico, maneja Uber otras 6 horas diarias para llegar a fin de mes. "No doy más", confesó con una mezcla de rabia y resignación en declaraciones recogidas por la periodista Nora Bär para un contundente informe publicado en El Destape. Su historia se repite como eco maldito en cada laboratorio del país.
La catástrofe científica se expresa también en cifras: 4.148 empleos perdidos en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación desde el inicio de la gestión Milei, según un estudio del grupo Economía, Política y Ciencia (EPC), del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti). Solo el Conicet perdió 1.513 puestos de trabajo. Programas esenciales como Raíces (para repatriar científicos) están suspendidos, los contratos con las grandes editoriales científicas del mundo fueron cancelados, y los sistemas nacionales de grandes equipamientos científicos quedaron huérfanos, de acuerdo con el diagnóstico del Consejo Interuniversitario Nacional.
La fuga de cerebros 2.0
"Me vine con una gran tristeza, pero pensando en un crecimiento profesional", explicó Camila Neder, doctora en ciencias biológicas, desde Chile, donde hace un segundo posdoctorado después de abandonar el Instituto de Diversidad y Ecología Animal del Conicet. En el país trasandino gana el doble y, sobre todo, no vive con la angustia permanente de perder su trabajo.
Manuela Funes, formada en la Universidad Nacional de la Patagonia, ahora trabaja en el Instituto Español de Oceanografía. Como tantos otros, partió con la promesa de regresar, pero la realidad se impone. "Se padece el desarraigo", admitó con voz quebrada desde las Islas Baleares en su testimonio a El Destape.
Mientras el país expulsa a sus científicos, la reflexión de Itatí Ibañez, quien está por partir hacia Bélgica, resulta demoledora: "Me pregunto qué gana el país cuando se van los recursos humanos, sin pago alguno y estás perdiendo importantes capacidades que podrían aportar de diversas maneras. Pero claro, si considerás que la ciencia no sirve para nada, te estás sacando de encima una mala inversión".
No se trata de hechos aislados sino de un patrón. El desmantelamiento industrial y científico responde a un programa que considera costoso apostar por el futuro productivo mientras destina recursos a la “timba” financiera, un negocio para pocos que el Estado alimenta con endeudamiento, operaciones financieras ruinosas y atraso cambiario. La gula del equipo económico es tal que en ocasiones se empacha, como ocurrió esta semana: el Banco Central emitió una circular que endureció el cepo cambiario, alargando el plazo de acceso al dólar oficial para repago de deuda corporativa de 6 a 18 meses, luego de que bancos y otras corporaciones lanzaran un rulo con obligaciones negociables para fugar dólares. En principio, la entidad que preside Santiago Bausilli -socio de Caputo- había habilitado la operación debido a que, en los márgenes de la norma, le permitía intervenir en el mercado de dólar futuro. Pero la ventana de jugosa oportunidad habilitada por el Central propició un efecto Puerta 12 que obligó a apretar aún más el cepo para las personas jurídicas, para mantenerse en línea con lo prescripto por el Fondo Monetario Internacional. Un ejemplo de la manta corta que limita la voracidad de Caputo y su banda Anker: sin reservas ni inversiones de peso, el ministro se ve obligado a rapiñar en el mercado local con cebos que resultarán cada vez más onerosos.
Los costos se extienden desde el corto al largo plazo. Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos, estimó unas 25.000 pymes cerradas y 300.000 empleos perdidos durante el primer año de Javier Milei. "Y el panorama será aún peor si se profundizan los beneficios para la importación de productos terminados", presagió el empresario. Sonia González y Gisela Carrasco -dos costureras de la cooperativa que elabora, entre otras cosas, la marca de prendas Carpincho- definieron la apertrua importadora como una "acción criminal", que el gobierno ejecuta con el pretexto de bajar los precios. "Los precios no van a bajar -dijeron las trabajadoras-. Nunca vi un país que creciera abriendo las importaciones. Abrir las importaciones es destruir al país".
Nadie puede reprocharle al presidente que no avisó. Tanto en sus días de panelista como en campaña, Milei afirmó -palabras más o menos- que la Argentina no necesita de una matriz productiva diversificada, que puede sobrevivir como mero proveedor de materias primas y servicios básicos. Rancio pero coherente, el presidente ejecuta la restauración de un modelo agroexportador decimonónico en pleno siglo XXI, cuando hasta los países más liberales protegen con celo sus industrias estratégicas y su desarrollo científico.
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