La Plaza de Mayo volvió a ser escenario de una jornada histórica. No solo por la magnitud de la convocatoria —que según los organizadores alcanzó el millón de personas—, sino por el contexto en el que se desarrolló. Desde temprano, el gobierno de Javier Milei desplegó un operativo que recordó a los momentos más oscuros de la democracia argentina: retenes en rutas, requisas arbitrarias, amenazas con el protocolo antipiquetes y hasta la confección de listas negras de manifestantes.
Sin embargo, nada pudo frenar la marea humana que llegó desde todos los rincones del país. Micros desde Santa Cruz, Córdoba, San Luis, Río Negro y Neuquén desafiaron los retenes de Gendarmería que los pararon "tres veces en 300 kilómetros", como denunció una militante que viajó desde Mendoza. Los efectivos no solo demoraban a los manifestantes: filmaban, fotografiaban listas de pasajeros y requisaban vehículos en una operatoria que evocaba los peores momentos del terrorismo de Estado.
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"Nos tienen encapsulados tanto la Gendarmería como la Policía de San Luis", relató una mujer desde un micro en Villa Mercedes, mientras el vocero presidencial Manuel Adorni amenazaba con aplicar el protocolo antipiquetes y el jefe de Gabinete Guillermo Francos justificaba las requisas hablando de "listas de agitadores". Un lenguaje que no es novedoso: es el que suele utilizar el poder que se siente acorralado por su propio fracaso.
La multitudinaria movilización no solo fue una respuesta a la condena judicial contra Cristina Kirchner —esa maniobra jurídica que ni siquiera los más entusiastas defensores del lawfare pueden defender con argumentos sólidos—, sino también una expresión del hartazgo social ante un modelo económico que, como dijo la propia ex presidenta, "se cae porque es insostenible en términos económicos. Tiene vencimiento como el yogur".
El mensaje literal y gestual fue potente: Cristina habló desde su prisión domiciliaria —con restricciones que no se le imponen ni a los genocidas—, mientras una multitud puso el cuerpo llenando la plaza histórica donde nacieron los movimientos populares más importantes de la Argentina. En su mensaje, la líder del principal partido de la oposición lanzó un mensaje que fue tanto diagnóstico como pronóstico: "No me dejan competir porque saben que pierden".
La frase condensó el núcleo de lo que está ocurriendo en la Argentina. Un poder económico concentrado que, ante la evidencia de que su modelo es económicamente inviable y socialmente explosivo, recurre al aparato judicial y represivo para intentar disciplinar a una sociedad que empieza a rebelarse frente al plan de estabilización por inanición.
El despliegue represivo previo a la marcha anticipa el tratamiento que el gobierno propone frente al creciente malestar social. El decreto que Patricia Bullrich firmó junto a Milei un día antes de la movilización habilitó detenciones arbitrarias, retenes para evitar manifestaciones públicas, espionaje ilegal y la confección de listas negras. Todo en flagrante violación de la ley de Inteligencia Nacional y de compromisos internacionales que la Argentina había asumido después de ser sancionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por prácticas similares.
La respuesta popular, sin embargo, se sobrepuso a los aprietes con pasión y organización, el antídoto más efectivo contra la fragmentación que propicia la campaña oficialista. Desde temprano, militantes de todas las provincias comenzaron a concentrarse en las inmediaciones de la casa de Cristina y luego se trasladaron a la Plaza de Mayo. Estuvieron los gobernadores del peronismo, como Axel Kicillof, quien denunció la "violencia de la persecución". Estuvieron Máximo Kirchner, Sergio Massa, Juan Grabois y Guillermo Moreno, en gestos de unidad que no pasan inadvertidos. Estuvieron los sindicatos, aunque la CGT fuera "con reservas" y una "columna acotada", evidenciando las tensiones internas que el lawfare busca profundizar.
Y estuvieron, sobre todo, los militantes de base. Como Graciela, que llegó desde San Martín combinando tren, colectivo y subte, y que recordó cómo durante los gobiernos de Cristina "me iba de vacaciones, cambié el televisor, el coche dos veces", mientras que ahora "a veces nos duele el corazón decirle" a su hija de 15 años "que hay que esperar para ir a un McDonald's". Como Beatriz, la jubilada que viajó desde Río Negro para agradecer a quien le permitió jubilarse "algo que nunca hubiera imaginado antes". Como Claudio, que viajó 13 horas desde San Juan con la Asociación Civil 26 de julio y pidió "memoria por los años maravillosos que nos dio Cristina".
El mensaje de Cristina desde su confinamiento no dejó lugar a dudas sobre el carácter político y electoral de la convocatoria. "Vamos a volver pero con más sabiduría y con más unidad", dijo, y agregó: "Donde me toque estar, en la trinchera que sea, voy a seguir haciendo todo lo que está a mi alcance para estar con ustedes". Fue un llamado a la militancia, pero también una advertencia al poder: "Los que están asustados no somos nosotros, son ellos".
La jornada del miércoles 18 de junio demostró que la apuesta represiva del gobierno tiene límites. Que la sociedad argentina no está dispuesta a aceptar sin resistencia el retroceso institucional y económico que representa el modelo Milei-Bullrich. Y que, pese a las condenas judiciales, las listas negras y los retenes, la democracia argentina tiene anticuerpos suficientes para defenderse.
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