El escándalo por los audios que expusieron supuestos pedidos de coimas a prestadores de discapacidad y el caso $LIBRA no son los únicos hechos que preocupan al gobierno de Javier Milei. Este lunes, el fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó la indagatoria del secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, y el diputado libertario Pablo Miguel Ansaloni por presunto abuso de autoridad, tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público, previstos en los artículos 248, 256 bis y 277 del Código Penal.
La causa, iniciada por una denuncia de José Voytenco, secretario general de UATRE, el 5 de febrero de 2025, acusa a los imputados de planear la intervención de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y su obra social, OSPRERA, para desplazar a sus autoridades electas. La investigación, a cargo del juez federal Sebastián Casanello, incluye peritajes, registros de llamadas y reuniones que evidencian un “acuerdo criminal” para controlar el sindicato. La Sala VI de la Cámara Nacional del Trabajo ya rechazó la intervención de UATRE por falta de fundamentos, defendiendo la libertad sindical. La causa avanza con nuevas pruebas, y no se descartan medidas adicionales.
La Fiscalía señaló que “teniendo en cuenta el resultado de la prueba producida durante la instrucción del expediente en ese sentido, considero que se encuentra reunido el grado de sospecha contemplado por el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación, motivo por el cual habré de requerir a V.S. que se convoque a prestar declaración indagatoria" a los sujetos anteriormente mencionados y además a Claudio Alberto Aquino, Director Nacional de Asociaciones Sindicales de la Secretaría de Trabajo; Marcelo Carlos Petroni, interventor de la Obra Social de Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina -OSPRERA-; Marcelo Agustín Andrada -ex Secretario General de la seccional La Plata de UATRE; y Aixa Laura Petriati -ex Subdelegada por la provincia de Buenos Aires de UATRE.
El requerimiento detalla que, tras la derrota de Ansaloni en las elecciones sindicales de 2022, se habrían sucedido una serie de maniobras para tomar el control de la UATRE y su obra social. Entre ellas, la imposición de una intervención en OSPRERA, la designación de allegados en cargos clave y la celebración de contratos por servicios no prestados, que habrían perjudicado el patrimonio de la entidad.
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Mientras que Petroni está bajo escrutinio por contratar, desde OSPRERA, a Sergio Aguirre, titular de HTECH INNOVATION SA y socio de la familia Menem, mediante dos facturas (números 1 y 2) emitidas el 6 de noviembre de 2024 por “servicios profesionales” y “asesoría estratégica”, por un total de 48 millones de pesos. Este hecho, reportado recientemente, refuerza las sospechas de irregularidades en la gestión de OSPRERA y posibles vínculos con intereses políticos.
En su dictamen, el fiscal Marijuan sostuvo que la prueba reunida “permite tener por acreditada la hipótesis delictiva denunciada, corroborándose las relaciones y el rol que tuviera cada una de las personas cuya indagatoria aquí se solicita”. El dictamen subraya que los implicados “sacando provecho de los cargos e influencias que tuvieran dentro del ámbito de la función pública y como representantes sindicales, manteniendo diferentes reuniones y conversaciones, fueron gestando y ejecutando el acuerdo criminal dirigido a lograr la intervención judicial de la UATRE”.
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Según señaló el fiscal Marijuan en el escrito, el denunciante sostuvo “que aproximadamente desde fines del año 2024 Marcelo Andrada, Pablo Ansaloni y Aixa Petriati, invocando tener influencias en dependencias de la Secretaría de Trabajo y en el Poder Judicial de la Nación, habrían anunciado públicamente en distintos ámbitos que lograrían la intervención de la UATRE, haciendo circular un borrador de un dictamen del Director Nacional de Asociaciones Sindicales en el que se solicitaba la intervención del sindicato. Inicialmente en UATRE no se le otorgó importancia, ya que el borrador exponía hechos falsos donde se citaban expedientes administrativos resueltos”.
“Al mismo tiempo, explicó el denunciante que el Director Nacional no posee competencia ni facultades para emitir un dictamen. Sin embargo, el 29 de enero del año en curso desde la Dirección de Asociaciones de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano se firmó el dictamen referenciado, mediante el cual se solicitó la intervención judicial del sindicato UATRE”, agrega el escrito dirigido al juez.
De acuerdo al pedido, el análisis de la agenda telefónica de Petroni reveló frecuentes comunicaciones con Ansaloni, Cordero y Petriati, así como referencias a reuniones con otros funcionarios, entre ellos el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. En febrero de este año, durante un allanamiento en la sede de OSPRERA, se secuestró el celular de Petroni. El análisis de sus comunicaciones reveló mensajes clave: “Avisale a Lule”; “Esto lo tienen que saber Martín y Lule”; “Nadie más que los Menem está impulsando la intervención de UATRE. Me consta” y “Nosotros somos Lule, nosotros somos Karina”.
La investigación también documentó reuniones en la Secretaría de Trabajo y en la sede de OSPRERA, así como la participación de los imputados en audiencias oficiales. Los registros muestran que Ansaloni ingresó en siete ocasiones a la Secretaría de Trabajo entre agosto de 2024 y enero de 2025, mientras que Petriati y Andrada también mantuvieron reuniones con funcionarios del área.
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