Tras la condena a la expresidenta Cristina Kirchner, el Tribunal Oral Federal y Criminal N° 4 ordenó este miércoles que el empresario Lázaro Báez sea trasladado de "inmediato" a una cárcel común para cumplir la condena de 10 años de prisión que le fue impuesta por lavado de dinero en la causa conocida como “la ruta del dinero K”.
El pedido de detención inmediata había sido presentado por el fiscal Abel Córdoba luego que la Corte dejara firme el fallo. De esta manera, los jueces Néstor Costabel, Ricardo Basílico y Fernando Canero ordenaron la "inmediata detención y/o captura a efectos del cumplimiento de la pena" con sentencia firme y su alojamiento "en una unidad dependiente del Servicio Penitenciario Federal".
"Se deberán adoptar las medidas necesarias para disponer su alojamiento en la unidad penitenciaria más adecuada a sus condiciones personales y cercana a su lugar de pertenencia, sin que se encuentre demostrada una situación excepcional que amerite contemplar el caso desde otra perspectiva conforme las consideraciones expuestas", sostuvieron los jueces. Báez estaba bajo arresto domiciliario desde septiembre del año pasado en su casa de Santa Cruz por otra causa penal también por lavado de activos vinculada a la compraventa del campo uruguayo El Entrevero.
En mayo de este año, el fallo del máximo tribunal tornó definitiva la sentencia para el dueño de "Austral Construcciones" por maniobras de lavado por más de 55 millones de dólares entre 2010 y 2013, a través de una estructura financiera y societaria que incluyó operaciones en el país y el exterior, y que cobró notoriedad pública tras la difusión en 2016 del video de “La Rosadita”, donde se lo veía a su hijo contando fajos de billetes.
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La resolución fue firmada por los ministros Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti (los mismos que proscribieron a Cristina), junto con los conjueces Mariano Lozano y Luis Ramón González, quienes aplicaron el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que permite desestimar planteos sin necesidad de fundamentarlos. Carlos Rosenkrantz votó en disidencia, al entender que correspondía la intervención de la Procuración General.
El fallo también ratificó las condenas de otros imputados como Martín Báez (seis años y medio), Jorge Chueco, Daniel Pérez Gadín (seis años cada uno), Julio Mendoza (cinco años) y Leonardo Fariña (tres años y medio), entre otros. En total, fueron 22 personas condenadas, aunque las hijas de Báez resultaron absueltas por falta de prueba de su participación en los hechos.
El hijo del empresario Martín Antonio Báez fue condenado a la pena 9 años de prisión por considerarlo responsable lavado de activos agravado en carácter de coautor. Leonardo Fariña a la pena de cinco años de prisión por considerarlo penalmente responsable de lavado de activos en carácter de coautor.
La defensa de Cristina Kirchner pidió arresto domiciliario y sin tobillera
Luego del fallo contra la exmandataria Cristina Kirchner, la defensa presentó un pedido a la justicia en la que solicita que la condena se cumpla en prisión domiciliaria y sin tobillera electrónica. En tanto, la fiscalía insiste en su inmediata detención.
Según el escrito de 13 carillas que presentaron los abogados de la actual presidenta del Partido Justicialista, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy- al que accedió El Destape- se solicitó al Tribunal Oral Federal 2 que disponga de manera directa el arresto domiciliario de la expresidenta en San José 1111, donde vive actualmente con su hija Florencia, informaron fuentes judiciales “En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria”, sostuvieron sus abogados.
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Plantear la detención en una cárcel común ”de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, agregaron los letrados. El pedido de prisión domiciliaria de la defensa se alude a la edad de Cristina Kirchner, quien tiene 72 años, además de riesgos para su seguridad en base al atentado que sufrió en septiembre de 2022 y su condición de ex presidenta.
El eventual traslado a una cárcel de una ex vicepresidenta derivaría por necesidad de seguridad en un “régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal”. Por ello se pidió el arresto domiciliario sin tobillera electrónica, considerando que tiene custodia las 24 horas y es “completamente innecesario”, aunque el uso de este dispositivo electrónico está previsto en la Ley de Ejecución Penal.
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