La Provincia de Buenos Aires dio un nuevo paso en la lucha por el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, y aprobó la ley que actualiza el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM). Esta reforma busca mejorar la eficacia del sistema y fortalecer los derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA), al tiempo que promueve la equidad de género en el acceso a la justicia.
En 2022, el Ministerio de las Mujeres y Diversidad provincial publicó el informe "Incumplimiento de la obligación alimentaria en la Provincia de Buenos Aires: un problema estructural que profundiza las desigualdades de género". Este documento evidenció los obstáculos judiciales que impedían la correcta determinación y cobro de la obligación alimentaria, afectando principalmente a mujeres que sostienen hogares monomarentales.
A partir de este diagnóstico, en diciembre de 2024 se aprobó por unanimidad en ambas cámaras la ley provincial N° 15.513, que estableció modificaciones iniciales para garantizar el acceso efectivo a la cuota alimentaria. Como continuación de este proceso, la nueva actualización del RDAM introduce cambios sustanciales para agilizar su aplicación y reforzar el cumplimiento de las responsabilidades alimentarias.
Un registro más eficiente y con mayores sanciones
El RDAM, vigente desde la sanción de la ley provincial Nº 13.074, tiene como propósito inscribir a quienes incumplan con el pago de la cuota alimentaria. Con la reforma aprobada, se introducen modificaciones significativas, como la inscripción desde el primer incumplimiento, por la cual se elimina la exigencia de tres incumplimientos consecutivos o cinco alternados para ingresar al registro. Ahora, la inscripción se realizará tras el primer incumplimiento, ya sea de alimentos definitivos o provisorios.
También, la ampliación de la responsabilidad, para que además de los progenitores deudores, se podrá incluir a empleadores y acreedores que, tras ser intimados por la justicia, no cumplan con el pago, en conformidad con el Código Civil y Comercial. Nuevas sanciones y restricciones, que establecen la suspensión de habilitaciones comerciales e industriales para los deudores, con excepciones temporales para quienes demuestren que su actividad es su única fuente de ingresos, siempre bajo la condición de regularizar la deuda. También se prohíbe la inscripción en el Registro Central de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos.
Finalmente, el libre deuda obligatorio para acceder a cargos públicos, judiciales y electivos, se exigirá un certificado de libre deuda del RDAM. En caso de adeudar pagos, se informará al Poder Judicial para proceder con embargos sobre los ingresos formales.
La modernización del RDAM representa un avance en la protección de los derechos de los NNA, y en la reducción de las desigualdades estructurales que afectan a las mujeres y familias monoparentales que dependen de estas políticas para sostener a su familia.
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